Figura de Área Natural Protegida debe integrar a comunidades presentes en estos territorios

Una ANP es una zona definida geográficamente, regulada y administrada para el cuidado y la conservación. Su importancia suele estar relacionada con su oferta de beneficios y servicios ecosistémicos cruciales para la vida, como la garantía del agua o la permanencia de especies vegetales y animales.

Estas zonas son declaradas por autoridades como las Corporaciones Autónomas Regionales y se pueden clasificar, entre otras, como Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras Nacionales y Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI). Precisamente esta última fue parte del objeto de estudio de Yuliana Garcés Arboleda, magíster en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

La investigadora trabajó en el DRMI Cuchilla Jardín Támesis, ubicado entre los municipios de Jardín, Támesis, Caramanta, Andes y Jericó (Antioquia). “Desde su creación en 2009 esta ANP ha causado incomodidad social, en especial por las limitaciones que empezaron sobre las actividades productivas, lo que ha impactado a quienes habitan el territorio y cultivaban café o plátano, entre otros productos”, relata.

Así mismo, por tratarse de un territorio destinado a la conservación, en 2002 inició un proceso de especulación que llevó a que personas foráneas compraran grandes terrenos desplazando a los campesinos que consideraron que las medidas de conservación no les permitirían trabajar la tierra de forma tradicional.

“Esto también lo aprovecharon empresas turísticas y aquellas dedicadas a monocultivos de pino, eucalipto, gulupa y aguacate, y los resultados fueron cambios en el valor de la tierra, capitalización de la naturaleza y transformación en las formas de ocupar el territorio”, amplía.

Pese a esto, la revisión bibliográfica, los recorridos de campo y las entrevistas le permitieron encontrar que en el sitio –como ocurre en otras zonas del país como Caldas, y del mundo, como México y España– aún hay campesinos en las ANP, amantes de la naturaleza y que obtienen de ella sustento económico, varios de ellos dispuestos incluso a quedarse e implementar prácticas como la disminución en el uso de agrotóxicos.

“Aunque es cierto que en Colombia hay una fase en el proceso de declaratoria que busca la participación de la comunidad, no suele ser efectiva ni se permiten negociaciones o acuerdos sobre el uso de la tierra. Por el contrario, se termina en sanciones injustificadas que no concuerdan con las dinámicas sociales propias del territorio”, añade la investigadora.

En ese sentido, tras conocer de cerca este caso y otros, mediante estudios de distintos autores, la magíster Garcés afirma que lo ideal sería no seguir pensando que para garantizar el cuidado de la naturaleza, ella y ser humano deben estar separados.

“Existen formas de subsistencia que sí pueden convivir con modelos de conservación, a gran escala y largo plazo. Ese es el enfoque de los sistemas socio-ecológicos. Las entidades pueden acompañar a las poblaciones, fomentar la educación ambiental y los procesos agroecológicos destinando recursos específicos para ello”, considera la magíster.

Así mismo, esta propuesta incluye la conformación de mesas de trabajo especiales desde las que se haga seguimiento al área protegida, así como censos locales, pues “también es importante censar de forma adecuada; por ejemplo, en nuestro trabajo de campo evidenciamos que muchas personas habitan estas zonas y necesitan atención y ser escuchadas para llegar a acuerdos y no terminar afectados de forma radical”.

Por último, señala que es importante comprender que en las ANP existen múltiples formas humanas de habitar los territorios, y que esto se debe reflejar en los procesos de declaratoria. Así mismo, propone que desde las administraciones se establezcan estrategias de gobernanza que promuevan el diálogo con los distintos actores, con el fin de incentivar una conservación de la naturaleza con las personas.