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Política y Sociedad

Desplazamiento forzado se propondrá como macroproceso en la JEP

    El Grupo de Análisis de Información inició un examen para hacer una moción a la Sala de Reconocimiento a fin de que se abra un macroproceso dedicado al desplazamiento forzado en Colombia, anunció Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

     

    El anuncio se hizo durante el Ciclo de Webinars “Hablemos de la implementación de los Acuerdos de Paz”, organizado por el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en el que se hizo un balance del Sistema Integral de VerdadJusticiaReparación y No Repetición, del cual forman parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas (UBPD).

    Para el jurista, una de las lecciones más importantes desde la firma del Acuerdo Final de Paz es que la ciudadanía aún no se ha apropiado del Sistema Integrado, de sus funciones, ni de la implementación del proceso de paz.

    Durante su intervención, Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, manifestó que a la fecha tienen alrededor de 16.300 testimonios, además de incontables documentos, y trabajan con 965 organizaciones en 27 lugares del país, y recalcó que de la Comisión no se debe esperar una verdad final ni estatal.

    Señaló además que dos grandes enseñanzas de este proceso es que el perdón es una acción libre que no se le puede obligar a nadie, y que este nunca se puede convertir en un acto utilizado en política, no se puede usar a las víctimas, “para ellas el más absoluto respeto, la escucha y acoger su realidad profunda”.

    Por su parte Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, afirmó que este es uno de los mecanismos menos conocidos del Sistema Integral, y recalcó que su finalidad es suplir esa deuda histórica de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado, que apenas fue tipificada como delito en 2000. “El modelo judicial es insuficiente; en el país hay cerca de 100.000 personas desaparecidas, pero no solo desaparecidos forzados, sino también secuestrados, reclutados, combatientes guerrilleros y paramilitares, militares a los que por el proceso administrativo se les declaro muertos, pero no encontraron los cuerpos, etc.”. Así mismo reiteró que su labor no es determinar si hubo delito o quién lo cometió, sino encontrar a las personas buscadas por sus seres queridos.

    Actualmente la UBDP trabaja con 23 equipos. Una de las experiencias que recuerda la directora Monzón es con excombatientes de las FARC en el Caquetá, que luego de confirmar la confidencialidad decidieron revelar el lugar de al menos tres personas. “Ahí les explicamos que no solo era darle los cuerpos a las víctimas, que ellas necesitan saber qué pasó con si ser querido antes de que llegara a ese lugar”.