Acuerdo de Escazú, prioridad de los precandidatos a la Presidencia

El Debate Ambiental sobre política minero-energética y crisis ambiental en Colombia fue organizado por el Movimiento Nacional Ambiental, la Alianza Colombia libre de Fracking, la Federación de Medios Comunitarios de Colombia, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes (Cider) y el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UNAL.

Por el Pacto Histórico estuvieron: Francia Márquez, Arelis Uriana, Gustavo Petro y Camilo Romero. Desde la Coalición Centro Esperanza: Jorge Robledo, Carlos Amaya, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán; y por Colombia Renaciente, Luis Gilberto Murillo. Este fue conducido por la periodista y politóloga María Jimena Duzán.

En relación con la violencia contra liderazgos y la democracia ambiental, los precandidatos coincidieron en señalar que ratificar el Acuerdo de Escazú significa dar un paso muy positivo para asegurar un desarrollo sostenible, basado en un enfoque de derechos humanos, de justicia social y de participación ciudadana.

Juan Manuel Galán, precandidato del Nuevo Liberalismo, señaló que “se trata de una prioridad, ya que el Acuerdo permite proteger a los líderes ambientales asesinados y garantizar el acceso a la información”.

Arelis Uriana, precandidata presidencial de Movimiento MAIS, firmó que “aunque el punto 7 numeral 15 garantiza derechos especiales para indígenas y locales, es esencial que aspectos como las consultas previas incluyan a todos los colombianos”.

A su turno, Luis Gilberto Murillo manifestó que “es una enorme contradicción que en un país megadiverso como Colombia se asesine a quienes defienden el ambiente y el territorio”. Destacó que 5 años después de creada, la Comisión de Garantías de Seguridad, definida en el Acuerdo Final de Paz, ni siquiera sesiona. “Globalmente, Colombia debe mandar el mensaje de que aquí se protege la vida de los líderes sociales, de los líderes ambientales”.

Según Francia Márquez “las consultas populares son una herramienta de defensa del territorio por parte de los ciudadanos en las regiones, que no pueden seguir estigmatizándose”.

Agregó que, “los contratos de concesión minera incluyen cláusulas de seguridad jurídica para las empresas, y cuando la comunidad exige mediante tutelas, por ejemplo, las empresas demandan al Estado”.

En la misma línea se expresó Carlos Amaya, quien aseveró que “en las consultas previas la prioridad son las comunidades étnicas, pero también las campesinas, es esencial que las audiencias públicas tengan capacidad vinculante”.

A su turno, el precandidato Jorge Enrique Robledo afirmó que “el asesinato de 170 líderes sociales, varios de ellos ambientales, entre 2021 y lo que va de 2022, evidencia que el país se ha convertido en un mar de violencia”, y advirtió que “aunque el Acuerdo de Escazú es una prioridad, para que Colombia forme parte del grupo de países que lo han ratificado (22 hasta el momento) tener las mayorías en el Congreso de la República es esencial”.

El precandidato Sergio Fajardo dijo que “vamos a apoyar, respetar y acompañar las consultas previas y las consultas populares. La licencia ambiental y social es una obligación. El Gobierno no puede atropellar a las comunidades sino acompañarlas, solo así será posible el desarrollo del país”.

Para Gustavo Petro, ser presidente en este momento implica asumir un liderazgo mundial, “si todos los presidentes pensaran que como su fracción de misiones es pequeña no se hace nada, la humanidad desaparece, y esta es una idea que hay revertir”.

En su opinión, “hay que pensar en un liderazgo de Colombia como potencia mundial de la vida que es; el país gana en ese propósito de una economía descarbonizada, lo cual se traduciría en un empoderamiento popular o democracia ambiental”.

Según Camilo Romero, “en términos de justicia ambiental, lo que debería hacer el Estado es garantizar el derecho a la vida, este tiene la obligación de defender el territorio”.

Megaproyectos minero-energéticos

Con respecto a la pregunta: ¿cuál es la política que aplicarán ustedes para afrontar los megaproyectos que ya están aprobados? las respuestas abarcaron temas como detener la lógica extractivista y transformarla por una que cumpla requisitos democráticos, por una lógica productiva que permita diversificar la economía y, de paso, mejorar el bienestar de los colombianos.

También, por combatir las estructuras criminales que están produciendo deforestación, acumulación de tierras, narcotráfico, etc.; de igual manera, ordenar el territorio a través del agua, lo cual negaría la realización del fracking y de proyectos mineros en páramos, entre otros.

Los precandidatos también indicaron que prohibirían las fumigaciones aéreas con glifosato y los plásticos de un solo uso, y además establecerían políticas que garanticen el agua como derecho fundamental.

Para ver el debate de nuevo, puede hacerlo aquí.