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Derecho penal le sigue fallando a los casos de feminicidio

Las medidas basadas en el castigo y la represión no son suficientes para erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual se ve reflejado en un alto índice de feminicidios en el país, situación que reclama un enfoque educativo para promover la formación desde la moralidad que incentive la sensibilidad, el respeto, la igualdad y el reconocimiento del otro como ser humano.

Bogotá D. C., 25 de mayo de 2021Agencia de Noticias UN-

Más allá del castigo que aplica el derecho penal, es necesario atacar las cuestiones estructurales de las causas del feminicidio. Fotos: archivo Unimedios.

La propuesta del enfoque educativo señala que las bases se deben fundamentar en el respeto y el reconocimiento del otro.

El propósito es que se erradique la utilización exclusiva de mecanismos punitivos dedicados al castigo que no muestran resultados.

Según informes del Inpec, hasta 2019 había 915 personas privadas de la libertad por feminicidio en el país.

Las cifras de casos reales de violencia contra las mujeres no se pueden determinar. Los informes oficiales son aproximaciones.

A estas conclusiones llegó la abogada Mariluz Basante Urbano, magíster en Derecho con especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, tras estudiar la construcción del discurso penal sobre el feminicidio, con base en la Ley 1761 del 6 de julio de 2015, o Ley Rosa Elvira Cely.

Aunque uno de los objetivos de esta ley es prevenir y erradicar dichas violencias, el número de feminicidios reportado en Colombia en el periodo 2017-2019 –estudiado en este trabajo– demuestran que en el país en el alto índice de violencia contra las mujeres no ha disminuido.

Según informes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de las 915 personas que se encontraban privadas de la libertad por feminicidio para ese periodo, 323 eran sindicadas y 592 estaban condenadas. Sin embargo esto no representa los casos y las conductas delictivas reales, sino que son una aproximación.

Las cifras de los reportes dados por la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Observatorio de Feminicidios en Colombia cuestionan la verdadera finalidad del derecho penal, pues la política criminal aplicada hoy es la del castigo y la represión mediante al aumento de sanciones punitivas como penas o medidas de aseguramiento.

Por eso la abogada Basante realizó su estudio sobre los efectos que tiene esta ley frente al feminicidio, para evidenciar “el fracaso del derecho penal para resolver fenómenos estructurales y sociales, a través del uso exclusivo del poder punitivo como primera medida”.

Agrega que “erróneamente se le ha atribuido a este un carácter preventivo a partir de la implementación de políticas criminales dedicadas al castigo y a la represión, mas no a la prevención y erradicación de dichas violencias, a la que se aspiró con la Ley 1761 de 2015”.

Enfoque educativo

El estudio –dirigido por el profesor Omar Huertas Díaz, de la UNAL Sede Bogotá– concluyó que aunque la creación de la figura del feminicidio a través de la Ley 1761 fue un avance importante contra las manifestaciones de violencia contra la mujer, desafortunadamente los castigos que impone el Estado no enfrentan los factores que desencadenan este fenómeno, el cual es estructural.

“A partir del análisis crítico se precisa la insuficiencia del derecho penal –al cual se le adjudica un papel de transformador de costumbres, estereotipos y prejuicios que ponen en desventaja– por no cumplir con el rol socialmente asignado y perpetuar el sistema de dominación”, señala la abogada Basante.

Por tal motivo se propone implementar la educación –desde la familia y la escuela– a partir de un discurso alternativo que permita adecuarse como mecanismo de prevención de la violencia contra la mujer, para evitar el feminicidio como máxima expresión de esta.

Análisis crítico del discurso

Para realizar este estudio se hizo un análisis documental de literatura jurídica frente al tema, recolectando información que diera cuenta del estado del feminicidio en Colombia. Así se establecieron los principales debates desde el discurso alrededor de este fenómeno, para ampliar la perspectiva de trabajo y proponer una solución estructural.

Por otro lado, se hizo una búsqueda de datos y cifras estadísticas para analizar y calcular el número de feminicidios desatados en el país entre 2017 y 2019. La metodología aplicada fue la “investigación lege ferenda”, la cual se dirige a criticar la solución normativa vigente y a propugnar (apoyar) su reemplazo, enmienda o complementación por otra norma aún no vigente.

Además se empleó el análisis crítico del discurso (ACD) como herramienta para analizar el lenguaje –oral o escrito– que permitiera adoptar una postura cuestionadora en relación con la realidad de los contextos sociales y políticos que evidencian el abuso del poder y la desigualdad por parte de los hombres.

Este estudio responde a una necesidad de proponer la implementación de medidas alternativas que prescindan del uso exclusivo del castigo. En este caso, la educación sería ese discurso alternativo que serviría como mecanismo de prevención y erradicación de la violencia, y por ende del feminicidio en el país.

“Lo anterior con herramientas que generen un cambio en las costumbres socioculturales tendientes a reproducir un problema estructural de desigualdad de poderes entre hombres y mujeres y la perspectiva psicológica de inferioridad de la mujer”, explica la abogada Basante.

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(Por: fin/PAGA/MLA/LOF
)
N.° 998

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