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Evaluación de políticas públicas no mejora eficiencia del Estado

Las entidades estatales gastan miles de millones de pesos en evaluación, pero la información que realmente se utiliza para mejorar las políticas públicas es muy escasa.

Bogotá D. C., 09 de abril de 2021Agencia de Noticias UN-

Las políticas públicas son los proyectos y actividades que un Gobierno diseña y gestiona para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Fotos: Unimedios.

Estas políticas se deben evaluar a partir de su uso para tomar decisiones.

Las evaluaciones generarían que el impacto de las políticas públicas diera una mejor garantía de los derechos a la población.

No solo con calidad en los estudios se genera una efectividad de la evaluación y un uso racional de los recursos públicos.

Las relaciones de poder entre las entidades y los evaluadores de políticas dificultan la efectividad de estos procesos.

Así lo explica el politólogo Sergio Iván Martínez Porras, doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, quien encontró que los indicadores para valorar los procesos de evaluación de las políticas públicas son poco útiles y le hacen “trampa” a sus resultados y a la posibilidad de mejorar las políticas del Estado.

El conocimiento tecnocrático (científico relacionado con el poder político), que es producido al interior del Estado, muchas veces no se utiliza ni sirve para lo que se supone que debe servir, advierte el investigador.

Señala además que por eso entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) miden la efectividad de su política a partir del número de personas que ingresan a la página de internet o del número de descargas, por ejemplo, y no se miden a partir del objetivo que tienen legalmente: producir información para tomar decisiones orientadas a mejorar las políticas públicas.

Por otro lado, algunas entidades públicas terminan determinando de manera directa las conclusiones, los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones debido a la relación de poder y económica que se establecen con el evaluador, que por lo regular son firmas de consultoría contratadas por el Estado para este fin.

En su investigación, el politólogo Martínez identificó estas problemáticas al ver la gran cantidad de recomendaciones y conclusiones que se diseñan no para fortalecer la toma de decisiones sino para justificar las que ya han sido tomadas, perfilando la evaluación como un mecanismo de “legitimación artificial” de las políticas públicas.

“Así, lo único que se genera es un detrimento público que disfraza la política de técnica y científica, y que en últimas solo genera ineficiencia y despilfarro”, sostiene el investigador.

En su estudio, dirigido por el profesor André-Noël Roth Deubel de la UNAL Sede Bogotá, observó los factores que determinan la efectividad de los procesos de evaluación de las políticas, es decir la utilización de la información producida para la toma de decisiones.

El principal producto de toda evaluación son sus conclusiones y recomendaciones, las cuales se deben usar de manera efectiva. “Este uso introduce el conocimiento de la evaluación en el rango de posibilidades de los decisores de políticas públicas, que tengan nuevas opciones y que si la decisión que sugiere la evaluación está suficientemente argumentada sea seleccionada”, señala el politólogo Martínez.

Perspectiva racionalista

Tras comparar varios estudios de caso se evidenció una tendencia dentro de los desarrollos institucionales alrededor de la evaluación de políticas públicas orientadas hacia una perspectiva racionalista, es decir, supone que los involucrados en estos procesos son actores racionales que van a utilizar la información para maximizar la consecución de sus objetivos.

A propósito, el politólogo Martínez dice que “ese supuesto también implica que solo necesitamos información de calidad para mejorar el uso de las evaluaciones, lo que en la vida real no está sucediendo”.

Otro hallazgo es que no importa tanto la calidad de la información como la coordinación entre el proceso de evaluación con la política pública a revisar. Dicha coordinación necesita que el evaluador involucre a los usuarios de la evaluación en el diseño de los métodos y las preguntas de investigación o indagando sobre sus necesidades, por ejemplo.

“Es necesario que se sientan involucrados, que se adapten a los demás actores y que tengan una disposición al cambio institucional”, enfatiza. Sobre esto último, encontró que las entidades no estaban abiertas al cambio institucional, pues ya tenían predefinidos los cursos de acción y las decisiones que iban a tomar antes de las evaluaciones.

Esta investigación hizo un análisis de desarrollo institucional con el enfoque Utilization Focused Evaluation (evaluación centrada en la utilización), que se complementó con varios de los postulados que ha generado la OCDE alrededor de los estándares que se deben implementar para usar esas evaluaciones.

Se hicieron ocho estudios de caso específicos de políticas públicas que fueron evaluadas por el DNP en conjunto con las entidades sectoriales: retornos y reubicaciones y prevención de contaminación del aire, entre otras, realizadas dos años antes de comenzar la investigación, y se aplicó un método comparado para analizarlas y sacar las conclusiones.

(Por: fin/PAGA/MLA/LOF
)
N.° 761

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