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Educación

Universidades, esenciales en proyectos de regalías

Con la reforma al Sistema General de Regalías (SGR) queda expuesto el papel que tienen las universidades para fortalecer los proyectos que necesitan los territorios y la unión entre academia, sociedad y empresa.

Bogotá D. C., 29 de marzo de 2021Agencia de Noticias UN-

Dentro de los beneficios que se derivan de la gestión del conocimiento de la investigación con regalías se destacan los proyectos que involucran los municipios PDET y la paz.

En el evento participaron Gustavo Buitrago, vicerrector de Investigación y Extensión; el senador Luis Fernando Velasco; Álvaro Ávila, director del SGR y Juan Sebastián Robledo, director de Innovación y Desarrollo Empresarial.

Los municipios sin capacidad de inversión se benefician porque las regalías solo se pueden usar para inversión, no para funcionamiento ni gasto recurrente.

La tarea de alcaldes y gobernadores es identificar en qué van a invertir sus regalías siempre y cuando haya una participación comunitaria.

En el agro sobresalen proyectos de regalías que se hacen desde las escuelas de agronomía, medicina veterinaria y zootecnia.

El profesor Gustavo Buitrago, vicerrector de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), explica que el SGR tiene como propósito central beneficiar a los territorios, es decir, superar necesidades o problemáticas de las regiones, y en ese contexto las universidades tienen un rol clave; por ejemplo, de 2018 a 2021 el número de universidades que participan en el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del SGR pasó de 26 a unas 47.

Agrega que “el rol de las universidades es movilizar y gestionar conocimiento para que en un diálogo de saberes se generen soluciones eficaces, efectivas y evidentes en esas problemáticas de los territorios, lo que las obliga tanto a estar atentas al SGR y sus reformas como a armonizar las agendas de proyectos de los territorios y viceversa”.

Durante el evento “Divulgación de la Ley 2056 de 2020” promovido por la Vicerrectoría de Investigación de la UNAL, el profesor Buitrago expresó que una de las cualidades de la reforma al SGR (Ley 2056 de 2020) es pasar de 1.152 a 8 Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), lo que reduciría la complejidad del proceso de gestión de los proyectos y la inclusión de la paz como ítem importante.

Además se refirió a la eliminación de la posibilidad de que dos instituciones se involucren en un mismo proyecto, ya que eso ha configurado complejidades especialmente cuando la interventoría recae en una institución diferente a la propia.

“Otro elemento es que mantiene recursos muy importantes, e incluso un pequeño incremento; a esos recursos para la protección del medioambiente, esas cualidades preliminares nos muestran que hay una reforma proactiva que busca que el beneficio que se derive de ese esfuerzo de país asociado al SGR se revierta a los territorios”, subrayó el vicerrector Buitrago.

Descentralización

En palabras del senador Luis Fernando Velasco, “el sistema era profundamente concentrado, lo manejaba una oficina en Planeación Nacional y se concentraba en 5 departamentos y 50 municipios, lo que generó incapacidades de los entes territoriales de administrar los proyectos, como escenarios deportivos que nunca se habían usado y hospitales sin médicos, en el pasado Gobierno se tomó la decisión de hacer una reforma que distribuyera las regalías a todo el país”.

Por su parte el abogado Álvaro Ávila, director del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP), recuerda que “el 52 % de las regalías se suelen invertir en el sector transporte, no está mal por el olvido de las vías terciaras y secundarias, pero es necesario fortalecer la educación pública”.

En ese sentido, el artículo 40 de la reforma incluye un parágrafo mediante el cual se destina un porcentaje no inferior al 5 % de las asignaciones a las regiones para financiar infraestructura o proyectos a mejorar la cobertura, permanencia y calidad de la educación superior pública.

Sobre el papel de las universidades, el economista Juan Sebastián Robledo, director de Innovación y Desarrollo Empresarial del DNP, explica que el 69 % de los proyectos aprobados han tenido como proponente a una universidad o a una de las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (ITTU), por lo que el reto es promover más alianzas dentro de cada proyecto entre sociedad, empresa y universidad.

El director Robledo indica que en la Ley 2056, el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación el porcentaje de asignación sube del 9,5 al 10 %, la asignación va a pasar de ser departamentalizada, es decir que cada departamento tiene un monto asignado, a una bolsa concursable nacional desde el 2022 en adelante, y una asignación del 2 % exclusiva para temas de ambiente y desarrollo sostenible.

Advierte que “aún hay retos por resolver, no necesariamente por medio de una ley, pero que mejorarían, por ejemplo, la forma en que funcionan los términos de referencia de las convocatorias para simplificar el proceso y hacerlo eficiente”.

(Por: fin/AMV/dmh/LOF
)
N.° 721

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