Voces de la resistencia campesina viven una violenta extinción en Arauca

El estudio de Jhonathan Ballesteros, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) e integrante del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Sede Orinoquia, evidencia que esta crisis ha dejado una huella profunda en un territorio marcado por la violencia, la estigmatización y los conflictos agrarios.

“Ambas asociaciones han trabajado fuertemente en la defensa de los campesinos, la tierra y el uso de prácticas agroecológicas. Sin embargo, lo han hecho en un contexto de conflicto donde han sido perseguidos, asesinados y desplazados por grupos armados estatales y no estatales”, sostiene el investigador.

El estudio revela que en los últimos años el liderazgo campesino ha sufrido una reducción significativa. Según los datos indagados, entre 2016 y 2022 la Defensoría del Pueblo registró 1.113 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país, con Arauca como una de las regiones más afectadas. La ONG Somos Defensores informó que en 2022 se perpetraron 13 asesinatos de líderes sociales en este departamento, además de múltiples amenazas y agresiones, y que en 2023 se registraron 8 casos, con Tame y Tumaco como los municipios con mayor número de homicidios en todo el país, con 6 casos.

Además, el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) revela que en lo corrido de 2025 se han denunciado en la zona 20 homicidios contra defensores, por lo que se podría decir que hoy Arauca sigue siendo una de las regiones más peligrosas para los líderes sociales en Colombia.

Con testimonios y entrevistas, el proyecto “Diseños institucionales: campesinado, conflicto y paz” ahondó en la situación de la organización campesina en el departamento e identificó que la estigmatización (señalamiento de los grupos armados de que los defensores de derechos humanos son simpatizantes de sus enemigos) tiene un importante peso en la región, donde confluyen diferentes estructuras al margen de la ley, lo que ha contribuido a su exterminio.

“Esta estigmatización ha sido esencial en el debilitamiento de la asociatividad de la comunidad. Los líderes campesinos han sido sistemáticamente perseguidos no solo por los grupos armados sino también por el Estado, lo que ha desvirtuado sus luchas y generado un clima de desconfianza en la región”, afirma el politólogo.

La raíz del conflicto agrario

La lucha campesina colombiana se remonta a la búsqueda de una reforma agraria que haga frente a la histórica desigualdad en la tenencia de la tierra. Según la ONG Oxfam “el 1 % de la población en Colombia es dueña del 81 % del territorio, uno de los índices de inequidad más altos del mundo”.

En el departamento llanero, frontera con Venezuela, la colonización de la región del Sarare en los años 60, impulsada por el Gobierno nacional, agravó los problemas de acceso y uso de la tierra generando tensiones entre los campesinos colonos y los nuevos latifundios. En este contexto, los campesinos luchaban por asentarse y defender sus tierras frente a la expansión de los grandes propietarios y las empresas petroleras que empezaron a llegar a partir de la década de 1980.

“Los campesinos y las comunidades indígenas argumentan que la explotación petrolera contamina sus fuentes de agua y destruye su entorno natural, afectando su salud y bienestar”, comenta el politólogo de la UNAL.

Esta situación se agudizó con la llegada de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1978 y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1980, a los que se sumó la incursión de paramilitares a finales de 1990, que afectó profundamente a las organizaciones sociales y a las comunidades campesinas.

El conflicto en Arauca también ha afectado el tejido social y la confianza entre los campesinos. “Antes de 2011 la ACA y Asonalca tenían un liderazgo sólido en la región. Sin embargo, tras años de conflicto, una gran parte de los líderes han sido asesinados o desplazados. Hoy hablar de liderazgo campesino en Arauca es hablar de supervivencia, pues los resultados del estudio reflejan una fractura profunda en el movimiento campesino”, agrega el politólogo Ballesteros.

El movimiento campesino busca que el Estado les restituya sus derechos territoriales, violados a lo largo de la historia, lo que incluye la devolución de tierras despojadas por la violencia, la expansión de latifundios y la explotación de recursos naturales sin consentimiento, dada la ampliación petrolera.

Una paz incompleta

“Inicialmente nuestra investigación se centró en las políticas públicas derivadas del Acuerdo de Paz de 2016 sobre la reforma rural integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Arauca. Para ello realizamos caracterizamos el campesinado en la región, incluyendo sus organizaciones políticas, económicas y sociales”, explica la socióloga Vanessa Ortiz, docente de la UNAL.

Los resultados indican que dichas políticas han sido insuficientes para frenar la violencia. Los PDET, que debían impulsar una reforma agraria integral en zonas afectadas por el conflicto, no han tenido el impacto esperado. “Evaluando cómo estas políticas han afectado al campesinado araucano, notamos que el acceso a la tierra sigue siendo un problema y que la violencia no ha cesado”, señala el politólogo Ballesteros.

“En la actualidad Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca capital son tres de los municipios más afectados por el conflicto armado y no fueron incluidos en el PDET, lo que ha generado sentimientos de exclusión y desigualdad; en Cravo Norte, por ejemplo, es donde se están disputando actualmente el territorio el ELN y las disidencias de las FARC”, añade la docente de la UNAL.

El informe de la UNAL concluye con un llamado a visibilizar las luchas del campesinado araucano y a proteger a sus líderes de la violencia que amenaza con extinguir las organizaciones agrarias, pues el campesinado ha sido la columna vertebral de la economía rural en la región.