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Economía y Organizaciones

Regulación del servicio de transporte prestado por apps impide libre competencia

    Un vacío normativo para regular la prestación del servicio de transporte por medio de aplicaciones –como Uber, Beat, Didi y Cabify, entre otras– estaría limitando la libertad de empresa, la libre autonomía y la iniciativa privada, y, por defecto, la libre competencia.

    Según el abogado Edwin Nilson Quiñones Montaño, candidato a magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), el transporte urbano, además de ser una herramienta esencial para el desarrollo de derechos, es un importante potenciador económico y social que se debe prestar en condiciones de seguridad, comodidad y agilidad.

    El Estado está llamado a intervenir en la economía con el fin de remediar fallas en el mercado, promover el desarrollo social y económico, y además velar por el cumplimiento de las condiciones necesarias que garanticen la óptima prestación del servicio.

    El experto señala que "la normativa es necesaria como mecanismo para maximizar el costo-beneficio y actualizar la normativa del país, atendiendo las condiciones que establece la Ley 336 de 1996

    "Dentro de la posible regulación, se analizó la eficiencia, la eficacia y la maximización del costo-beneficio, […] y encontramos que cuando accedemos al servicio de transporte no nos satisface del todo y según lo establece la ley. Allí se determina que este se debe prestar en condiciones de seguridad, comodidad, accesibilidad, etc., que son requisitos esencialísimos y que en este momento no se están cumpliendo".

    Señaló además que "en la investigación se encontró que una demora legislativa está exacerbando las fallas en el mercado, las cuales se traducen en la vulneración de derechos que son parte esencial de una economía social de mercado, pues no se favorece la libre competencia y las aplicaciones se están limitando a prestar un servicio en condiciones similares a las de un servicio regulado".

    "Los limitantes también violan derechos conexos, como el derecho al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, la libre circulación y a la educación, que hacen necesaria una protección constitucional".

    Por lo anterior, en la investigación se propone "llegar a consensos en los que se pueda permitir la prestación del servicio de transporte urbano a través de aplicaciones móviles como un mecanismo para garantizar la libre competencia en Colombia".

    Beneficios para el Estado

    En el trabajo de grado se comparó el servicio prestado por vehículos regulados –como taxis y privados– con el de los particulares, y se evidenció que hay más oferta y mejores condiciones que en los públicos.

    No obstante, este modelo no cuenta con condiciones esenciales para el conductor ni para el usuario (proconsumidor), como por ejemplo seguros de responsabilidad civil, que se utilizan en accidentes de tránsito. "Proponemos que si se establece una regulación no se afecte a los ya regulados y que se evalúe el contexto en el que se exige la prestación del servicio, y también que se mejoren las condiciones de los conductores".

    El abogado Quiñones  asegura que "en cuanto a los impuestos, el Estado colombiano puede generarlos con la regulación del servicio que favorecerían a la nación, además de ofrecerles garantías a los conductores y a los ciudadanos. Se debe buscar que la regulación abarque esas líneas y que sea eficaz en las condiciones económicas, porque en este momento no hay una ley que considere todos estos aspectos".

    "Lo más importante de este trabajo es que evidencia que sí se puede establecer una regulación, pues están dadas las condiciones jurisprudenciales para ello, pero esta tiene que abarcar teorías propias del análisis económico del derecho en pro de la maximización del costo-beneficio social".

    Para finalizar, en la investigación se expone que, mediante el estudio del derecho a la libre iniciativa privada y la competencia, a través de los criterios y postulados de la escuela de pensamiento del Análisis Económico del Derecho (AED), en una economía social de mercado, se pueden generar elementos importantes para mejorar la eficiencia y eficacia del servicio de transporte urbano de personas.