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Política y Sociedad

Política de glifosato “fumigó” hasta la democracia

    Con la transgresión a los derechos de participación de una ciudadanía urbana y rural, la invisibilización de comunidades étnicas y campesinas, además de la exclusión de actores locales como alcaldes, gobernadores y líderes sociales, esta política estaría afectando la democracia en el país y lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.

     

    Se trataría de una política asociada con fenómenos violentos, como desplazamiento forzado y homicidios, que limita el acceso del ciudadano a información sin tener en cuenta los principios de transparencia, y es casi nula en cuanto a sistemas de rendición de cuentas.

    Estas fueron algunas de las conclusiones del informe “Fumigación: daños a la salud democrática”, realizado por investigadores del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, un evento coordinado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

    El objetivo principal del informe era evidenciar las afectaciones que ha tenido la democracia en Colombia a causa de la implementación del programa de aspersiones aéreas con glifosato (Pecig). Para ello, los investigadores se valieron de fuentes documentales y de archivo, entrevistas en campo y datos cuantitativos provenientes de la Dirección Nacional de Estupefacientes y de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

    “No hay criterios claros para saber por qué se fumiga la zona donde está concentrada esta política. Uno creería que la aspersión se concentra donde hay más cultivos de coca, pero es un análisis que no aparece claro. Esta falta de claridad en los criterios tiene repercusiones, como que impide hacer una buena evaluación de la ciudadanía e indica que los funcionarios tienen un amplio margen de maniobra llevándola a que queden por fuera del control ciudadano”. Así lo advierte la politóloga Diana Machuca, magíster en Estudios Políticos del Iepri e investigadora del Observatorio.

    Agrega que, “sumado a eso, se ve una clara transgresión a lo acordado en la firma del Acuerdo de Paz, en el que la aspersión forzada quedó por encima de la sustitución voluntaria. Este tipo de erradicación manual o aérea es una medida secundaria y excepcional que solo se debe llevar a cabo si la sustitución voluntaria no funciona”.

    Para el profesor Francisco Gutiérrez, director del Observatorio, esta postura del Gobierno se podría explicar en una priorización de intereses políticos internacionales que no se traducen en costos políticos, ya que los directamente afectados (los campesinos cocaleros) forman parte de un sector estigmatizado y están de facto excluidos de la vida pública.

    “Las ventajas que los promotores de la política de aspersión obtienen son múltiples: primero, mostrar una posición a favor de las fumigaciones le otorga una identidad no criminal frente a Estados Unidos y frente a auditorios nacionales, que puede ser útil para conquistar bases electorales, mantenerse a cubierto si él o su círculo cercano está involucrado con el narcotráfico u otras actividades criminales, y le permite acceder a apoyos importantes de sectores políticos y de seguridad estadounidenses”, observó el académico de la UNAL.

    Política de minorías

    Colombia en un país único respecto a la fumigación, si se tiene en cuenta que es uno de los pocos que ejerce la fumigación aérea y el único que lo hace por periodos prolongados, algo que no hacen Afganistán, Perú ni Bolivia.

    Según los investigadores, “se vieron pocas evidencias sobre la aprobación de los colombianos frente a esta política. La sociedad colombiana es muy conservadora contra las drogas, pero en todos los estratos y sectores rurales y urbanos se rechazan decididamente las políticas de las aspersiones aéreas”.

    Una encuesta de 2017 del Ministerio de Justicia revela que en todos los estratos y en todos los sectores se rechazó esta política, lo que la hace una propuesta de la minoría, en la cual la institucionalización se ha dirigido a cerrar la voz de la ciudadanía porque era la única forma de sostenerla.

    “Contraria a la narrativa común, la mayoría, no solo el campesinado, se opone a la política por sus efectos destructivos, pues también hay fracturas horizontales por las diferencias entre agencias que funcionalmente tienen la tarea de proteger el medioambiente o los derechos humanos de los ciudadanos. Tiene unos impactos destructivos sobre el territorio”, señalan los investigadores.

    También narraron los grandes esfuerzos y la dificultad para conseguir información que, aunque debería, no es pública, obligándolos a acudir a derechos de petición y tutelas para que las entidades contestaran con precisión las preguntas, siendo esa falta de acceso a la información la primera barrera a la democracia.