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Política y Sociedad

Pesca y vecindad, afectadas por litigio Colombia-Nicaragua

    La nueva gobernanza sobre parte de la reserva marina en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha afectado la vida de los habitantes de esa región del país y su interacción con sus vecinos y con el mar.

    Una investigación sobre las implicaciones sociolegales de este conflicto, realizado por la antropóloga María Catalina García, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), candidata al doctora en Geografía y Desarrollo Internacional de la Universidad de Ámsterdam (Holanda), concluye que esta cotidianidad en torno al mar ha cambiado durante el litigio y ha impactado tanto los medios de vida de las comunidades involucradas como su medioambiente.

    Las consecuencias que han dejado más de dos décadas del conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua se traducen en cambios en las dinámicas espaciales entre las poblaciones del territorio étnico, impactos sobre el sustento económico de los raizales por las implicaciones en la pesca artesanal, así como inconvenientes en la implementación de acciones concretas para preservar el medioambiente marino de la Reserva de la Biósfera Seaflower.

    Según los estudios de la antropóloga de la UNAL –que han incluido trabajo de campo tanto en el Archipiélago colombiano como en territorio nicaragüense– la disputa y el fallo de La Haya, que establece la cesión de parte del territorio marítimo colombiano a Nicaragua, ha afectado de manera considerable las dinámicas propias de este “maritorio”.

    “Hay una percepción diferente del espacio, de los derechos sobre el territorio, de la forma de movilizarse, de la interacción con el medioambiente, y esto también es cierto para las comunidades creole de Nicaragua. Hay una reconfiguración de todas esas relaciones”, asegura la investigadora.

    Aumenta pesca ilegal

    La antropóloga García señala que uno de los aspectos más importantes es el impacto en la actividad de pesca. Desde que la Corte Internacional otorgó soberanía sobre parte de la reserva marítima a Nicaragua, ese país ha entregado licencia para explotación pesquera industrial en esta área y ha aumentado la pesca ilegal, lo que representa un riesgo para la sostenibilidad del ecosistema y las poblaciones. En el lado colombiano esto también ha impedido acciones más efectivas para el cuidado de la Reserva Seaflower, y ha afectado a las comunidades de pescadores artesanales del Archipiélago.

    Así mismo se han visto impactadas las relaciones entre los raizales que viven en ambos países, pues ahora es más complicada la comunicación donde antes había una interacción más cercana. “Lo cierto es que las fronteras han venido separando sistemáticamente a dos poblaciones tradicionalmente cercanas, por lo menos en términos jurídicos y políticos, a pesar de los esfuerzos de esas comunidades para no dejarse fragmentar”, asegura la magíster.

    En 2012 la Corte de La Haya resolvió que la soberanía del Archipiélago es de Colombia debido a una serie de principios y tratados históricos. Pero esa misma resolución concluyó que una parte importante del espacio marítimo que antes pertenecía a Colombia ahora es de Nicaragua.

    Desde entonces, ambos países han presentado demandas sobre el supuesto incumplimiento de las reglas del otro.

    Actualmente se adelanta una serie de audiencias para resolver el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia. Por un lado, Nicaragua argumenta los impactos negativos que ha traído la no implementación del fallo de 2012, mientras Colombia sostiene que ese país no respeta los derechos ancestrales de pesca del pueblo étnico raizal, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de estas comunidades.