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Política y Sociedad

Captura y cooptación del Estado, la peor forma de corrupción en Colombia

    Hechos como la elección en organismos de control –Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo– de personas cercanas al presidente de la República y al partido de gobierno deben encender las alarmas con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de 2022, advierten expertos.

    Para la politóloga Elisabeth Ungar, directora y fundadora del programa Congreso Visible y exdirectora de la Corporación Transparencia por Colombia, “se trata de decisiones particularmente preocupantes porque estos mecanismos se utilizan para cooptar a las entidades encargadas de garantizar el derecho a elegir y ser elegido”.

    Agrega que “aunque es cierto que la cooptación y captura del Estado no es un hecho reciente en el país, lo sucedido en el último cuatrienio ha superado algunos hechos ocurridos en el pasado, con el pésimo saldo de que debilita principios esenciales de la democracia como la separación de poderes o el funcionamiento de pesos y contrapesos”.

    “Ello menoscaba la protección de derechos fundamentales económicos y políticos, y, dentro de este último, el derecho a elegir y ser elegido; además afecta los controles de lucha contra la corrupción”.

    Las declaraciones de la experta se dieron durante la cuarta sesión “Corrupción política y electoral”, de la Cátedra Colombiana: Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción, organizada por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Procuraduría General de la Nación y la Red para la Formación Ética y Ciudadana.

    La profesora Ungar y el abogado Camilo Mancera, coordinador del Área de Justicia Electoral y Administración Pública y Corrupción de la Misión de Observación Electoral (MOE), se refirieron al reciente caso del registrador Nacional, Alexander Vega, quien cuestionando el censo electoral avalado por el DANE, afirmó que “en Colombia hay más habitantes que los que reporta esta entidad”, y a los pocos días les advirtió a los candidatos presidenciales que “el que no sienta garantías para las elecciones no debería presentarse”.

    Los analistas consideran que “cuestionar los datos del censo a pocos meses de las elecciones es mucho más que una simple ‘pelea’ entre dos funcionarios”.

    “Recordemos que cuantos más habitantes haya más aumenta el umbral electoral, y al hacerlo se favorecen los partidos más grandes, los que manejan las clientelas tradicionales en las regiones”.

    “Conminar a quienes no sienten garantizas significa coartarles sus derechos, pero además es un forma de encubrir los resultados electorales a futuro, lo cual aumenta la ya minada confianza de los ciudadanos en el sistema electoral”, advirtieron.

    Abusos del poder

    El profesor Juan Gabriel Gómez, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la UNAL, afirmó que en sociedades desiguales como la de Colombia, donde el poder económico y político está concentrado, los poderosos tienen más oportunidades de violar la ley, pues poseen diversos recursos para prevenir que la justicia los castigue.

    “Su ejemplo cunde y se extiende la idea de que apropiarse de lo público y hacerle el quite a la justicia es un privilegio personal o un signo de astucia reconocido por la sociedad”, enfatizó.

    Agregó que “no es casualidad que las denuncias de corrupción tengan como protagonistas a funcionarios públicos, muchos de ellos elegidos popularmente”.

    “Quienes tienen poder tienden a abusar de él, a menos que haya quienes los vigilen; el asunto es que los primeros eligen a los segundos”.

    “No nos llamemos a engaños: la mayoría de los procuradores y contralores han sido unos grandes impostores; sus grandilocuentes discursos no guardan proporción con los exiguos resultados en la lucha contra la corrupción”, amplió.

    En relación con corrupción política en la gestión pública, y concretamente el financiamiento de las campañas políticas, el director de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández, afirmó que “estudios realizados por esta ONG muestran que 1 de cada 3 financiadores logra un contrato después de elecciones, es decir, existe una gran expectativa de retorno de la financiación privada”.

    “Se trata de un factor preocupante, ya que es importante identificar hasta qué punto las decisiones que se toman favorecen al interés general o a ciertos grupos económicos y de poder”.

    En ese sentido, manifestó que para la ONG la modificación a la Ley de Garantías, que permitirá la realización de contratos y convenios administrativos para la ejecución de recursos públicos, genera una alerta muy grande con miras a las próximas elecciones.

    Acceda aquí a la cuarta sesión de la Cátedra Colombiana: Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción.