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Política y Sociedad

Candidatos, entre la privatización y el manejo estatal de las cárceles

    Privatización de las cárceles del país, problemas de criminalidad y acciones para enfrentarla, prevención, justicia restaurativa y resocialización, fueron algunos de los principales temas abordados por los candidatos en el debate presidencial “Política criminal en Colombia”, organizado por el Centro de Pensamiento Pospenados de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

    Al encuentro presencial, llevado a cabo en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL, asistieron los candidatos presidenciales Rodrigo Lara Restrepo, Rodolfo Hernández y Camilo Romero, quienes expusieron su posición y sus propuestas frente al tema de la criminalidad y las cárceles.

    “En la sociedad colombiana, el Estado y sus representantes políticos miran para otro lado, no quieren ver lo que ocurre en las cárceles. Esto se agrava porque existe una interpretación deliberada de lo que debe ser la pena reparadora, que en muchos casos se entiende como una pena que debe tener un elemento de sufrimiento para el convicto”, afirma el candidato Rodrigo Lara al referirse a las condiciones carcelarias actuales y lo que lleva a ellas.

    “Se ve la incapacidad de garantizar que en un espacio restringido como las cárceles impere el Estado de derecho y el respeto por la dignidad del otro. La persona que era un delincuente ocasional y termina en la cárcel, para sobrevivir debe adoptar el código de delincuencia, y esto hace que al salir termine de convertirse en uno que pudo ser resocializado de una forma diferente”, agrega.

    El candidato manifestó que ha venido considerando la privatización de las cárceles del país, y aunque advirtió que aunque este es un tema que puede llevar a que se genere más corrupción y negocio entre parlamentarios y empresarios, “no hay otra alternativa”.

    “Si se privatiza, se ofrecen mejores estándares que los que hoy se están viendo, y aunque se corre el riesgo del negocio y la corrupción, se debe poner en una balanza, ¿o es que el Estado puede ofrecer esas condiciones dignas con lo que tiene?, no lo creo”, afirma.

    En materia de prevención, el candidato señala que “la función preventiva más importante la cumple el deporte, por eso debe ser un gran propósito nacional involucrar a todos los jóvenes de los colegios que tienen jornadas divididas a que practiquen un deporte o actividades culturales en su tiempo libre que los ocupen y eviten que caigan en la delincuencia”.

    Prevención de delitos y trato digno

    Por otro lado, el candidato Camilo Romero afirma que “para que se dé de manera efectiva una política criminal, que le apunte a la prevención del delito, es necesario que el Estado esté presente en los territorios, dando soluciones y alternativas a los más vulnerables, mientras que para una efectiva resocialización es vital una reclusión digna que brinde garantía de los derechos humanos en las diferentes cárceles”.

    En cuanto al tema de justicia restaurativa, el candidato Romero señala que “aunque se debe aplicar este enfoque en temas sociales, también debe haber un ejercicio de formación y trabajo ambiental para las personas que cometan delitos. Además se debe dar un tratamiento diferencial para personas especiales, desde un ejercicio participativo, que cuente con funcionarios públicos y con quienes están en la situación y con los pospenados”.

    Contrario a lo que opina Rodrigo Lara, el candidato Romero no está de acuerdo con la privatización de las cárceles, pues considera que la administración de justicia es exclusiva del Estado y no puede “abrirle la puerta a un negocio”, una postura a la cual se une el candidato Rodolfo Hernández.

    El candidato Hernández, por su parte, argumenta que para que haya una efectiva política criminal y carcelaria esta se debe hacer de fondo desde la academia, las facultades de Derecho, las asociaciones de abogados, la Procuraduría y otros protagonistas que ayuden en el diseño de esa política. Sin embargo, también debe haber buenos administradores que no permitan actos de corrupción como los que han venido presentando.

    El candidato asegura que “el Gobierno nacional, lejos de brindar soluciones a los múltiples casos que reposan en entidades como la Fiscalía, lo que hace es atiborrar de procesos, consecuencia de delitos que no deberían ser considerados como tal. Para evitar eso, propone que se revise y modifique el Código Penal para que se eliminen delitos que no deberían tener lugar en los procesos, lo que aceleraría la resolución de muchos casos.