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Universidades juegan rol clave en proceso de paz

Desde las tres instituciones del Sistema Integral del Acuerdo de Paz se señaló que en Colombia la universidad pública debería participar en pedagogía, investigación y políticas públicas locales.

Palmira, 24 de agosto de 2020Agencia de Noticias UN-

El conversatorio fue organizado por el Laboratorio de Paz Territorial de la UNAL Sede de La Paz. Fotos: Conversatorio Sede de La Paz.

El Cesar es uno de los departamentos más afectados por la guerra, con más de 300.000 víctimas del conflicto armado.

Cifras de solicitudes de búsqueda recibidas por la UBPD en cada territorial.

Una de las tareas asignadas a la universidad pública es la pedagogía y difusión de todo lo relacionado con el proceso de paz.

Cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, Registro Nacional de Desaparecidos y Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas.

Estos fueron algunos de los temas expuestos en el conversatorio “¿Cómo va el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el Caribe colombiano?”, organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede de La Paz y moderado por las profesoras Claudia Mosquera Rosero-Labbé y Lucía Meneses Lucumí.

Infortunadamente el Caribe colombiano es una de las regiones más golpeadas por la violencia en el país. Específicamente el Cesar tiene uno de los índices más altos de población víctima del conflicto armado en Colombia, pues más de 300.000 personas han sido afectadas por la confrontación de distintos grupos armados legales e ilegales.

La UNAL Sede de La Paz también muestra un escenario complejo, pues 3 de cada 5 de sus estudiantes pueden ser víctimas del conflicto en este departamento.

Por esta razón, Danilo Alfonso Rojas Betancourth, magistrado de la Sala de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considera que “escuchar cómo va el Sistema Integrado en el Caribe es, de alguna manera, dar cuenta de cómo va en todo el país”.

Pedagogía del proceso de paz

Los tres representantes del Sistema coinciden en que el aporte principal que debe proporcionar la universidad pública para implementar el Acuerdo está en la difusión y la pedagogía del proceso de paz y sus instituciones, con lo cual se lograría una mayor legitimidad por parte de las comunidades.

“Por ejemplo lo que viene de la Comisión de la Verdad, en el informe que presentará en 2021, será un insumo impresionante para el análisis universitario y para motivar más investigaciones regionales”, asegura el magistrado Rojas.

Al respecto, Liliana Fúquene Barreto, coordinadora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), territorial Barranquilla, La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, instó a que desde la UNAL se promuevan intercambios y tesis sobre temas forenses, los cuales serían de gran ayuda, especialmente para este organismo, en la ampliación de información y fuentes.

Por otro lado, Ana María Ferrer Arroyo, coordinadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), territorial Cesar-La Guajira, dijo que la universidad pública se debe convertir en uno de los mejores aliados para cuidar y ser veedora de ese legado que representará el informe final de la Comisión, que presentará el 29 de noviembre de 2021.

Manifestó además que “después de esa fecha es cuando comienza una movilización en torno a la verdad como un compromiso ético y político. Ese legado debe quedar en manos de los jóvenes, de las universidades y de las organizaciones, y si lo lidera la academia, será muy exitoso y no quedará en anaqueles o bibliotecas”.

Según el magistrado Rojas, “la universidad puede generar acciones y estrategias –de corto plazo– con las actividades institucionales locales, específicamente para incidir en los planes de desarrollo y las políticas públicas locales para ayudar a articular la política de paz. Esto, porque los planes de desarrollo son la carta de navegación institucional’ de municipios y departamentos, y todas las instituciones del Sistema deben trabajar con las autoridades locales para ejecutar sus acciones”.

Actualmente están sometidos a la JEP 9.756 miembros de las FARC, 2.686 miembros de la fuerza pública y 100 agentes del Estado diferentes a la fuerza pública. Uno de los 7 macrocasos abiertos por esta institución es el de los falsos positivos, en el cual hay tres casos que conciernen a Valledupar, con un registro de cerca de 200 muertes.

En 2019 la UBPD registró 4.860 solicitudes de búsqueda en todo el país, y hasta marzo de 2020 se contaban 5.389 solicitudes.

Por su parte, con cierre al 31 de diciembre de 2019, la CEV escuchó a 10.755 personas de diferentes grupos –guerrillas, exparamilitares, empresarios, ganaderos y sindicatos, entre otros– que dieron su testimonio sobre el conflicto armado. De estas, 1.138 son del Caribe insular, que además de los 7 departamentos del Caribe cuenta a San Andrés Islas.

Toda esta labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición está enfocada en recopilar la información y los elementos explicativos suficientes para constituir un relato que permita entender lo ocurrido en más de medio siglo de guerra en Colombia.

(Por: fin/PAGA/MLA/LOF
)
N.° 843

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