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Política & Sociedad

UNAL, comprometida con la paz y la justicia del posconflicto

Un análisis de los retos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las expectativas de la sociedad frente a esta, y los desafíos del país en torno a la paz, la justicia, la verdad y la reconciliación, fueron los temas de estudio en la segunda jornada del seminario itinerante “Hacia la consolidación de la paz: balance y perspectivas de la justicia transicional en Colombia", realizado en Manizales.

Manizales, 14 de noviembre de 2019Agencia de Noticias UN-

Segunda jornada del seminario itinerante “Hacia la consolidación de la paz: balance y perspectivas de la justicia transicional en Colombia”. Fotos: Unimedios Manizales.

Rueda de prensa con panelistas del Seminario.

Los asistentes escucharon a expertos en diversas áreas de las ciencias políticas, la sociología, el derecho y la filosofía.

Al finalizar, los panelistas respondieron las preguntas de los asistentes.

Participantes en el seminario.

En el evento, organizado por la JEP y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), los asistentes escucharon a expertos en diversas áreas de las ciencias políticas, la sociología, el derecho y la filosofía, quienes presentaron diferentes posturas sobre los antecedentes, las experiencias y los desafíos de la justicia transicional.

María del Pilar Valencia, magistrada de la JEP, relató en su intervención que en los recorridos por los diferentes territorios han encontrado que la mayoría de las víctimas no esperan medidas de reparación sino la satisfacción de sus necesidades básicas como educación, salud, infraestructura, acceso al mercado y protección.

“Algunas víctimas no son conscientes de que existe un proceso de paz vigente y que ellos son protagonistas”, por lo cual el trabajo en los territorios se hace con la participación de actores sociales como la Iglesia, promoviendo una pedagogía en dos sentidos.

“Informamos qué es la JEP, cuál es su alcance y sobre todo cómo pueden participar las víctimas; por otra parte, hacemos máxima difusión de que ellos, como colectivos de víctimas, tienen la posibilidad de entregar informes en los que incluyan los relatos de los principales hechos en sus regiones, los daños, los presuntos responsables y las medidas de reparación que esperan del Estado”, detalló.

El papel de las universidades

El profesor Óscar Almario García, director del Centro de Investigación e Innovación Social de la UNAL Sede Medellín, explicó que el papel de las instituciones en este proceso tiene que ver con recomponer el universo simbólico y cultural de la sociedad.

“Cuando un territorio ha vivido un conflicto tan crítico y prolongado, todos sus universos se fracturan, tanto el institucional como el político y jurídico; el desafío está en que esa sociedad tenga la capacidad de inventar nuevas instituciones, producir nuevos pactos y acuerdos, y es ahí donde las universidades juegan un rol significante”, observó.

Desde la reflexión y las nuevas líneas de investigación, las instituciones deben conducir a un escenario distinto al del conflicto, a través de acciones que incluyen actividades pedagógicas, investigativas, acompañamiento a las víctimas y elaboración de un nuevo relato del país posible.

Por su parte el académico Ricardo Gómez Giraldo, presidente de la Universidad Autónoma de Colombia, añadió que “es una obligación de las universidades ajustarse a los cambios. Debemos promover más líneas de investigación con enfoque social, en las que se invite a los estudiantes a reflexionar y a construir un nuevo relato de la situación actual de Colombia, porque ya no es el país del conflicto sino del posconflicto”.

Según el directivo, la tarea más importante es lograr que la comunidad universitaria debata alrededor del pensamiento académico y no del ideológico, con el fin de construir un pensamiento crítico enfocado en resolver los retos sociales que atraviesa el país en la actualidad.

Así mismo, Max Yuri Gil Ramírez, magíster en Ciencias Políticas y coordinador regional de Antioquia - Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad, manifestó que en esta zona el reto es muy grande, ya que la situación de poca visibilización del conflicto en todo el país obliga a las instituciones a redoblar esfuerzos para generar conciencia sobre lo que pasó.

Por eso destacó que “el trabajo con la academia es muy importante; por ejemplo con la Universidad de Antioquia realizamos un informe sobre el impacto del conflicto armado en el pensamiento crítico, un proyecto de investigación de la Facultad de Derecho; además tenemos alianzas con tres universidades privadas de Medellín, Cali y Bogotá”.

A su turno, el magistrado Rodolfo Arango, de la Sección de Apelación de la JEP, señaló que Colombia enfrenta un momento muy difícil porque la paz no se ha consolidado, y que políticamente el Acuerdo firmado en La Habana por el Gobierno y la exguerrilla de las FARC no ha tenido un respaldo contundente. Sin embargo, consideró que el debate debe ser filosófico y cultural.

Argumentó además que se requiere de un tránsito cultural, de tener un país en conflicto a pasar a un país que aprende a respetar los derechos de todos los sectores, independientemente de sus ideologías, y sobre todo a convivir democráticamente aceptando la alternancia política, pese a los desacuerdos y las tensiones que se puedan generar en una sociedad.

Por último, el abogado Germán Alberto Bula Escobar, magíster en Economía de la UNAL,  hizo una reflexión sobre el papel de la justicia: “la justicia de los jueces es residual, ellos deben encargarse del residuo que no tiene capacidad, en la sociedad, de absorber por sí propia”.

De esta manera concluyó la segunda de siete jornadas; la siguiente será este viernes 15 de noviembre en la Universidad de Ibagué, moderado por el profesor Juan Gabriel Gómez Albarello, del Iepri.

(Por: fin/LGH/IEU-MLA/LOF
)
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