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Con el último pronunciamiento de La Haya, los sanandresanos reavivaron una sensación de descuido hacia ellos.

En San Andrés se cuestiona la ausencia del argumento de derechos de explotación tradicional por el Gobierno, para defender sus intereses.

El fallo de 2012 de La Haya le concedió derechos a Nicaragua sobre áreas marinas históricamente de Colombia.

La tesis de Colombia ha sido que los cambios solo pueden derivar de nuevos tratados.

El fallo de La Haya que rompió los límites del meridiano 82 hizo ambiguo el derecho sobre aguas marinas con sus islotes y cayos.

“Al Gobierno no le queda otra posibilidad que darle la voz a los raizales, lo que nunca ha pasado, centrarse en los derechos de explotación tradicional y en un discurso de preservación de la biósfera del archipiélago, como componente de defensa para no perder más terreno”, afirmó la docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, Catalina Toro Pérez.

La académica moderó un conversatorio sobre las perspectivas desde San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que tuvo lugar en la U.N. y contó con la participación de expertos en relaciones internacionales y estudios del Caribe, que han residido en el archipiélago.

El cúmulo de decisiones sobre las áreas marinas alrededor de San Andrés, en particular la reciente determinación de la Corte internacional de Justicia de La Haya de declararse competente para dirimir en un nuevo capítulo del tema, han dejado en entredicho los patrones culturales y socioeconómicos de los habitantes del archipiélago.

Ese es el sentir de los habitantes de San Andrés y Providencia, cuyos imaginarios, y también sus actividades del día a día, parecen haber entrado en un laberinto de incertidumbre por los impactos que estos fallos han ejercido en sus tradiciones.

Pesca menguada

Según los expertos, los sanandresanos entraron gradualmente en una zona de incertidumbre en sus modos de vida. En esas aguas se creó un ambiente de abandono por los raizales, no solo de la pesca semi-industrial, también artesanal”, explicó el magíster en estudios del Caribe de la Universidad Nacional, Fadi Ortiz.

Desde que La Haya, en 2012, le concedió a Nicaragua jurisdicción sobre las aguas que comprenden el banco de peces Luna Verde, los raizales han diezmado el consumo de langosta espinosa y caracol pala, habituales en su dieta.

Estiman que en Luna Verde los recursos han disminuido y los nicaragüenses se han trasladado a Quitasueño a pescar. Los fallos trajeron consigo “una desintegración del archipiélago que han derivado en hostigación”, explica el politólogo e historiador Harold Bush Howard.

“A las aguas que le otorgó la Corte al país centroamericano llegan nicaragüenses con naves nodrizas, sueltan varias canoas, entran a las 12 millas alrededor de Quitasueño y Serrana, donde hay mucho pescado y capturan”, precisó.

Así, mientras los pescadores colombianos recogían antes 400 libras en una faena normal desde Providencia, esa sobrexplotación ha propiciado que hoy apenas recojan la mitad.

La percepción en la isla es que se está invirtiendo dinero, pero sin beneficiar a la comunidad. “De los cerca de 70 millones de dólares destinados en el marco del llamado Plan Archipiélago, la comunidad denuncia que se construyen obras, pero no fuentes de empleo. Y han visto con decepción la inversión de 2.800 millones de pesos destinados a un estudio para la restauración del Fuerte Warren, en Providencia”, explica Harold Bush Howard.

Nicaragua ha ofrecido ciudadanía a raizales en las islas, pero la gente no quiere ser nicaragüense, sino que Colombia atienda sus necesidades.

Una de las alternativas es crear condiciones para que haya un manejo conjunto de la reserva de la biósfera Sea Flower, lo que implicaría una cierta soberanía compartida.

En ese sentido, se avanza en la conformación de un grupo de cooperación fronteriza integrado por la población raizal. No obstante, los expertos convergen en determinar qué tanto puede ser perdurable, pero además qué tanto peso le dará el Gobierno a las peticiones de los raizales.