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Según agremiaciones, la reforma se presenta ante el colapso total del sistema de salud.

Saúl Franco, vocero de la Comisión de Seguimiento de la Reforma del Sistema de Salud, doctor en Salud Pública y profesor jubilado de la UN.

Da más poder económico, administrativo y fiscalizador de los dineros públicos a las EPS.

El sector gremial plantea alternativas que reconocen la salud como un derecho fundamental.

La propuesta gremial busca eliminar definitivamente la intermediación financiera. - Unimedios

Al cierre del Foro Regional “Crisis y alternativas al sistema de salud en Colombia”, las posturas de los actores sociales coincidieron en que la reforma no obedece solamente a un problema económico, como afirma el ministro, sino que se presenta ante el colapso total del sistema por el deterioro significativo de la prestación de servicios, de las condiciones de la población y de la salud pública (que no se solucionan con modificaciones, sino con un cambio integral). 

“Esta es una propuesta regresiva que incurre en la misma situación actual, dando más poder económico, administrativo y fiscalizador de los dineros públicos a las EPS, pero ahora bajo el nombre de “gestoras”, con un esquema igual donde va a seguir siendo un negocio”, manifestó Saúl Franco, vocero de la Comisión de Seguimiento de la Reforma del Sistema de Salud, doctor en Salud Pública y profesor jubilado de la UN. 

En esta perspectiva, la población seguirá sometida a filas de espera, al aplazamiento de la realización de sus derechos y a la insatisfacción de sus necesidades básicas. Y el sistema seguirá dividido en ricos que pueden comprar servicios privados, trabajadores que pagan sus cotizaciones y los pobres apoyados por el Estado. 

Además, en las condiciones actuales, el derecho a la salud está reducido a la prestación asistencial de servicios. Pero debe ir más allá en relación con la calidad de vida, la nutrición, el agua potable e incluso la dignidad frente a la muerte. 

“En Colombia son terribles las condiciones en las que la gente está falleciendo, en ambulancias, en salas de hospitales y, peor aún, abandonada en las cárceles y en los asilos. En ese sentido, necesitamos movilizarnos por una reforma que no solamente apunte a la prestación asistencial, que es lo que produce ganancias, sino que incluya estos aspectos y que sean justos para todos”, agregó. 

A partir de estos desacuerdos, desde el sector gremial se planteó una propuesta que parte de reconocer a la salud como un derecho fundamental y no como un negocio. 

En esta se busca eliminar definitivamente la intermediación financiera, los copagos y todos los mecanismos de enriquecimiento; de modo que se acabaría de raíz con las EPS y se ampliaría el espacio para la participación social. 

“Hoy el gran negocio son los servicios de alta complejidad, ahí es donde más se gasta. La propuesta es invertir más recursos en prevención y promoción, en atención primaria que esté cercana de la gente en cada barrio”, afirmó. 

Por otra parte, participantes del foro, como Jorge Eduardo Arbeláez Hoyos, en representación del Centro de Pensamiento San Antonio y del grupo Sociedad en Movimiento, dijeron que dentro del Gobierno se manejan intereses que representan los intermediarios financieros, las aseguradoras y las EPS, por lo cual no se aprobará un cambio contra la Ley 100. 

“Ese esquema está desgastado y no va a cambiar. Lo que se hace es que, cuando el país protesta, se propone una reforma con la que se tranquiliza a la población por otro periodo y así mantienen su negocio. En dicha dinámica ya se cuenta con tres reformas. Por tanto, ni siquiera deberíamos hacer foros para avalar estas propuestas, sino pronunciarnos de manera contundente con un referendo o lo que sea necesario para aprobar una ley que cambie la Ley 100”, puntualizó Arbeláez Hoyos.