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Política & Sociedad

Pueblos étnicos acuden a consultas previas para convalidar acuerdos de paz

Los acuerdos de La Habana omitieron algunos aspectos considerados como básicos, situación que deberá corregirse por medio de un derecho fundamental para los pueblos sometidos a procesos de colonización y esclavización.

Bogotá D. C., 28 de agosto de 2017Agencia de Noticias UN-

La obra La consulta y el consentimiento previos libres e informados de los pueblos étnicos frente a los acuerdos de La Habana forma parte de la colección Gerardo Molina de la Editorial UN.

La Constitución de 1991 fue la primera en reconocer oficialmente los agravios que sufrieron los pueblos étnicos.

Una de las prioridades que debería tener el Estado colombiano es la de actualizar el censo realizado en 2005.

Los acuerdos alcanzados en La Habana deberían someterse al mecanismo de consulta previa.

Aunque existe una noción general de los pueblos étnicos, existen diferencias territoriales.

“Uno de los primeros reparos es que si bien actuamos de buena fe y planteamos unas rutas específicas, el Gobierno no cumplió, y además notamos que hay una escasa voluntad para su implementación”.

Así lo destaca Benhur Teteye, indígena Bora del Amazonas, quien formó parte del grupo de panelistas invitados al lanzamiento del libro La consulta y el consentimiento previos libres e informados de los pueblos étnicos frente a los acuerdos de La Habana, de la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia (U.N).

Para el caso de los pueblos afrocolombianos negros, palanquero y raizal, los expositores destacaron que el Gobierno pasó por alto la metodología establecida en un principio, de manera que las personas que se encontraban en los territorios no tuvieron posibilidad desde un principio para hacer cualquier observación frente a lo acordado.

“Dentro de las consultas previas se incluyen temas relacionados con prospección y explotación de recursos naturales, o iniciativas legislativas como la implementación de los acuerdos de La Habana vía fast track, además de la reglamentación de sistemas de salud y educación propios junto con la construcción de obras de infraestructura”, explica el panelista Teteye.

Según el vocero indígena, se dejó de considerar, por ejemplo, la diversidad de los territorios habitados por múltiples actores que integran los pueblos étnicos –indígenas, comunidades negras y Rom–, a pesar de haber sido escenario permanente del conflicto armado.

“No es lo mismo hacer una consulta para temas de educación en la Amazonia, La Guajira o la Sierra Nevada”, precisa. En su opinión, aunque los acuerdos de La Habana establecieron 16 circunscripciones especiales para la paz, no se reconocieron los territorios en los que se siguen registrando problemas asociados con economías ilícitas, abandono y debilidad institucional, además de la existencia de cultivos ilícitos. Entre estos se destacan las áreas no municipalizadas de Guainía, Vaupés y Amazonas.

“El Gobierno estableció unos criterios técnicos que van en contravía de la realidad de esas regiones, porque muchos de ellos tienen como base una información de 2005, que no corresponde a lo que se vive actualmente en esas zonas”, precisa el representante de la comunidad Bora.

Para los panelistas, cualquier mecanismo de consulta previa debería incluir un consentimiento libre e informado sobre las realidades que enfrenta cada pueblo étnico en particular, con especial énfasis en el uso de sus lenguas maternas, con el fin de que se pueda comprender e interpretar aquello que se pretende consultar.

“La consulta previa está orientada a garantizar los derechos fundamentales que cobijan a los pueblos étnicos; es una especie de salvaguarda. De ahí su importancia como mecanismo de participación para garantizar que las medidas legislativas y administrativas no lleguen a afectar su consentimiento libre, previo e informado antes de su implementación, según sus propias cosmovisiones”, agrega Jennifer Montaño, del Colectivo de Estudios Poscoloniales/Decoloniales en América Latina (Copal).

Pese a que el censo realizado en 2005 por el Dane registró 1.000.387 indígenas en Colombia, la realidad es que hay muchos más, acota Fany Kuiru Castro, representante del pueblo indígena Uitoto del Amazonas.

Aunque el mecanismo de consulta previa constituye una garantía de supervivencia y hacer mal uso de esta herramienta puede causar daños irreparables en el futuro de estas comunidades, a juicio de los invitados los representantes del Gobierno parecen no tener mayor interés en contribuir al desarrollo de este mecanismo.

La consulta y el consentimiento es un libro del Colectivo Copal, cuyo propósito es dar a conocer las voces de las personas directamente implicadas, para establecer relaciones horizontales con los representantes del Estado.

(Por: Fin/JCMG/MLA/LOF
)
N.° 346

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