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Procuraduría alerta sobre desafíos en proceso de reincorporación

Seguridad, transformación estructural del territorio, reincorporación, transparencia en la ejecución de recursos, enfoque de género y minorías étnicas son algunos de los desafíos en la implementación del Acuerdo Final de Paz, los cuales se presentan en medio del desgaste sufrido por el Gobierno después de ocho años en el poder.

Bogotá D. C., 04 de diciembre de 2017Agencia de Noticias UN-

Los espacios de reincorporación deberían tener como escenario todo el territorio colombiano.

Las elecciones del próximo año serán clave para avanzar de manera decisiva en la implementación de los acuerdos.

El proceso de reincorporación constituye un reto que demanda propuestas innovadoras.

Uno de los principales problemas de la reincorporación ha sido la falta de coordinación entre las diferentes entidades estatales.

La Agencia de Reincorporación viene adelantando procesos de formación que garanticen la viabilidad de proyectos productivos.

Los beneficios económicos consignados en el Acuerdo se deben entender como un instrumento de estabilización económica.

Según Elena Ambrosi Turbay, procuradora delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, de la Procuraduría General de la Nación, “aunque se reconocen avances en un proceso que tanto el Estado como las Farc preveían como complicado, persiste una serie de inconvenientes en el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz que se firmó hace un año”.

Durante su intervención en el foro “Encrucijadas de la paz, perspectivas a un año del Acuerdo Final”, convocado por el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), la funcionaria manifestó que “los problemas de seguridad están aumentando en algunas zonas, no solo por la presencia de las mismas organizaciones criminales que ya existían, sino por disidencias de las Farc”.

Así mismo hizo énfasis en la preocupación de la Procuraduría respecto a la delicada situación que enfrentan los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, junto con algunos miembros de las Farc y sus familiares.

Aunque la Procuraduría reconoce que el Gobierno ya ha comenzado a adelantar algunas acciones en el territorio con programas como “Desarrollo con enfoque territorial” y “Sustitución de cultivos de uso ilícito”, resulta evidente que la coordinación de las distintas entidades estatales no ha sido posible.

Esta situación ha puesto en riesgo a aquellas personas que han decidido sumarse a la iniciativa de sustitución de cultivos, como lo demuestran los recientes asesinatos y amenazas constantes a miembros del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en el municipio de Tumaco.

“El Gobierno llega muy rápido con el programa de sustitución de cultivos ilícitos, pero no con las garantías de seguridad”, precisó la funcionaria. “No es sostenible ofrecer programas de sustitución en zonas donde ni siquiera existe una vía para sacar los productos que se ofrecen como alternativa para reemplazar los cultivos ilícitos”, puntualizó la funcionaria.

En lo que respecta a la transparencia en la ejecución de los recursos, la Procuraduría fue enfática en la necesidad de impedir que estos caigan en malas manos o que se le termine dando un destino diferente a su finalidad inicial.

“El gran reto del Gobierno es crear un sistema de transparencia capaz de vincular a las organizaciones de veeduría ciudadana en los territorios, puesto que los ojos y oídos de los órganos de control son las comunidades”, puntualizó la funcionaria, para quien las universidades también tienen un papel crucial en este aspecto.

Para la señora Ambrosi Turbay, aunque el enfoque de género y minorías étnicas puede ser considerado como un referente mundial, su implementación ha sido pobre y no existe la posibilidad de garantizar lo pactado en los acuerdos, como lo evidencia la dificultad de incluir a dos mujeres en las circunscripciones especiales para la paz.

Por su parte, Juan Pablo Patiño, miembro de la Unidad Técnica de Reincorporación de las Farc, manifestó su preocupación respecto a la situación de más de 120 menores que habían salido de los denominados “Espacios territoriales para la paz”, puesto que pese a que se tenía diseñado el programa “Camino diferencial de vida”, su implementación era nula.

“Este programa no existe jurídicamente, no está reglamentado ni financiado y solo está escrito como parte de un acuerdo que no se ha implementado”, reconoció el funcionario.

Al respecto, mencionó que pese a la creación de unos lugares transitorios de acogida, la falta de adaptación a los lineamientos del ICBF hizo que los menores quedaran en una situación de confinamiento en el que se vigilaban llamadas y visitas, que terminó haciendo que muchos de ellos terminaran escapándose.

No obstante, la delegada Ambrosi Turbay también destacó que se cuenta con herramientas fundamentales como el acto legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición; la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz; la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda.

De igual manera llamó la atención sobre la creación de las bases para implementar los programas de “Desarrollo con enfoque territorial”, el de “Erradicación de cultivos ilícitos”, la “Comisión de garantías de seguridad” y el “Consejo nacional de reincorporación”, entre otros.

(Por: Fin/JCMG/MLA/LOF
)
N.° 916

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