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Porte de armas ¿un derecho o riesgo para la seguridad?

El Estado es quien mantiene el control de las armas, el debate está en los salvoconductos especiales y saber quiénes sí y por qué pueden tener o portar un arma.

Bogotá D. C., 15 de marzo de 2019Agencia de Noticias UN-

“Tercerizar la seguridad hacia los civiles es un error, nos lleva a rearmar una sociedad que vive en el conflicto; lo mejor es fortalecer las instituciones”, opina Néstor Rosanía. Fotos: Luis Palacios – Unimedios.

En 2018 se concedieron 6.827 permisos especiales, 5.630 regionales y 1.197 nacionales.

“El porte de armas es un derecho fundamental de los seres humanos y como tal el Estado colombiano debe garantizarlo en todo momento”, sostiene Edison Venera.

Los invitados al programa Observatorio de Gobierno Urbano consideran que se debe aumentar el pie de fuerza.

El Centro de Estudios en Seguridad y Paz señala que en el país hay más muertos por intolerancia que por el conflicto armado.

Así lo considera el analista político Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien mencionó que, por ejemplo, en el norte de Cauca, Catatumbo y Urabá hay muchos salvoconductos por ser zonas de alto riesgo, aunque esto se ha prestado para una cantidad de fenómenos delincuenciales paralelos. “Una persona armada no va a confrontar al grupo que lo está amenazando porque no tiene la capacidad de enfrentar estas estructuras”, señaló. 

El directivo fue uno de los invitados, junto con otros expertos, al programa Observatorio de Gobierno Urbano que se transmite por UN Radio, para debatir sobre el porte y la tenencia de armas en Colombia.

Para algunos de ellos, es necesario que los ciudadanos puedan portar armas porque es un derecho a la seguridad personal, pero otros consideran que en el contexto colombiano es un riesgo armar a los civiles.

En el programa radial del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) también participó el abogado Edison Rafael Venera Lora, especialista en Alta Gerencia de la Defensa, quien sostiene que “toda normatividad debe garantizar los derechos fundamentales ligados a la dignidad humana y, a pesar de que ha sido objeto de debate, el porte de armas es un derecho personal a la seguridad aunque no esté dentro de la Constitución Política”. 

El abogado hizo un llamado de atención a las autoridades que tienen la responsabilidad de atender el problema de seguridad, porque aunque los índices de seguridad aumentan, el pie de fuerza está disminuyendo. “Se presentan situaciones como la multa por el consumo de una empanada en la calle, que si bien es función de la Policía, hace que se desgasten en cosas que son menos prioritarias”, dijo. 

En Colombia el porte y la tenencia de armas están prohibidos, pero un artículo permite las excepciones. El presidente Iván Duque Márquez, en diciembre de 2018, firmó el Decreto 2362 por medio del cual autoriza la adopción de las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio de la nación, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019. En febrero, el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, presentó la Directiva 06 de 2019 que regula la suspensión al porte de armas en Colombia y que deja claros los requisitos para que se tramiten los permisos especiales de porte regional o nacional. 

Según una investigación del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, en el país hay más muertos por intolerancia que por el conflicto armado. “Armar a los ciudadanos va a impactar directamente en los aumentos de los homicidios. También existe un mercado de alquiler de armas con salvoconducto, es inconveniente tercerizar la seguridad y generar la red de cooperantes que está proponiendo este gobierno, porque los civiles asumen las responsabilidades de las autoridades”, agregó el analista Rosanía.

Entre la norma y la práctica

Los dos expertos coincidieron en que la nueva normativa es muy similar a la que se ha estado implantando en el país. Para Venera, lo novedoso es la creación de unos comités regionales que autorizan esas excepciones, mientras que para Rosanía quedan vacíos y los riesgos de seguridad, porque una cosa es la norma y otra la práctica.

“Se debe fortalecer la Unidad Nacional de Protección, los esquemas de seguridad, los modelos de seguridad y la Policía, porque estamos en un país en el que hay descentralización de los grupos armados, aumento del conflicto urbano, y esto sería un elemento más para desestabilizar la seguridad”, concluyó el experto Rosanía.

Por su parte, el abogado Venera señaló que “diferenciar sería un acto discriminatorio con el ciudadano”, ya que “no es posible que el más pudiente pueda acceder y el que no tiene dinero, además de no ver un agente de Policía por su zona, tampoco pueda comprar el arma. Se supone que estamos en un Estado social de derecho que garantiza el derecho a la igualdad”, acotó el analista Venera.

(Por: Fin/IEU-CJSR/LOF
)
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