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Política & Sociedad

Política pública de discapacidad debe ir más allá de los cuidadores

Aunque el Gobierno nacional insiste en que trabaja en una política del cuidado, aspectos como la sobrecarga de responsabilidades no remuneradas en mujeres, la falta de un ministerio a la cabeza y la percepción de reducir la discapacidad a un diagnóstico médico, son aspectos clave para construir estos lineamientos.

Bogotá D. C., 12 de noviembre de 2020Agencia de Noticias UN-

El encuentro sobre política pública en discapacidad, cuidado y género fue promovido por la Escuela de Pensamiento Universitario y las Facultades de Enfermería y de Medicina de la UNAL.

María Alfonsina Angelino, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) de Argentina.

Rocío Parada Corredor, magíster en Discapacidad e Inclusión Social.

Deisy Ramírez Vargas, creadora y líder de la Fundación Mi Mundo Ideal.

Según Eduard Arias, asesor del DNP, el 80 % de las tareas de cuidado recaen en mujeres, así estas no sean remuneradas. Foto: Archivo Unimedios.

En palabras de Eduard Arias, asesor del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la construcción de la Política Pública del Cuidado, “los retos son crear un sistema nacional –ante la ausencia de un ministerio–, superar el desbalance entre oferta y demanda de servicios, el financiamiento y la sostenibilidad de la política, y empezar a ver el problema como un sector de la economía”.

Así lo planteó en el encuentro “Discapacidad, cuidado y género: retos para la política pública”, organizado por el centro de pensamiento “El cuidado, eje esencial y ético de las políticas de bienestar, equidad y calidad de vida”, de la Escuela Permanente de Pensamiento, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

“Encontramos un desbalance entre quienes cuidan y los sujetos del cuidado; los proveedores suelen ser los hogares, el Estado o las mismas comunidades, pero hay un déficit en la oferta y una distribución inequitativa”, señala el asesor Arias.

Al respecto, explica que cerca del 80 % de estas actividades recae en mujeres y es urgente reconocer, reducir y redistribuir dichas actividades.

El asesor también apunta que el cuidado puede ser indirecto, es decir sin interacción directa con la persona cuidada, pero cuya labor recae en su bienestar, como lavarle la ropa o prepararle alimentos, y directo, que sí requiere la interacción con la persona.

El diseño de la política pública de cuidado del DNP, con otras 17 entidades del Gobierno, quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo en cinco ejes: la distribución desigual del trabajo por género; la deficiente articulación para la provisión de servicios públicos y sociales; el déficit de la oferta y la calidad de servicios; el déficit de recurso humano cualificado; y las limitadas prácticas de autocuidado o vida independiente, ya que si las personas tienen una vida saludable requerirán servicios más tarde en su vida; no es lo mismo ofrecer cuidado a personas de 50 años que de 65, esos 15 años son clave en la financiación o la preparación de programas y leyes.

La fonoaudióloga Rocío Parada, magíster en Discapacidad e Inclusión Social, y quien tiene un hijo diagnosticado con parálisis cerebral, explica que “la discapacidad no puede seguir enfocada en la enfermedad o la patología, en la dicotomía de lo normal y lo anormal que no se articule con lo social, y debe superar la idea de que el cuidado es casi labor exclusiva de la mujer”.

Deisy Ramírez, creadora de la Fundación Mi Mundo Ideal, en la que trabaja con cerca de 100 niños, adolescentes y adultos con discapacidades, sus familias y cuidadoras, dice que “el papel del cuidador no se puede resumir a una dupla con la persona a ser cuidada, sino ampliarse a un entorno cuidador, en el que actúan varias personas. El cuidador, que suele ser la mamá, la tía o la abuela, también debe tener espacios de descanso o de ocio; las cuidadoras no deberían vivir dos vidas, sino vivir su vida y ser apoyo de otras personas”.

Por su parte María Alfonsina Angelino, investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina) y magíster en Trabajo Social, recalca que “también hace falta dejar de hablar de la discapacidad como una tragedia o una carga. La política debe romper la noción de discapacidad como una característica aparte y migrar a una condición que se articula a otras; la vida no cabe en un diagnóstico, sino que este es parte de la vida, todavía se discute si una persona con discapacidad tiene derechos sexuales, educativos, de trabajo y ocio, entre otros”.

Durante el evento organizado por la UNAL, las expertas confluyen en que el debate sobre las políticas públicas de la discapacidad se debe abrir a otros escenarios, no solo desde la salud o la educación, sino en la infraestructura, en el deporte o en la justicia. Además, que no se debe limitar a programas puntuales, pues se debe trabajar por políticas de Estado que vayan más allá del gobierno de turno.

(Por: fin/AMV/MLA/LOF
)
N.° 218

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