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Plantean modelo de reparación integral para las víctimas de desaparición forzada

Propósitos como tener en cuenta a las víctimas, establecer el daño causado, y brindar una reparación integral, diferenciada y transformadora, forman parte de esta propuesta que serviría para desarrollar políticas públicas que sean consideradas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Bogotá D. C., 13 de octubre de 2017Agencia de Noticias UN-

En Colombia se registran más de 160.000 víctimas de desaparición forzada.

Las familias esperan conocer la verdad sobre lo que pasó con los desaparecidos.

Mauricio Mejía, doctor en Derecho de la U.N. (Foto: Ricardo González / Agencias de Noticias UN).

La reparación a las víctimas quedó establecida en el Punto 5 del Acuerdo de Paz.

Es necesario que las víctimas retomen sus proyectos de vida y superen la exclusión y la pobreza.

El Registro Único de Víctimas reporta que para el mes de octubre del 2017 se han denunciado 167.881 desapariciones forzadas en Colombia. Ante esto, en el Punto 5 del Acuerdo Final de Paz se estableció crear la “Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas” y satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación integral.

Según explica Mauricio Mejía, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), las víctimas de este delito tienen muchas expectativas y no esperan una reparación basada en pretensiones económicas, sino que buscan encontrar a sus familiares, esclarecer los hechos y reconstruir sus proyectos de vida.

Para esto, plantea un modelo con los criterios que se deben tener en cuenta para realizar una reparación satisfactoria. Primero se debe establecer de qué tipo de víctima se trata: directa (la persona desaparecida), indirecta (sus familiares) o potencial (personas propensas a ser víctimas). Segundo, reconocer si se produjo un daño inmaterial (moral, psicológico, físico, al buen nombre, entre otros) o material (daño al patrimonio familiar, lucro cesante, entre otros).

De esta forma se podrá proyectar un enfoque reparador que considere las diferencias de las víctimas, como por ejemplo el contexto étnico y cultural, ya que de esto dependerán las condiciones de su reparación.

“Los afectados deben recibir acción sin daño para que durante el proceso no sean revictimizados; también acompañamiento psicosocial y protección a las mujeres, niños y adolescentes que estén propensos a la vulneración de sus derechos”, aclaró el doctor Mejía.

Además de estos criterios, el modelo incluye la formulación de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

“La reparación debe ser transformadora, es decir que las víctimas no deben regresar al estado anterior, en el que ocurrieron los hechos, sino que, por el contrario, su situación debe mejorar, dándoles la posibilidad de superar su situación de pobreza y exclusión”, comentó.

Entre las medidas de satisfacción se puede incluir, por ejemplo, la obligación que tiene el Estado de reparar a las víctimas entregando de una manera digna los cuerpos óseos a sus familiares. Así mismo, garantizarles que no volverán a ser vulnerados por este delito y brindarles una indemnización económica por los gastos que han tenido en la búsqueda de sus familiares.

Para consolidar esta propuesta, el doctor Mejía realizó un profundo análisis sobre la desaparición forzada en el país, las implicaciones que ha tenido en el contexto colombiano y la definición de justicia transicional y reparación integral.

Con un recorrido histórico desde 1977 hasta 2010, también constató que la desaparición forzada se considera como un crimen de Estado. Para ello abarcó tres momentos importantes: el Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala, la expansión del paramilitarismo, y el periodo de Seguridad Democrática, cuando se motivó a las fuerzas del Estado a presentar resultados por parte de las brigadas de combate para que recibieran beneficios, lo que dio lugar a los mal llamados falsos positivos.

“Un crimen de Estado implica que agentes del propio Gobierno son los que cometen el delito, a pesar de ser garantes de la protección de los derechos fundamentales. Pueden ser culpables por acción u omisión, es decir que los miembros del Estado son los que adelantan la desaparición forzada o no previnieron que sucediera este hecho por parte de guerrillas, paramilitares, o grupos de narcotráfico y delincuencia común”, amplió.

Las experiencias internacionales de países como Argentina, Chile, Guatemala, Perú y El Salvador también sirvieron de insumo para crear el modelo, ya que han pasado por la situación de reparar a las víctimas de este delito.

“Son más de 40 años con esta problemática en Colombia, esta es la oportunidad de que los familiares de las víctimas puedan conocer la verdad, tener justicia y ser reparadas dentro del Acuerdo que se dio en La Habana y que ya se está poniendo en marcha”, resaltó.

(Por: fin/VC/dmh/LOF
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