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Planes de ordenamiento tambalean en pro de los privados

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) están perdiendo su sentido por una sucesión de decretos nacionales o de disposiciones legales que responden a problemas coyunturales de los agentes privados.

Bogotá D. C., 15 de marzo de 2010Agencia de Noticias UN–

Aún el precio de la vivienda de interés priotaria es inalcanzable para la mayoría de las personas más probres del país.

En la actualidad la vivienda de interés social tiene más proyectos en ejecución que la vivienda prioritaria.

Los desplazados son el grupo más vulnerable por la falta de techo propio.

Esa es una de las conclusiones de María Mercedes Maldonado, experta en desarrollo territorial y docente del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia, quien participó en el foro Relación Nación-municipios, ordenamiento territorial y regulación de los usos del suelo.

La abogada se sustenta en hechos como que la Secretaría de Planeación Distrital expidió el 25 de noviembre de 2009 una circular en la que afirmó la competencia del Gobierno Distrital para ordenar su territorio al precisar los límites de aplicación en Bogotá del Decreto 4065 de octubre del 2008, expedido por el Gobierno nacional.

Este decreto eliminó la obligación de formular planes parciales para ciertos terrenos, en contravía con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá.

Según expresa la abogada en un documento sobre lo concluido en el foro, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial controvirtió la circular alegando que el Decreto 4065 tiene por finalidad lograr que se produzca vivienda de interés social, que en Bogotá se encuentra estancada por la lentitud en la expedición de los planes parciales.

Además, dice, el Ministro alertó que la circular traerá como efectos que no se utilicen los subsidios nacionales y que los desplazados no puedan acceder a una vivienda, según aseguró en entrevista concedida a la emisora La W, el pasado primero de diciembre.

“No es difícil estar de acuerdo con los fines que persigue el Ministerio, pero, aún así, cabe la duda de si la argumentación es suficiente para romper una arquitectura institucional construida en el país en el largo plazo, basada en principios descentralistas y de autonomía municipal”, argumenta la docente del IEU.

La experta se pregunta, además, qué tanto se cumple el reiterado argumento de la producción de vivienda de interés social asequible a los más pobres si se liberan los terrenos de planes parciales. Hoy la vivienda de interés social (VIS) oscila entre $34 y $67 millones, y la vivienda de interés prioritario (VIP) tiene un precio hasta de $34 millones.

Teniendo en cuenta esta diferencia, se puede resaltar que en los argumentos del Viceministro, Camacol y las autoridades distritales, hay un vacío significativo: se habla mucho de VIS y poco de VIP.

“La vivienda de más bajo precio que hoy se construye en Bogotá es de $25 millones, que resulta inaccesible en las condiciones financieras establecidas por la política nacional, por lo menos para el 30% de los hogares bogotanos. Solo 6% de las viviendas construidas formalmente en Bogotá desde el año 2000 han tenido precio inferior a $25 millones (18.500 unidades en 9 años cuando se necesitarían unas 14.000 anuales)”, detalla Maldonado.

El 17% de las viviendas construidas (54.000 en total), en el mismo periodo, presentan precios entre $25 y $34 millones. La VIS representa el 36% del total, 110.000 viviendas en el periodo, o sea casi 12 mil viviendas al año, un importante porcentaje con precios superiores a $50 millones, y muchas cerca del tope.

“Hay oferta suficiente para hogares de estratos medio-bajos y es casi inexistente para los más pobres, como los desplazados”. María Mercedes Maldonado asegura que con la eliminación de los planes parciales y sus obligaciones urbanísticas, los precios del suelo se elevan y dificultan aún más la producción de VIP.

Ella hace un llamado para que los gobiernos, nacional y distrital, reconozcan que, para que el objetivo de llegar a los más pobres deje de ser simple retórica, hay que buscar alternativas de fondo a la actual política de vivienda, en lugar de reiterar un esquema que no funciona.

Quienes quieran conocer el documento completo sobre las conclusiones del pasado foro Relación Nación-municipios, ordenamiento territorial y regulación de los usos del suelo, pueden consultar la página web: www.institutodeestudiosurbanos.com.

(Por: Fin/capg/feb
)
N.° 895

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