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ONG y Estado no articulan acciones para atender sectores informales

El asentamiento de Granizal, en Bello (Antioquia), es considerado como el segundo más grande de Colombia después de Altos de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca). A pesar de que recibe atención del Gobierno, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la academia, las mejoras en la comunidad no son tan efectivas.

Medellín, 06 de febrero de 2018Agencia de Noticias UN-

En Granizal habitan cerca de 22.000 personas. Foto tomada de: goo.gl/JSmcmz.

Habitantes de Granizal llegaron al sitio creyendo que era territorio de Medellín, pero está ubicado en Bello. Fotos: cortesía Isabel Cristina Serna Montoya.

La mayoría de los pobladores son víctimas de desplazamiento por el conflicto armado nacional e intraurbano de los años noventa.

El asentamiento informal se empezó a conformar en 1996.

Varias ONG trabajan con diferentes públicos objetivo. Foto tomada de: goo.gl/rfkuuQ

Isabel Cristina Serna Montoya, estudiante de la Maestría en Estudios Políticos de la U.N. Sede Medellín. Foto: Unimedios.

La falta de coordinación interinstitucional evita cambios a mediano y largo plazo para superar la inequidad social, la pobreza y la exclusión en este territorio de aproximadamente 3.700 viviendas y alrededor de 22.000 habitantes, ubicado en límites entre Medellín y Copacabana.

Por ser informal, en la vereda Granizal hay inequidad social respecto al acceso y la cobertura de servicios públicos, salud, educación, oportunidades de empleo y recreación.

Isabel Cristina Serna Montoya, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Medellín, analizó la coordinación interinstitucional en la zona y encontró que las organizaciones deben retroalimentarse y trabajar juntas para superar o mitigar problemas sociales como los que se presenta allí.

Según la investigadora, históricamente las instituciones gubernamentales llamadas a liderar las intervenciones en esos aspectos se han escudado en la condición de ilegalidad y falta de regularización de la propiedad, que son las principales estrategias para que se puedan dar cambios estructurales y duraderos. Sin embargo estos implicarían un estudio más a fondo de las condiciones socioeconómicas de la población.

Además la presencia de grupos al margen de la ley que controlan el territorio limita la acción de las instituciones.

Diversas intervenciones

Aunque en la actualidad no se han identificado programas o proyectos que conduzcan a la atención de necesidades políticas y sociales de manera permanente, varias instituciones han hecho intervenciones en la comunidad. Entre ellas figuran, por ejemplo, la Alcaldía de Bello, encargada de la atención humanitaria y de emergencias, y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que ofrece atención médica principalmente en los sectores Altos 1 y 2.

Allí se encuentran también ONG internacionales como World Vision, enfocada en la niñez, o la Fundación Techo, orientada solo a la vivienda.

Como las instituciones que trabajan programas sociales en Granizal tienen una población objetivo diversa, no conversan entre sí. Al respecto, una de las conclusiones de la investigación alude a que “por estar enfocadas en un sector no van más allá en la atención de problemáticas como el abuso, la explotación y el maltrato. Sin embargo el Estado tampoco se ha encargado de este aspecto y les ha delegado esa función”, agrega.

Para lograr cambios estructurales a mediano y largo plazo, el principal reto es trabajar de manera articulada para optimizar recursos y evitar desarrollar procesos similares.

En ese sentido, el reto es tener en cuenta a la comunidad, “puesto que el Estado, al designar como operadores a otras instituciones no gubernamentales, desconoce a los habitantes del sector, su historia, su arraigo y las condiciones del desplazamiento y de víctimas que existen allí”, afirma.

Hacerlo es importante si se tiene en cuenta que la falta de coordinación se puede convertir en un problema central relevante en ciencias políticas, debido a que en asentamientos informales la vulneración de derechos y otros aspectos se convierten en laboratorio social para entender las dinámicas de un territorio.

El trabajo deja una recomendación particular para las instituciones: trabajar con base en criterios más técnicos, compartir los diagnósticos y socializar los proyectos trabajados para permitir que las intervenciones tengan impactos a mediano y largo plazo.

Para obtener información, la magíster hizo observación y entrevistas a representantes de instituciones identificadas en Granizal. Las preguntas focales fueron: ¿cuál es su población objetivo, cuánto tiempo durarían sus proyectos en el territorio, cuáles son sus retos y desafíos, y cuánto tiempo de creación tienen como organización?, entre otros aspectos.

(Por: Fin/KAGG/MLA/LOF
)
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