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Medioambiente

ONG y academia fortalecen defensa constitucional del ambiente

Tanto las organizaciones étnicas y ambientalistas como la academia son vitales para avanzar con efectividad en la defensa de la Constitución y de los estándares internacionales en derechos ambientales.

Bogotá D. C., 10 de julio de 2020Agencia de Noticias UN-

La Corte Constitucional de Colombia reconoce que la legislación que se expida debe estar acorde con los postulados ambientales.

El derecho y el Estado deben proteger ante la amenaza de la explotación y el agotamiento de los recursos naturales.

El autor se pregunta si el control constitucional ambiental es lo suficientemente profundo.

Mediante actos administrativos, el Estado toma importantes decisiones que pueden afectar el ambiente.

Las organizaciones sociales hacen valer la constitucionalidad de las acciones que intervienen sobre el ambiente.

“Algunos casos escapan a la vigilancia constitucional de la Corte”, explica el abogado Luis Fernando Sánchez, docente ocasional de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en su libro El derecho al ambiente sano: esquemas de reconocimiento constitucional y mecanismos judiciales de protección en el derecho comparado.

Según el autor, “de manera residual, estos casos terminan en manos del Consejo de Estado; la relevancia radica en que, mediante estos actos administrativos, el Estado se las ha arreglado para tomar decisiones que pudieron afectar al ambiente”.

Al respecto, recuerda casos como el de la autorización para fumigar con glifosato en parques naturales, mediante la Resolución 013 de 2003 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

En efecto, los hechos de inconstitucionalidad hacen que el debate se extienda más allá de la discusión legislativa. Sin embargo, las organizaciones sociales han jugado un papel clave para llevar la discusión a los parámetros de la Constitución, con el fin de avanzar en una protección efectiva y un reconocimiento de estos derechos que deben ser protegidos, en primera instancia, por el legislativo y el ejecutivo.

“Eso también muestra la transformación de los movimientos sociales, pues ellos han aprendido de estos instrumentos y los combinan con otros, aunque los primeros litigios fueron bastante tímidos. Sin embargo, en Colombia hemos avanzado a litigios más recientes como el de cambio climático en la Amazonia o Cerrejón”, agrega el profesor Sánchez.

La investigación también amplía este enfoque desde el ámbito internacional y menciona que muchas organizaciones sociales dudan de los perfiles de los jueces de tribunales federales de los Estados Unidos. El argumento radica en que entre 2003 y 2004, el 10 % de los casos tenían relación directa con el medioambiente, y la mayoría se decidieron por un solo voto. “Esto evidencia la fragilidad con la que algo puede aprobarse o desaprobarse y es un problema que se hace evidente ante la presencia de estas organizaciones sociales”, destaca el investigador.

Plantea además cuáles son las relaciones entre el derecho al ambiente sano con los derechos de primer orden y cuál ha sido el debate para agregar el primer derecho mencionado al grupo de los derechos fundamentales.

Aunque los derechos fundamentales tienen instrumentos fuertes para su defensa, como la acción de tutela, el académico se pregunta por qué la acción popular –usada como medio para la defensa del ambiente– es inferior a la tutela para el derecho al ambiente sano y aclara que la respuesta todavía no es clara.

Aunque la discusión sobre la cualidad del derecho al ambiente sano se ha puesto en debate recientemente, las organizaciones sociales han llevado su lucha desde una perspectiva constitucional que valida que las acciones que se van a tomar estén dentro de este marco, por lo que los diferentes vacíos se constituyen en un obstáculo para las comunidades.

(Por: fin/SRB/MLA/LOF
)
N.° 674

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