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No aplicar las normas aumenta la corrupción

El problema de la corrupción en Colombia no obedece a la falta de normas de control, sino al poco cumplimiento que se les da a las más de 20 medidas que regulan, prohíben, penalizan o restringen aspectos relacionados con este flagelo y a dos estatutos anticorrupción, a los cuales se suman leyes que adhieren a tratados internacionales.

Medellín, 23 de abril de 2021Agencia de Noticias UN-

Con la Constitución de 1991 se crearon normas para el control de la corrupción, pero aún no son aplicadas. Fotos: Unimedios.

La ciudadanía requiere mayor conocimiento de lo público para mejorar el control social.

A pesar de tener más de 23 leyes contra la corrupción, en siete años más de 6.000 funcionarios fueron sancionados por los entes de control.

En la década de 1980 la corrupción estaba vinculada al narcotráfico; en los últimos años se posicionó como fenómeno trasnacional (caso Odebrecht).

“Los medios de comunicación deben mejorar en su papel como formadores de ciudadanos críticos”, propone la investigación.

A esta conclusión llegó un estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, en el cual se analizaron las causas y manifestaciones de este fenómeno antes y después de la Constitución de 1991.

“Con la Constitución, que está cumpliendo 30 años, se crearon nuevas herramientas de control, pero los corruptos se adaptaron a ellas para seguir sacando provecho”, declaró Carlos Alberto Vélez, magíster en Estudios Políticos y autor del estudio.

Durante la investigación se analizaron documentos y reportes de medios de comunicación y se ratificó que la corrupción es un mal que ha aquejado al Estado casi desde su misma fundación.

El estudio evidenció que en las últimas tres décadas del siglo XX la corrupción estuvo asociada con el narcotráfico, pero que luego fue creciendo y vinculando actores privados (casos como DMG o Interbolsa) y transnacionales como Odebrecht, en las que privados coartaron a los representantes del Estado para obtener contratos.

El magíster Vélez señaló que la Constitución de 1991 llegó después del Frente Nacional –pacto político con el que los partidos Liberal y Conservador se repartieron el poder durante 16 años–, y que para ese momento algunos sectores de la sociedad ya cuestionaban que la participación en política fuera reducida.

“Entonces se buscaron herramientas para mejorar esa participación con la elección popular y se crearon entidades de control como la Procuraduría y la Contraloría. El problema es que los elegidos –en este caso Congreso, Asambleas y Concejos– terminaron participando de la designación de los representantes de esos organismos y el cargo termina politizado, con funcionarios que llegan como cuotas y que a su vez deben nombrar las cuotas de quienes los eligieron. Muchos usan esos cargos como plataformas políticas para lanzarse luego a cargos de elección popular”, manifiesta el autor del estudio.

Durante la investigación se analizaron los Cuadernos de Fedesarrollo, en los que se reseñó que en solo siete años (entre 2009 y 2016) la Procuraduría impuso 6.163 sanciones disciplinarias, de las cuales 1.663 fueron para alcaldes, 1.148 para concejales, 401 para secretarios de despacho, 322 para docentes, 298 para integrantes de las Fuerzas Militares, 295 para gerentes de empresas públicas, 201 para personeros, 106 para gobernadores y 1.719 para otros funcionarios.

En ese mismo periodo la Fiscalía recibió 3.966 denuncias por delitos relacionados con el patrimonio público, tales como cohecho, omisión de agente retenedor o recaudador, peculado y concusión. Y en 2019 se solicitó la apertura de 31 investigaciones contra igual número de congresistas por casos de corrupción que iban desde delitos electorales hasta desfalcos al sistema de salud y recepción de sobornos de empresas como Odebrecht.

Esos hechos, según cita el informe, han ocurrido a pesar de todas las normas expedidas en Colombia contra la corrupción, a las que se suman los estatutos anticorrupción promulgados por los expresidentes Ernesto Samper (Ley 190 de 1995), quien para la fecha era investigado por recibir dineros del narcotráfico durante su campaña electoral, y el de Juan Manuel Santos (Ley 1474 de 2011). Este último estableció 74 faltas gravísimas para los servidores públicos y estipuló sanciones como destitución del cargo e inhabilidad.

“En Colombia también hay cuatro leyes que aprueban tratados internacionales contra la corrupción o el soborno transnacional. A pesar de todos esos mecanismos y leyes la corrupción no se acaba, y es como si buscara abrirse nuevos caminos”, agregó el investigador Vélez.

Al Respecto, planteó la necesidad de que los ciudadanos entiendan su papel en la democracia y conozcan más de los asuntos públicos para poder consolidar al país como un Estado social de derecho.

“Otra de las sugerencias es que los medios mejoren en su rol como mecanismos de denuncia, control y seguimiento, y contribuyan a la formación de ciudadanos más críticos”, concluyó.

(Por: fin/VRB/MLA/LOF
)
N.° 842

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