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La tercera parte de la inversión en Panamá procedería de Colombia.

Colombia ya anunció una investigación a más de 800 personas ligadas a empresas asentadas en paraísos fiscales.

La OCDE reseña una docena de paraísos fiscales en la región, pero registra 36 en todo el mundo.

La naturaleza de desarrollo en paraísos fiscales, asociados como sitios turísticos, es más financiera que política.

El escándalo hizo renunciar al primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson

A estrategias como estas podría traducirse el llamado del presidente de la República, Juan Manuel Santos, a “ser más audaces y agresivos” en el intercambio de información, tras el escándalo de los llamados ‘Papeles de Panamá’, documentos que dan cuenta de centenares de personas y personalidades de todo el mundo con activos en los llamados paraísos fiscales, y entre los que aparecerían 850 colombianos.

Si bien varios países ya han iniciado investigaciones y, de hecho, el escándalo ya cobró el puesto de un primer ministro (en Islandia), Colombia debe encontrar medidas efectivas y duraderas que hagan posible la declaración de bienes de quienes tienen activos en esos sitios.

Según el investigador Orlando Villabona, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, el país debe retener altos porcentajes (incluso hasta el 100 %) a quienes hagan esos giros, que suelen ser de grandes cantidades de dinero y que, de otra forma (como trasladarlo en efectivo), no podrían llegar a esos paraísos, porque serían decomisados.

La ofensiva colombiana al respecto mostraba que, hasta 2012, “el país tenía rastreadas apenas el 35 % de las operaciones internacionales”, advierte el docente.

“Acrecentar retenciones y multas desestimularía la necesidad de llevar esos activos a los paraísos, por lo que no habría razón o ganancia para no declararlos en Colombia”, señala el profesor Villabona.

Con estos condicionantes para que los recursos traspasen las fronteras, dice, los países receptores podrían verse en la obligación de empezar a entregar información a los países perjudicados por evasión de impuestos.

Sin embargo -admite-, la posibilidad de obtener información podría depender de cierta persuasión que puedan ejercer organismos como la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico), que está tratando de arrinconar a los llamados paraísos fiscales, para incidir en la fuerza de cada Estado a la hora de suministrar información.

Aun así, uno de los mayores inconvenientes alrededor del tema es la calidad de la información que se suministre, ante lo cual no se puede tener certeza sobre la totalidad de la misma.

La inyección de audacia que debe aplicar el gobierno colombiano, según el profesor Villabona, es propender por acuerdos claros y definidos, con los cuales esos países o territorios “le suministren la información de cada colombiano, qué plata tiene en el paraíso fiscal, si ha hecho facturación desde ese lugar a través de empresas que pueda tener y de qué monto ha sido”.

Aunque los paraísos fiscales pueden ser puestos contra las cuerdas para que suministren información, uno de los atenuantes es que estos “no tienen una tendencia política sino financiera, y su naturaleza es desarrollarse a través de los recursos que les depositan los extranjeros”, comenta el académico.

En su concepto, la incidencia de los paraísos fiscales es que se trata de estados, pero también de territorios no autónomos, de baja tributación para la inversión foránea y que, en esos casos, se valen del secreto bancario.

Según la Red de Justicia Tributaria, la evasión representaría cerca de 6.000 millones de dólares menos de recaudo anual tributario, y buena parte se da por los recursos escondidos en paraísos fiscales del Caribe.

En el caso de Colombia, la mayoría de recursos escondidos podrían estar distribuidos en una docena de los llamados paraísos fiscales de la región, que sin embargo no son los únicos. La OCDE tiene reseñados 36 en distintas geografías que incluyen Mónaco, Luxemburgo, San Marino, Samoa y Maldivas, entre otros. Algunas investigaciones periodísticas dan cuenta de estimativos cercanos a los 95 billones de pesos de recursos colombianos, ocultos en todo el mundo.