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El lenguaje técnico que manejan peritos y jueces de la República obstaculiza los casos judiciales. Fotos: archivo particular.

El caso de estudio es la demanda de una familia a la empresa de energía de la ciudad por la instalación de un transformador de energía.

El caso pasó a manos de la Corte Constitucional, que resolvió proteger los derechos de la familia.

Andrés Ricardo Beira, magíster en Estudios Sociales de la Ciencia de la U.N. Foto: Ricardo González – Unimedios.

Los peritos siempre fueron claros en su mensaje de que la causa de las electrocuciones estaba exclusivamente en el extractor de humos.

Esta fue una de las primeras conclusiones a las que llegó Andrés Ricardo Beira, magíster en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien estudió el caso de una familia que demandó a la empresa de energía de la ciudad porque esta compañía tiene instalado en el piso inferior de su apartamento unos equipos, entre ellos un transformador. La familia le atribuye a estos aparatos una serie de anomalías eléctricas que se presentan en su casa, además del riesgo de una explosión de gran magnitud en el edificio.

Según el investigador, la familia obtiene el favor de un primer juez de tutela, quien ordena y hace efectivo el retiro del transformador. Posteriormente, la empresa apela la decisión en una segunda instancia y este nuevo juez anula el fallo inicial atendiendo los argumentos de esta.

El caso llega finalmente a la Corte Constitucional, la cual resuelve a favor de la familia protegiendo sus derechos y dando órdenes perentorias a la empresa de energía.

Entre los asuntos técnicos objeto de la controversia está el riesgo de contaminación y perjuicio a la salud por radiación electromagnética, las electrocuciones, el riesgo de explosión e incendio por contacto con gas y el incumplimiento de normas, sin mencionar la controversia jurídica y la alusión a otros riesgos de orden más económico y social.

En relación con las electrocuciones, específicamente, se podría decir que el lenguaje técnico fue claro, porque “al final” el diagnóstico dado por la U.N. quedó corroborado. Los peritos siempre fueron claros en que la causa de las electrocuciones radicaba exclusivamente en el extractor de humos y la “culpa” reside en la instancia judicial y la incapacidad de entender los aspectos técnicos.

La respuesta al derecho de petición, por ejemplo, mostró el uso del discurso científico. La empresa respondió nombrando algunos estudios que sugieren la inocuidad de los campos electromagnéticos (CEM) producidos por las instalaciones eléctricas, sin asegurarse si por “radiaciones” la familia se refería a los CEM, además de mencionar el campo magnético de la tierra y las radiaciones electromagnéticas producidas por los rayos.

El investigador señala que la empresa aseguro que “CEM hay por todas partes y que incluso nuestros electrodomésticos los producen”. Agregan que luego de revisar la literatura científica “no se ha podido establecer los riesgos por exposición a campos… en las intensidades en los que normalmente se presentan en la realidad”.

Si admitimos una disonancia entre lo que quisieron decir los peritos y lo que entendieron los jueces no podemos puntualizar la causa en un solo actor, sino en la cadena de traducciones, agrega el estudiante. “El formato” que medió la comunicación entre los técnicos y los jueces también contribuyó en la construcción de responsabilidades, detalla.

En la respuesta a la pregunta de si los contadores de gas ubicados frente a la subestación suponían un riesgo, afirmaron que la instalación de gas no estaba clasificada como de riesgo, pero a la vez dijeron que con el transformador existía el peligro de un incendio. “La retórica estratégicamente prudente de los peritos contribuyó a construir la responsabilidad de la empresa”, indica el investigador.

El estudio también evidenció que la estrategia de la empresa de energía fue a la vez exitosa y fracasada, pues la compañía se esforzó por problematizar la dimensión técnica del caso dirigiéndola hacia un asunto de “creencias” de la familia demandante y desvirtuando los argumentos científicos.

El investigador agrega que esto le permitió a la empresa pasar la controversia hacia un terreno en el que el conocimiento era incierto; a la vez, conectar con jurisprudencias y estudios técnicos que fortalecían su posición ponía a los demandantes como “ignorantes e irracionales”.