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Justicia especial indígena se fortaleció con la Constitución de 1991

Aunque ancestralmente ya existía una jurisdicción especial, fue solo hasta 1991 cuando se incluyó en la Constitución Política para que, a través de sus autoridades, costumbres, normas y procedimientos de derecho propio, los pueblos indígenas resuelvan sus conflictos según su visión.

Bogotá D. C., 09 de marzo de 2021Agencia de Noticias UN-

La Constitución de 1991 reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para administrar justicia. Foto: Brandon Pinto - Unimedios.

El área de influencia de esta justicia no es solo los límites de resguardos, sino las zonas de influencia ancestral. Foto: Unimedios.

Aunque en la Constitución se propone una ley de coordinación entre ambas justicias, no se ha logrado por la diversidad de comunidades. Foto: Unimedios.

En el país se registran al menos 115 comunidades indígenas con administración de justica diversa. Foto: Brandon Pinto - Unimedios.

Los jueces, magistrados y fiscales confieren o no la competencia a la jurisdicción especial indígena. Foto: Unimedios.

“Esto es importante porque sus dimensiones culturales y espirituales trascienden los asuntos penales”, señaló la abogada Diana Remolina, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), durante la Cátedra Unesco de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

No se puede olvidar que, dentro del derecho propio, las comunidades indígenas suelen resolver los temas de familia, disputas de tierras o ambientales con una mirada comunitaria que involucra sus estructuras de gobernanza, procesos sociopolíticos y concepciones del mundo.

La Constitución de 1991 establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio siguiendo sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes.

La Carta avanzó hacia un modelo de pluralismo jurídico en el cual se reconoce la existencia de otras formas de derecho como la jurisdicción especial indígena, en consonancia con los derechos de los pueblos indígenas y tribales reconocidos por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en el Convenio 169 de 1989, relativos a la conservación de las costumbres y las instituciones propias.

Desarrollo de la jurisprudencia

Aunque el artículo 246 de la Constitución se refiere a dicha ley, 30 años después no se ha podido materializar debido a dificultades como la complejidad de diseñar un mecanismo aplicable a 115 comunidades indígenas que tienen maneras distintas de impartir justicia.

“Esa dificultad no ha impedido que la jurisdicción especial indígena funcione, porque desde 1994 las autoridades judiciales, como la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, han desarrollado la jurisprudencia y no está condicionada a una ley que lo habilite”, subraya la magistrada Remolina.

Al respecto, revela que una revisión de la Corte Constitucional a la ley estatutaria de administración de justicia adelantada en 2008, reconoció que las autoridades indígenas están investidas para administrar justicia y que gozan de autonomía para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio aunque no pertenezcan a la estructura orgánica de la rama judicial.

Desde ese reconocimiento se materializó el derecho a la autonomía, lo que implica no tener un superior jerárquico que puede desnaturalizar esos sistemas normativos indígenas, además se afianza el artículo séptimo de la Constitución, sobre el derecho y respeto a la identidad de los pueblos indígenas, su diversidad étnica y cultural.

Otro punto clave de la Corte Constitucional ha sido la materialización del fuero de las comunidades indígenas, en lo que hay amplia jurisprudencia para saber a quién le corresponde juzgar un hecho en concreto.

Para ello, se consideran elementos como el personal –que hace referencia a la pertenencia del acusado a una comunidad indígena–; el territorial es decir que los hechos ocurran en los resguardos indígenas y su territorio ancestral; el institucional, que hace referencia a autoridades, costumbres y procedimientos tradicionales, a la cohesión social, a que haya un concepto común de daño, protección al debido proceso y la eficacia de derechos de las víctimas; y un elemento asociado con la naturaleza del bien jurídico, para establecer si es parte de la comunidad indígena o de la sociedad mayoritaria.

Los jueces, magistrados y fiscales deben evaluar si se presentan esos elementos y confieren o no la competencia a la jurisdicción especial indígena.

Límites legales

La magistrada Remolina indicó además que aunque se garantiza la autonomía, no por eso las facultades son infinitas, hay límites en lo “verdaderamente intolerable” desde el punto de vista de garantías fundamentales en un consenso amplio, el derecho a la vida, la prohibición a la tortura, esclavitud, el debido proceso, etc.

“Desde el CSJ se ha diseñado un mecanismo de coordinación no legal, pero sí en la práctica, que nos permite estar en permanente contacto con los pueblos indígenas para identificar dificultades de coordinación entre la jurisdicción indígena y la ordinaria que permite un trabajo integral”, argumenta la magistrada.

“La Constitución abrió la posibilidad de un papel activo del poder judicial para la defensa del multiculturalismo, el reconocimiento, no exclusión y respeto, pero no creando derechos, sino verificándolos y avanzando en el respeto de la diversidad étnica cultural y el pluralismo jurídico”, concluye la jurista.

(Por: fin/AMV/MLA/LOF
)
N.° 625

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