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Política & Sociedad

Jueces deben fortalecer seguimiento a fallos sobre restitución de tierras

Aunque buena parte de los jueces se han preocupado por cambiar las condiciones de pobreza y exclusión de los desposeídos por la guerra, la implementación y el seguimiento judicial a las sentencias de restitución de tierras no han sido tan eficaces.

Bogotá D. C., 18 de octubre de 2017Agencia de Noticias UN-

El Estado debe impulsar políticas públicas de tierras que promuevan el acceso progresivo a la propiedad rural.

Las políticas públicas de tierras deben incluir reformas de fondo a los problemas estructurales del sector rural.

La política de restitución de tierras se basa en acciones judiciales de un periodo no superior a cuatro meses.

Las sentencias con enfoque de género siguen siendo una gran minoría.

Algunas de las decisiones analizadas fueron la recuperación del bachillerato agropecuario y la construcción de bibliotecas y escuelas en Cartagena .

El lanzamiento del libro ¿Corregir o distribuir para transformar? tuvo lugar en la Librería Lerner.

Así lo estableció una investigación en la que se analizaron 233 sentencias del Distrito Judicial de Cartagena proferidas entre 2012 y 2015.

En el estudio se constató que los jueces tenían diferentes metodologías para hacer seguimiento a las sentencias, por lo que “resulta necesario y urgente desarrollar un nuevo método que facilite el avance de lo ordenado en las sentencias”, según las  investigadoras. Ellas son Diana Isabel Güiza y Camila Santamaría, del grupo de investigación Derecho Constitucional y Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Bogotá.

Aunque el estudio destaca que dichas sentencias contienen algunos elementos de justicia distributiva con carácter transformador, considera que se trata de una tarea compleja, pues, según lo observado, los jueces no solo carecían de toda la información, sino que además tenían contradicciones entre la suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Como la falta de precisión en los linderos constituye una generalidad en el país, si se tiene en cuenta que más del 65 % de las tierras carece de información catastral, se debió adelantar un proceso de coordinación interinstitucional para solucionar este problema.

Cuando se formuló la Ley se pensó en proveer de instrumentos a las víctimas en caso de que se presentara un opositor, a quien se identificaba como “despojador”.

No obstante, la práctica de la URT y de los jueces reflejó que no todos los “opositores” eran “despojadores”, sino que a los procesos de restitución se oponían también “víctimas de despojo” sobre el mismo predio, o pobres históricos que habían ocupado los terrenos después de que el solicitante perdiera sus derechos.

Como respuesta a esta situación, los jueces generaron estrategias como la de entregar la tierra a uno de los reclamantes y recompensar monetariamente al otro; buscar predios con características equivalentes, o generar una serie de acciones en procura de recuperar el equilibrio entre las partes vulneradas, a partir de estándares reconocidos en el marco de los derechos humanos.

“En casos individuales, los jueces debieron comenzar a construir criterios para resolver esa falencia, y cuando se encontró que era una situación más habitual de lo normal, para la que no contaban con herramientas adecuadas, se expidieron distintas normas en el transcurso del proceso”, explica la investigadora Güiza, quien también se desempeña como docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N. Sede Bogotá.

La investigación también concluye que los jueces encargados de llevar los procesos no provenían del sistema judicial, sino que, por el contrario, en la mayoría de los casos habían sido recién nombrados y contaron con el acompañamiento de instituciones de educación superior como la U.N. o la Universidad del Rosario, y de ONG como Dejusticia.

Para la profesora Güiza, “los procesos de restitución de tierras deben ser pensados como macroprocesos, con independencia de si se trata de la etapa judicial o anterior a ella, para que el Estado pueda construir patrones de despojo, según el reto que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual está concebida para mostrar patrones de violaciones a los derechos humanos.

Los resultados de la investigación se recogieron en el libro ¿Corregir o distribuir para transformar? Una concepción de justicia para la política pública de restitución de tierras en Colombia, que forma parte de la Colección Gerardo Molina, publicada por el Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico–Sociales Gerardo Molina (Unijus) y la Editorial UN, cuyo lanzamiento tuvo lugar en la Librería Lerner.

(Por: fin/JCMG/MLA/LOF
)
N.° 626

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