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Guía facilitaría inclusión laboral de desmovilizados

Una guía que contempla opciones de formación para el empleo y apoyo a emprendimientos, entre otras estrategias de inclusión laboral para desmovilizados de grupos armados ilegales, a partir de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), busca convertirse en referencia a nivel nacional.

Manizales, 05 de marzo de 2021Agencia de Noticias UN-

El proceso de paz marcó la oportunidad de llevar tranquilidad a regiones azotadas por el conflicto armado. Foto: Unimedios.

Tolima padeció por cuenta de la violencia causada por guerrilla, el paramilitarismo y agentes del Estado. Foto: Unimedios.

Los empresarios vieron en la inclusión laboral un camino para vivir en armonía en las regiones que operan. Foto: Brandon Pinto - Unimedios.

El apoyo a emprendimientos es otro factor determinante en la inclusión laboral de exguerrilleros en el Tolima. Foto: Unimedios.

La industria de confecciones se convirtió en una aliada para crecer económicamente y generar ofertas laborales. Foto: Brandon Pinto - Unimedios.

Así lo plantea el administrador de empresas John César Morales, quien como secretario de Desarrollo Social de Fresno (Tolima) vivió la experiencia de la expectativa que generó entre la comunidad la presencia de exguerrilleros en el territorio.

Desde su cargo tuvo que construir una base de datos para hacer efectiva la inclusión en salud y educación de esta población, pero luego se enfrentó al reto de vincularlos al sector productivo, y se encontró con la resistencia de comerciantes y empresarios.

Esto lo motivó a desarrollar su trabajo de maestría en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, “El posacuerdo, un elemento para la inclusión laboral a desmovilizados, desde el enfoque de la RSE”, con asesoría del profesor Jaime Andrés Vieira.

El documento plantea que como método para reinsertarlas a la sociedad y evitar que se conviertan en reincidentes, no es suficiente con darles empleo a estas personas, sino también aplicar otras estrategias como promover emprendimientos y comprarles materias primas, entre otros.

“Todo es novedoso porque la investigación fue en 2019, los acuerdos se firmaron en 2016, ni siquiera están totalmente implementados. La literatura y el análisis bibliográfico todavía tenían vacíos y empezamos a abrir una brecha en esta investigación. Dentro de las zonas previstas en el Acuerdo hubo una, en el sur de Tolima, donde empecé a trabajar con la Gobernación para mirar qué estaban haciendo y cómo”, explicó el administrador Morales.

El ejemplo de Tolima

Sostuvo que se hizo un estudio de las confecciones en Ibagué, una de las industrias más grandes en esta capital y además uno de los cinco centros más importantes de producción textil del país. Para ello se reunió con gerentes y dueños de empresas y analizó su posición frente al Acuerdo, y si esto influiría en la vinculación laboral.

El investigador sostuvo que el Gobierno ya venía haciendo una inclusión laboral con el SENA, en la que se capacitaba a los desmovilizados y luego contactaban a las empresas para que los contrataran, aunque no indicaban la proveniencia de estos.

En su análisis encontró que las confecciones generan mucha mano de obra, y mientras la gran empresa estaba dispuesta a apostar por la vinculación laboral de exguerrilleros, la pequeña se resistía a hacerlo y prefería una vinculación comprándoles insumos o algún producto elaborado por ellos.

Otra situación que lo sorprendió es que los empresarios manifestaron no estar de acuerdo con lo pactado, aunque entendían la importancia de alcanzar la paz en la región apostándole a este proceso de inclusión.

Con este panorama, planteó la creación de una guía sobre cómo las empresas, a través de la RSE, podían vincularse desde distintos aspectos a este proceso. Al respecto, recuerda que si bien la Cámara de Comercio de Bogotá fue pionera en este tipo de documentos, para las regiones no existía.

En su trabajo encontró que los emprendimientos también eran una alternativa y que el sector de las confecciones podría adquirir insumos como botonería y apliques, entre otros. Además, estableció que aportar a fondos de promoción de estos negocios y transferencia de conocimiento específico es otra alternativa.

“Ya existen algunas experiencias con empresas que trabajan con madres cabeza familia, les ayudan en el montaje, las capacitan y contratan con ellas esa producción sin tener relación directa, que parece ser una de las mayores resistencias”, aclara el investigador.

En otros aspectos, encontró la posibilidad de la alfabetización laboral, que consiste en capacitarlos en distintos procesos, e identificó unas 20 posibilidades que los empresarios pueden desarrollar para darles trabajo a estas personas.

En un trabajo de campo realizado en 2019 se observó que los grandes y medianos empresarios tenían más apertura hacia la vinculación directa, pues veían la posibilidad de hacer crecer sus negocios en medio de un ambiente de seguridad y tranquilidad que brinda la paz.

Según la Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento, en el Tolima hubo 100.000 víctimas de desplazamiento forzado desde el inicio del conflicto en 1948. Una afectación que sufrieron fueron los señalamientos de ser guerrilleros por provenir de municipios en donde nacieron las FARC, como Planadas, al tiempo que sufrían de despojos, desplazamiento y asesinatos, entre otros delitos.

(Por: fin/LGH/MLA/LOF
)
N.° 612

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