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Análisis

Gobierno: responsable de las desmovilizaciones

Las denuncias sobre algunas falsas desmovilizaciones de grupos paramilitares en Colombia han generado polémica y han llevado a catalogar el proceso de negociaciones entre 2003 y 2006 como ficticio.

Bogotá D. C., 04 de abril de 2011Agencia de Noticias UN -

Carlos Medina Gallego, especialista en estudios de guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Foto: Unimedios

Según el economista Germán Valencia, profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, en diálogo con el programa UN Análisis de UN Radio, “los procesos de desarme y reinserción iniciaron después de la Segunda Guerra Mundial, con el interés de escoger personas que han estado en la guerra y puedan reinsertarse en la vida civil para cambiar su forma de ser, sus hábitos y, además, volverlos más útiles. Procesos que iniciaron desde 1980 en Colombia, cuando comenzaron los diálogos con las guerrillas”.

El analista explicó que el país ha comprendido un modelo que inicia con el desarme, sigue con la desmovilización y, finalmente, la reinserción, pero genera discusiones porque se habla, a veces, de reintegración, lo que permite a la gente ingresar nuevamente a la sociedad.

Por su parte, el especialista en estudios de guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, recordó cómo las guerrillas liberales se reinsertaron en los años 50 al aplicarse una ley de amnistía y de indulto a pesar de algunas resistencias; entre 1980 y 1985, en el proceso de paz de Belisario Betancur, algunos se desmovilizaron o se reinsertaron de manera personal. “Por su parte, en los procesos de paz que condujeron a la constitución del 1991 se lograron desmovilizaciones tras ganar un acuerdo político”, indicó.

Medina agregó: “En el proceso paramilitar se desmovilizan en el marco de una norma de la cual se deriva la constitución de los neoparamilitares, y quienes van por la delincuencia común, como las Bacrim (bandas criminales), usufructuando el terror, el miedo y la violencia”.

Valencia indicó cómo se modificaron todos estos procesos de diálogo después del 11 de septiembre de 2001, pues antes se reconocía el conflicto como una guerra civil, en la que existían interlocutores y negociaciones. Ahora es una guerra antiterrorista, en la que se tiene que someter. “En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubo un sometimiento de estas personas que querían reinsertarse a la vida y perdonar, pero lo que al principio parecía que era muy sencillo, porque iban a confesar y ayudar, pasó a un modelo en el que las victimas aparecieron como un actor”, advirtió.

Medina Gallego subrayó que mediante los mismos mecanismos con los que se adelantó la incorporación de militantes se provocó que un amplio número de personas, que no tenían que ver con la guerra, cumplieran el oficio de desmovilizados: “Se reclutó gente en distintas regiones para que se hicieran beneficiarios de las garantías que ofrecía la desmovilización, mientras los comandantes cogían otros rumbos. Asimismo, se aprovechó para que muchos narcotraficantes compraran frentes y se desmovilizaran para reinsertarse a la vida civil, lavar sus capitales, reintegrarse y pagar bajas penas por medio de la ley de justicia y paz”, enfatizó.

Ambos profesores coincidieron en la desconfianza que generan estos procesos, en los que el gobierno colombiano es el gran responsable: “Corresponde al Estado encontrar los caminos para que se puedan producir los procesos de desmovilización, desarme y reinserción, garantizando mediante una normatividad, cumplimiento a la institución y fundamentos políticos y éticos del establecimiento que no constituya un camino de impunidad; es decir, que no logre hacer justicia con las victimas y por tanto no sean reparadas moral, material e integralmente”.

En conclusión, los académicos indicaron que se deben estudiar los privilegios que se les pueden dar a los victimarios, las prebendas que se les puede dar por confesión de delito y la manera en que estos pagan esos delitos subsidiados por la justicia colombiana.

(Por: Fin/pap/feb/lrc
)
N.° 497

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