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En Colombia la gestión pública aún no equilibra lo urbano y lo rural.

Para Liliana Caballero, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, uno de los desafíos es la transparencia en la rendición de cuentas.

En el conversatorio del CID los expertos señalaron que en el posconflicto la inversión pública en el país debe ser integral: inversión más funcionamiento.

La gestión pública debe abordar problemas concretos y generar procesos y resultados.

El conversatorio sobre la gestión pública fue organizado por el CID, de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.

Estas fueron algunas de las percepciones planteadas durante un conversatorio organizado por el Grupo de Gobierno y Gestión Pública del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), en el que se habló sobre los retos que tiene la gestión pública en la etapa de posconflicto. 

Según los asistentes a este evento, un modelo de gestión pública en Colombia debería ser sistémico e integral; centrado en momentos y no en fases; enfocado en abordar problemas concretos y generar procesos y resultados; viable y bien informado. 

Los integrantes del Grupo de Gobierno y Gestión Pública coincidieron en afirmar que repensar la gestión pública en la etapa de posconflicto debería convertirse en una prioridad para el país; por eso es necesario reflexionar sobre cuál sería el modelo con el que deberían guiarse las autoridades nacionales, departamentales y regionales, para su adecuado funcionamiento. 

Durante el conversatorio, la doctora Liliana Caballero, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública y egresada de la Facultad de Derecho de la U.N., habló sobre la transición institucional para construir la paz. 

Según la funcionaria, para atender los retos de la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno nacional y las Farc, el Estado colombiano ha venido adecuando su institucionalidad mediante la creación y reforma de entidades, el ajuste de las estructuras de las plantas de personal y la creación de instancias y mecanismos de articulación, seguimiento y control para que la gestión pública tenga sustento técnico y jurídico, acorde con el nuevo panorama nacional. 

“Durante el conflicto armado las víctimas no solo fueron las poblaciones sino también las entidades del Estado que no podían llegar a muchos territorios para realizar su trabajo. Fue el caso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que solo operaba en medio país”, indicó la funcionaria. 

En tal sentido considera cuatro desafíos centrales que corresponden al punto 6 del Acuerdo de La Habana: 1) desarrollar y fortalecer capacidades del talento humano al servicio del Estado, 2) que la rendición de cuentas sea transparente, 3) que exista diversidad e inclusión en el empleo público y 4) arquitectura institucional para el posconflicto. 

Indicadores efectivos 

El profesor Jairo Iván Peña, director del Grupo de Gobierno y Gestión Pública, recalcó que una nueva gestión pública debería centrarse tanto en procesos y resultados, como en indicadores efectivos y claros que midan la acción institucional. Además esa gestión no debe ser endogámica, es decir solo con la participación del Estado y el Gobierno, sino que, por el contrario, debe involucrar diversos actores sociales. 

Esto es más necesario en el posconflicto porque las regiones afectadas por la violencia tienen una débil institucionalidad y gobernabilidad. Aquí la pregunta es: ¿cómo hacer gestión pública en esas zonas? 

El profesor Édgar Osvaldo Bejarano Barrera, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N., expuso que “si bien se esperaría una paz inmediata, lo real es que el posconflicto se debe pensar en dos dimensiones centrales: una temporal y otra espacial. Por un lado no se puede esperar que una guerra de 50 años se resuelva en ocho días; estamos en una etapa en la que los acuerdos se deben afinar y validar legalmente, pero luego siguen otros tiempos relacionados con la normalización y la inclusión, que es la parte más compleja”. 

El decano añadió que esta nueva era de pacificación le atañe no solo a las regiones afectadas sino a todos los colombianos, y desde otra perspectiva, en lo espacial se abre la oportunidad de incluir territorios que nunca han estado dentro de la vida nacional, que han estado en otra Colombia: “esto nos exige nuevas tareas, como descubrir nuevos lugares, personas, actividades y realidades que hasta ahora se han mantenido al margen”, señaló el académico. 

Institucionalidad en las regiones 

En relación con la educación superior, el profesor Bejarano aseguró que esas brechas entre regiones se hacen evidentes en hechos como que el 46 % de las universidades del país se concentran en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín, ciudades que comprenden cerca del 7 % de la población universitaria (calculada para 2016 en 1.500.000 estudiantes). 

En este caso, la nueva gestión pública tendría que considerar la acción en los territorios menos favorecidos para llevar mayor institucionalidad en todos los aspectos, agregó. 

Respecto a la ponencia de Edinson Romero, investigador del CID, se destacan varios puntos, entre ellos que se requiere una articulación armoniosa, concordante y coherente entre los planes y presupuestos para obtener resultados de desarrollo. De lo contrario se seguirán presentando casos en los que se planean y construyen colegios, pero no existe presupuesto para contratar profesores ni personal administrativo. 

Otro punto es que en el contexto de los problemas del desarrollo la gestión pública se debe enfocar en obtener resultados de efecto e impacto que beneficien a la población. También es necesario trascender la concepción limitada del proyecto hacia una de acción integral, y además la composición y ejecución de la inversión pública sebe ser integral: inversión más funcionamiento. 

El profesor Jairo Rodríguez, investigador del CID, concluyó en el evento que los sistemas de gestión deberían ponerse más al servicio de las instituciones y no al contrario, debido a que esta tendencia ha conducido a que los servidores púbicos descuiden e incluso se olviden de sus clientes reales: los ciudadanos.