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Economía & Organizaciones

Generan análisis y propuestas sobre políticas mineras en Colombia

Un documento recoge sugerencias en los temas sociales, ambientales y legales que debe atender la minería ante los retos y requerimientos actuales. Un ejemplo de ellos es la necesidad de que el Servicio Geológico Colombiano ofrezca información mineralógica que los municipios deben incluir en sus reglamentaciones de uso del suelo.

Medellín, 21 de mayo de 2018Agencia de Noticias UN-

El documento “Reflexiones y propuestas estratégicas sobre las políticas mineras 2017” analiza la situación actual de la minería en el país. Foto: cortesía.

El texto resalta la importancia de concertar con las comunidades que adelantan proyectos mineros. Foto tomada de: bit.ly/2KBatxu

Recientemente el centro de Pensamiento Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera de la U.N. Sede Medellín realizó un foro.

Antonio Romero, director del centro de Pensamiento Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera de la U.N. Sede Medellín. Foto: Unimedios

Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt. Foto: Unimedios.

Según el Centro de Pensamiento Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Medellín, la minería en el país es una actividad estratégica y dinamizadora de la economía. Sin embargo, unidades mineras tanto de mediana como de pequeña escala enfrentan problemas que se deben atender. 

Para construir y proponer desde la academia soluciones respecto al desarrollo económico y técnico del sector minero y del territorio, además de generar discusiones sobre la gestión integrada de los minerales, el Centro de Pensamiento elaboró el documento “Reflexiones y propuestas estratégicas sobre las políticas mineras 2017”, el cual se desarrollan en cuatro capítulos. 

Una primera parte está centrada en el fortalecimiento institucional y en el marco legal; en esta se destaca que “los problemas del sector minero y ambiental no se solucionan con la expedición de nuevas normas o la creación de nuevas entidades, sino con interpretaciones y aplicación adecuada de normas jurídicas existentes y con nueva concepción gerencial de la administración pública”. 

Así mismo recomienda una mayor descentralización tanto en favor de los departamentos como de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en sus Puntos de Atención Regional para que se logre mayor agilidad en los trámites y el Estado se acerque a los ciudadanos y a la solución de los inconvenientes existentes en determinados territorios.

Al respecto, Antonio Romero, director del Centro de Pensamiento, afirma que “es muy importante el consentimiento; no es un permiso, se trata de entender los intereses de las compañías, del Gobierno y de las comunidades, que también pueden ser cubiertas, pero hemos manejado mal eso”. 

Según la abogada Tamara Romero, miembro del Centro de Pensamiento y docente ocasional de la U.N. Sede Medellín, la situación no se da por falta de leyes sino porque el sector se ha alejado de la población, así que el reto está en desarrollar acercamientos, ya que en Colombia se ha tenido regulación minera, pero desde 2001 existe un código que sigue vigente y que ha estado alejado de la realidad social y de las comunidades. 

Menciona que a partir de 2014 la Corte Constitucional de Colombia los incluyó, y también a las comunidades, en procesos de presentaciones de propuestas para discutir sus efectos en caso de llegar a ser contrato. “Abrió un escenario que no existía, aunque hay mecanismos de participación”.

Ordenamiento territorial 

El documento hace referencia a que los planes de ordenamiento territorial (POT) deben estar articulados con los departamentales y los nacionales. La propuesta es planear estratégicamente el futuro de los territorios evaluando impactos a su economía, e igualmente su conectividad. 

En ese sentido, Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt y quien participó en un foro realizado recientemente por el Centro del Pensamiento, anotó que “hace falta información ambiental, social y económica para entender cuál es el efecto de la minería en distintos plazos y escalas de manera que la gente pueda reaccionar con mejores capacidades a los proyectos mineros”. 

Asegura que la minería, por definición, no es sostenible porque tiene un ciclo de vida relativamente corto en términos de dinámicas ecológicas y es necesario garantizar que la actividad minera se inserte en los ciclos orgánicos de los municipios y que existan incentivos para que la capitalización en minería sea paulatinamente reinvertida en actividades agropecuarias o turísticas y de esa manera percibir la contribución al bienestar. 

Legitimidad social y economía minera 

Los dos últimos capítulos se refieren a “Legitimidad social” e “Innovación y cultura”. Sobre la primera menciona que la minería debe fomentar la competitividad industrial y territorial ofreciendo mecanismos claros que les permitan a los sectores económicos concertar con los entes territoriales y las comunidades acciones favorables para su desarrollo socieconómico y ambiental. 

También resalta la importancia de que la pequeña y mediana minería se comprometa a adoptar tecnologías apropiadas de diversos sistemas de explotación y beneficio de recursos naturales. 

Finalmente, entre las propuestas sobre economía minera incluye la revisión de porcentajes de regalías, en cuya ejecución opera la corrupción, por lo que sugiere una figura tripartita encargada de vigilar la adecuada asignación de recursos. 

Para investigar al respecto, la U.N. Sede Medellín suscribió el Convenio Proantioquia con las universidades de Antioquia y EAFIT y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. La prueba piloto durará ocho meses.

(Por: fin/KAGG/dmh/LOF
)
N.° 611

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