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Gasto social, mucho menor de lo que dicen cifras oficiales

Un estudio de la Contraloría General de la Nación halló que la inversión del Estado en gasto social es menor de lo que se afirma, ya que se introducen ítems que no son propiamente de inversión social.

Bogotá D. C., 11 de junio de 2010Agencia de Noticias UN–

En América Latina los niños siguen siendo los más perjudicados por las débiles políticas de Estado que proporcionan seguridad en alimentación, estudio y mejor calidad de vida.

Jorge Oroza, coordinador de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Organización Save the Children.

Juan Carlos Villamizar, funcionario de la Contraloría General de la República.

Según la organización Save the Children, en Colombia se han hecho grandes esfuerzos para lograr la equidad para la infancia, pero todavía la inequidad es la que predomina en muchos contextos sociales. - Fotos: A. Felipe Castaño / Unimedios

Así lo afirmó el funcionario de la Contraloría y candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia Juan Carlos Villamizar, durante el Foro Gasto Público Social en Niñez.

“Inversiones sí se están haciendo. Lo que sucede es que el Congreso de la República todos los años, por un mandato constitucional, aprueba dentro del presupuesto un capítulo que se llama el anexo del gasto público social. La Contraloría encontró que en efecto el Gobierno sí saca unas partidas y que se van incrementando año a año. La dificultad que se encuentra con esa medición es que se está incluyendo partidas que no son necesariamente gasto público social”, asegura el funcionario.

La partida presupuestal más relevante son los gastos en seguridad social, básicamente en pensiones, por cerca de 29 billones de pesos. El otro gasto significativo, contado como gasto social, es en el subsidio a la gasolina, por 6 billones de pesos.  

“Esos no son gastos que atiendan directamente, por ejemplo, a la niñez. Es claro que el gasto en pensiones atiende a un sector muy particular de la población. En el caso de la gasolina, no todos se benefician con ese recurso. El Gobierno ha sustentado y tiene argumentos para hacerlo, para decir que en efecto por esa vía están generando gasto social, pero es un error”, aseguró Villamizar.

Agregó que mientras el Gobierno presenta unas cifras ascendentes todos los años en gasto social, lo que la Contraloría logra demostrar es que en términos reales la inversión propiamente dicha en ese segmento ha estado estancada en los últimos años. 

“El gasto social es aquel que sea universal, aplicado a todos los colombianos, que genere un efecto directo sobre la solución de las necesidades básicas insatisfechas de las personas, que disminuya la pobreza y que mejore las condiciones de vida de la población”, dijo el funcionario.

El peruano Jorge Oroza, coordinador de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la organización Save the Children, aseguró que el próximo Gobierno de Colombia tiene un reto gigante en generar equidad social, especialmente con los niños.  

“Hemos llegado a algunas conclusiones. La primera es que la crisis económica internacional afecta sobre todo a los niños, en toda América Latina, pero particularmente en Colombia. Hay más niños que están fuera del sistema educativo, los servicios que están recibiendo son menores a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, hay altos índices de desnutrición crónica, de niños en calles, que no tiene agua, que no tienen acceso a una escuela de calidad”, dijo Oroza.

Según el representante de Save the Children, el Estado colombiano está en una encrucijada, debido a que las cifras oficiales dicen que tiene un déficit de 4,5% de inversión en infancia y adolescencia. “El próximo Gobierno tiene que introducir cambios importantes en el gasto y en la política fiscal”.

Villamizar asegura que esta clase de análisis, como el que hizo la Contraloría, responde al cumplimiento de la norma que le exige al Estado colombiano hacer seguimiento, evaluación y control del gasto público.

“En el caso de la Ley de Infancia, se le ordena a los órganos de control,  tanto a la Contraloría como a la Procuraduría, y a otras instituciones, que se vigile y atienda los recursos para la infancia en sus distintos niveles, tanto para la primera infancia, para la educación media y para los jóvenes”.

(Por: Fin/capg/feb/dss
)
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