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Futuro de Hidroituango se debe asegurar: academia

Terminar las obras y garantizar la entrada en operación de este proyecto hidroeléctrico en 2022, conjurar el riesgo de racionamiento y de alza en los precios de la energía –que arroja multimillonarias pérdidas– y recomponer la relación entre todos los actores del proyecto, son las recomendaciones esenciales.

Medellín, 09 de noviembre de 2020Agencia de Noticias UN-

Hay consenso en que lo más importante es terminar las obras y garantizar la entrada en operación de Hidroituango en 2022. Fotos: EPM.

Es prioritario poner el proyecto en operación cuanto antes y recuperar las pérdidas.

Los cambios en el diseño sobre la marcha son normales, pero los toma el Comité Técnico.

Un equipo de la Fiscalía encuentra como presuntos responsables de los daños a los ejecutivos de EPM.

Vertedero no apto para operación permanente, almenaras sin terminar y peligro de deslizamientos son algunos de los riesgos físicos.

El atraso del proyecto conlleva menores ingresos para dueños, municipios de influencia y corporaciones ambientales.

En el foro virtual “Futuro de Hidroituango: una mirada desde la academia”, seis ingenieros civiles expertos en el sector eléctrico, egresados de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, conceptuaron desde diferentes ópticas sobre la situación del proyecto, considerando las causas raíz, los riesgos de una crisis mal manejada y las alternativas de solución del proyecto.

En desarrollo del evento, organizado por la Facultad de Minas con apoyo de Egresados del 64, el ingeniero consultor José Hilario López previó riesgos físicos: vertedero no apto para operación permanente, almenaras sin terminar, falta de un sistema de descarga intermedia que garantice el caudal ecológico aguas abajo de la presa y peligro de deslizamientos.

Así mismo anunció los riesgos jurídicos derivados de las demandas de EPM contra subcontratistas, diseñadores, interventores y constructores, y una amenaza del Consejo de Estado que suspendería la licencia ambiental.

El ingeniero señaló además que no cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y no empezar a generar energía en diciembre de 2022 incrementaría el lucro cesante y traería problemas con el sector eléctrico nacional.

Por su parte el consultor independiente Darío Valencia sostiene que “el alcalde de Medellín no puede decidir por su cuenta aspectos que competen a los organismos de dirección de EPM; su facultad de nombrar a tantos miembros de la Junta Directiva es un poder excesivo que impide la autonomía de la entidad”.

Conciliación incierta

El académico considera que es muy difícil lograr un acuerdo entre EPM y los subcontratistas en la conciliación: “el proceso será difícil, largo e incierto, pasará por instancias hasta llegar al Consejo de Estado y puede durar diez años”.

En su disertación cuestionó al fiscal General Francisco Barbosa por disolver en febrero de 2020 el equipo investigador cuando ya tenía un borrador del informe, y reasignar los expedientes de Hidroituango a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Para Alfonso Sánchez, exgerente técnico de EPM, “es prioritario estabilizar la obra, poner el proyecto en operación cuanto antes, recuperar las pérdidas con mínimo daño colateral y minimizar el lucro cesante”.

En ese sentido, avizoró cinco opciones de solución: “continuar con la demanda es como trabajar con una pistola en la cabeza, las partes pierden el control del proceso en manos de los jueces; congelar la disputa hasta que el proyecto empiece a operar, en vez de demanda, seguir ejecutando los contratos y hacer las reclamaciones a su término, enmendar los contratos y levantar la demanda y recuperar sobrecostos vía póliza de seguros Mapfre, que pagaría hasta 3.000 millones de dólares, monto que demanda EPM a subcontratistas”.

El exdirector de Planeación de EPM, Luis Fernando Múnera, advirtió que los funcionarios de EPM mantienen su compromiso con la entidad y la comunidad, pero temen que la crisis los lesione a todos, pues el clima laboral está descompuesto.

El exgerente de EPM, Federico Restrepo, planteó la prioridad de terminar el proyecto. La resolución de conflictos vendrá después, arriesgar la terminación oportuna es arriesgar recursos cuantiosos para los 12 municipios y las corporaciones ambientales del área de influencia directa, más de 2 billones de pesos, retrasando proyectos en servicios públicos, desarrollo humano, vivienda y salud.

Para el exconsultor del BID, Jaime Millán, “lo esencial es terminar el proyecto, pues si los nuevos proyectos energéticos no entran, se corre el riesgo de racionamiento y alza en precios de energía. Los embalses podrían bajar más que en 2015 y los precios de la energía subir en el mercado mayorista entre 30 y 50 $/kWh. Calculó además una baja de ingresos para EPM entre 1,5 y 4 billones de pesos, y para municipios y Corantioquia de 150.000 millones de pesos.

El profesor Óscar Mesa, moderador del Foro, resumió diciendo que “la crisis trajo enseñanzas valiosas para EPM y para su gente, que mantiene la fe y el compromiso con la empresa y la comunidad, pero siente temor por su estabilidad y la de la empresa en el futuro inmediato”.

En caso de que la central no entre a operar en 2022, el valor por ventas no realizadas sería entre 1,5 y 2 billones de pesos. Menores ingresos por cargo por confiabilidad, 1,2 billones de pesos. La multa del cargo por confiabilidad, 169 millones de dólares y la garantía de las líneas de transmisión. Una demora de 15 meses, si no se llega a acuerdo con los contratistas, puede representar para EPM entre 1,5 y 4 billones de pesos menos.

Los académicos concluyeron que la administración debería enfocarse en resolver los problemas de baja moral e inseguridad en EPM y entrar en un diálogo constructivo con el personal sobre cómo resolver el asunto.

(Por: fin/OLML/MLA/LOF
)
N.° 198

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