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Las familias solo tienen ingresos de hasta dos salarios mínimos.

En el 7 % de los casos pueden vivir hasta cinco hogares por vivienda.

La mayoría de arrendatarios son madres cabeza de hogar.

Adriana Parias Durán, Instituto de Estudios Urbanos (IEU).

Las familias se ven excluidas de la política de vivienda de interés social.

Este fue uno de los hallazgos de la investigación adelantada por Adriana Parias, docente del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien identificó que las familias que viven en alquiler asignan el 30 % de sus ingresos a gastos de arrendamiento, un porcentaje elevado, pues lo normal es que el porcentaje no supere el 20 %. 

El estudio fue realizado en dos barrios de origen informal, a saber, Lourdes, ubicado en la localidad de Santa Fe, al lado de Las Cruces, y Unir, en la localidad de Bosa, al occidente de Bogotá.

Un total de 155 familias arrendatarias respondieron preguntas relacionadas con sus características socioeconómicas, estrategias residenciales y las lógicas del mercado popular de vivienda en alquiler.

La mayoría de hogares están conformados por personas que no llegan a la tercera edad, con una gran proporción de mujeres jefes de hogar. En promedio, pueden considerarse familias pobres, con ingresos mensuales de dos o menos salarios mínimos legales vigentes.

La mayoría son bogotanos, tienen una trayectoria en los barrios que habitan y no son migrantes de desplazamientos.

“Las personas valoran mucho el barrio al momento de escoger una vivienda, porque han construido relaciones comunitarias a lo largo del tiempo que les brindan algunas ventajas, como tener relaciones económicas personalizadas, es decir, conocen al arrendador y en ocasiones tienen flexibilidad en el pago. Esto resulta muy importante cuando hay un capital que respalde las actividades económicas”, comenta la investigadora Parias.

Además, se encontró que la política de vivienda de la ciudad no es amplia, de hecho, tiene características muy específicas. Por ejemplo, el subsidio que reciben las familias es del 10 %, sumado a esto tienen que hacer un ahorro programado y acceder a un préstamo a la banca comercial.

Esto hace que la población objetivo de las viviendas de interés social, justamente las personas que viven en arriendo, tengan obstáculos para adquirir una casa propia.

“Es muy difícil que ellos alcancen el ahorro programado, endeudarse con los bancos no es una opción y es improbable que los bancos los elijan. Ellos prefieren adquirir un préstamo por medio de un familiar o amigo”, añade la docente.

Otro de los aspectos preocupantes está relacionado con las condiciones habitacionales. Aunque todas las viviendas tienen servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, energía y gas, se enfrentan a un problema de hacinamiento; en ocasiones tres o más personas comparten un cuarto para dormir.

El 19 % comparte vivienda con dos hogares, que equivale a siete personas. En el 13 % de los casos conviven tres familias, y el 7 % agrupa cinco hogares en un mismo inmueble, alcanzando un promedio de 14 personas. Además, el 41 % comparte espacios de uso común como el lavadero, el patio de ropas y la puerta de entrada.

Para las viviendas de interés prioritario, la política descuida características como el tamaño, que en este caso es fundamental para satisfacer las necesidades que demandan estas familias.

Debido al gran número de madres cabeza de hogar, se han adoptado prácticas para cuidar a sus hijos entre ellos e incluso comparten utensilios de la vida cotidiana.

Al respecto, la docente Parias propone en su investigación seguir trabajando en una propuesta para diversificar la política de vivienda en la ciudad, creando mecanismos de subsidio a la oferta y la demanda, para que los hogares puedan adquirir una propiedad en los mismos barrios donde ya tienen establecido su capital social.