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Equidad fiscal no ha llegado al sector rural

Las grandes extensiones de tierra improductiva, que no generan ingresos para los municipios, y la falta de un sistema de corresponsabilidad del Gobierno nacional para distribuir los recursos, son algunos factores que aumentan la desigualdad entre los departamentos del país.

Bogotá D. C., 10 de abril de 2019Agencia de Noticias UN-

En Colombia existen grandes extensiones de tierra improductiva que no generan ingresos para los municipios. Fotos: Luis Palacios – Unimedios.

Según el profesor Jorge Enrique Espitia, cuanto mayor sea la concentración de la tierra, mayor será el impacto negativo sobre el PIB municipal.

La falta de corresponsabilidad del Gobierno nacional para distribuir los recursos ha ampliado la brecha entre departamentos.

Al conversatorio también asistió el profesor Luis Jorge Garay, coinvestigador del estudio.

El conversatorio se llevó a cabo en el Auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho de la U.N. Sede Bogotá.

Según el profesor Jorge Enrique Espitia, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), cuanto mayor sea la concentración de la tierra, mayor será el impacto negativo sobre el producto interno bruto (PIB) per cápita de los municipios.

Explica que “muchas veces la alta concentración conlleva a que la tierra se vea como un elemento de concentración de poder económico y político y no como un insumo para la producción; en la parte agrícola vemos que muchas de las áreas se encuentran en pastos, mas no produciendo alimentos”.

En el estudio, adelantado por el profesor Espitia y el investigador Luis Jorge Garay, también se encontró que departamentos como Nariño, Boyacá, y algunas áreas de Santander, tienen muchos minifundios, mientras que zonas como la altillanura presentan altos niveles de concentración de tierras.

Así mismo se evidenció que el Censo Nacional Agropecuario no permite conocer los niveles de formalidad que existen en la tenencia de la tierra.

“Aunque hay una pregunta que no tiene ningún tipo de contrastación legal acerca de la propiedad de la tierra, hicimos algunos ejercicios y encontramos que donde se declaran propietarios hay un impacto negativo sobre el crecimiento económico de los municipios”, comenta el profesor Espitia.

Lo anterior se debe a que cuando hay propietarios de tierra, ellos deciden si quieren o no ponerla a producir, mientras que algunos agentes o unidades productivas arriendan la tierra, lo que tiene un impacto positivo sobre el crecimiento.

En este punto, el docente señala que aunque no se abarcó el impacto de los programas de desarrollo rural, sí se realizaron algunas aproximaciones del impacto productivo sobre el bienestar de la población.

Y explica que “aunque existen proyectos productivos muy exitosos, algunos de ellos no generan el ingreso que se esperaría, por problemas de comercialización o de financiamiento. En ese sentido es muy importante que a estas familias se les garantice el ingreso que les dará la oportunidad de salir con sus productos a los mercados”.

Falta corresponsabilidad

También se evidenció que algunos municipios tienen la capacidad de generar ingresos, y otros no. En este punto, el profesor Espitia enfatiza en que “estas variables se deben tener en cuenta al momento de hacer políticas públicas con enfoque territorial; de mirar cuál es la capacidad del municipio para generar recursos, de tal manera que se pueda generar un sistema de corresponsabilidad”.

Aunque la nación tiene muchos recursos públicos que finalmente llegan a los municipios con recursos fiscales importantes, como por ejemplo los mineros, otros municipios no reciben regalías por el uso o la extracción de ciertos recursos naturales, lo que representa un desbalance en el ingreso de financiamiento en el territorio.

Otro elemento que se estudió es el impacto de los sistemas generales de participación y de regalías en los municipios.

En el caso del sistema general de regalías, los investigadores encontraron que los municipios que tienen altos niveles de estos recursos impactan negativamente en su tributación: “es como si hubiese una pereza fiscal; como se reciben recursos hago muy poco para obtenerlos a través del componente tributario”.

El profesor Espitia indica que en estos casos se debería evaluar la posibilidad de trabajar con el sistema general de participación, un mecanismo que se constitucionalizó para proveerles bienes públicos esenciales a los ciudadanos, como educación, salud y agua potable, sin importar la región donde se encuentran.

“Estos bienes públicos esenciales impactan de manera positiva el ingreso de los municipios, los departamentos y la nación. Por eso, aunque estas políticas restringirían las acciones fiscales del Gobierno nacional, tienen un impacto positivo sobre el bienestar de la población”, concluye el docente.

Los resultados se obtuvieron a partir del análisis de la información sobre el PIB municipal, el Censo Nacional Agropecuario y la Encuesta Nacional de Hogares, entre otros datos, con los que se trabajaron regresiones lineales, además de diferentes cálculos.

Las primeras conclusiones, que próximamente se condensarán en una publicación, fueron compartidas en el conversatorio “La geografía de la desigualdad en Colombia y la paz territorial: conversatorio sobre los efectos territoriales del PND y la ley de financiamiento”, organizado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.

(Por: Fin/DGH/MLA/LOF
)
N.° 118

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