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Falta de institucionalidad y control en la minería informal agrava crisis

Reformar el código minero, plantear una nueva regulación de la minería informal y hacer tributar impuestos directos a la gran minería podrían ser la salida a la crisis, aseguran expertos.

Medellín, 18 de julio de 2013Agencia de Noticias UN-

Según cálculos hechos en el país, el 70% de las operaciones mineras en el territorio serían informales y emplearían a alrededor de 500.000 personas.

El Decreto 2235 de 2012 autoriza a la Fuerza Pública a destruir maquinaria pesada que esté operando de manera ilegal en la extracción minera.

Alrededor de 250.000 familias dependen de la minería artesanal en Colombia, según gremios mineros.

Las protestas son hechas por mineros de oro y carbón de 18 departamentos del país.

La contaminación del agua es uno de los problemas más graves de la extracción minera. - Unimedios

Durante los primeros dos días del paro nacional, que comenzó este miércoles 16 de julio, se han presentado disturbios, bloqueos y manifestaciones.

Los mineros exigen, principalmente, que se derogue el Decreto 2235 de 2012, en el cual se autoriza a la Fuerza Pública para que destruya maquinaria pesada que opere de manera ilegal en la explotación de minas y canteras en todo el país.

Las peticiones también están enfocadas en que se establezcan parámetros que aclaren la diferencia entre minería informal e ilegal y en que se apoye al sector en asuntos de seguridad social y manejo ambiental y técnico.

Sobre el paro, Antonio Romero, director del Parque Tecnológico Ignea, de la Facultad de Minas de la UN en Medellín, señala que la dificultad radica en que en este cese de actividades participan mineros de todas las escalas y con problemas diferentes:

“No puede mirárselo como si fuera de un solo grupo; pues, si bien es cierto que hay algunos que tienen problemas de acceso a la propiedad minera, hay otros que tienen inversiones grandes en equipos y que salieron a paro porque el Gobierno dijo que los iba a destruir”.

En ese sentido, el profesor Romero aclara que actualmente los pequeños mineros no necesitan títulos porque el barequeo (lavado de arenas por medios manuales para separar y recoger metales preciosos) es libre. Basta obtener un permiso del alcalde del municipio en donde se desarrolle y hacer un registro.

En el caso de quienes tienen maquinaria, el conflicto se puede resolver fácilmente si la explotación es de pequeña y mediana escala.

“La legislación permite que se hagan acuerdos entre quienes tienen el título y quienes explotan, siempre y cuando se hagan las cosas ambientalmente bien hechas”, asegura. Y agrega que el mayor problema lo tienen los mineros que explotan grandes volúmenes y de manera ilícita.

El panorama

Según cálculos hechos en el país, el 70% de las operaciones mineras en el territorio serían informales y emplearían a alrededor de 500.000 personas.

“Se podría pensar que estamos hablando de unas 300.000 personas en la informalidad. Ese es un problema gravísimo”, advierte el profesor Romero.

Al respecto, resalta que más que de acceso a la propiedad minera, el problema es de acompañamiento y control. Por eso, puso de ejemplo un proyecto con esa orientación que adelanta, en el bajo Cauca, la UN en Medellín con la Gobernación de Antioquia.

Se trata, según cuenta, de un estudio técnico, ambiental y empresarial que desarrollan actualmente en una etapa media. “Tras este, haremos unas recomendaciones para que los mineros hagan las cosas bien”.

La primera fase (de diagnóstico) ya se había desarrollado el año pasado. “Pero este primer semestre estamos parados, pues apenas salió la plata, pero la gente se desespera”.

La idea del Gobierno, desde hace dos años, es implementar esta iniciativa en todo el país. La UN diagnostica actualmente el bajo Cauca antioqueño y la Gobernación trabaja en la contratación del resto del departamento. El Ministerio de Minas y Energía va a apoyar el proyecto en el sur del país y en el Chocó.

Minería artesanal

Por su parte, Luis Diego Vélez, profesor de la Facultad de Minas, sostiene que la que está cargando el mayor peso de todo este conflicto es la minería artesanal, de más de tres siglos de existencia.

Esto porque en lo ambiental es mucho menos dañina que la informal, que, por ejemplo, “hace una explotación que no repara mínimamente en el uso del agua y en la utilización del suelo, es totalmente destructora”.

Por eso, afirma que no se trata solamente de alentar la artesanal y de darle apoyo para que se haga una buena utilización de las arenas sedimentarias, sino también de poner en cintura a la informal.

Además, hay que reordenar las cuentas de la gran minería y “ponerlos al tanto de las normas ambientales, con un compromiso ambiental, fundamentado en que quien contamina paga”.

En cuanto a las medidas que debe tomar el Gobierno, indica que “se debe revisar el código minero, plantear una nueva regulación de la informal y hacer tributar en puestos directos a la gran minería”. También hay que apoyar a la artesanal para que se formalice, mediante incentivos tributarios y de tipo crediticio.

El profesor Romero resalta que es fundamental que la estrategia del Gobierno para solucionar esta situación sea la consulta, el diálogo, la participación y, sobre todo, la institucionalidad:

“Este es un problema a largo plazo y no hay coordinación entre los alcaldes, gobernadores y el Gobierno central”.

Ante la labor de la recién creada Agencia Nacional de Minería (ANM), el docente dice que, si bien la institucionalidad ha empezado a funcionar, la dificultad está en que solo opera desde hace casi un año, pero “problemas como el de lavado de activos y el del medioambiente, entre otros, vienen de mucho tiempo atrás y no se resuelven con un plan de formalización”.

(Por: Fin/me/sup/fgd
)
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