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Según los líderes, la actual política de desminado produce hambruna pues no hay posibilidad de acceder a las parcelas. Fotos: Unimedios.

La Iglesia y sus miembros están siendo amenazados por actores armados.

Los líderes aseguran que el Estado hace presencia selectiva mediante fuerzas coercitivas o agentes que buscan beneficio económico.

Los líderes reiteran el Pacto por la Vida y la Paz como un grito desde el Pacífico a la sociedad colombiana y al Gobierno nacional.

La población promueve una salida negociada y el cumplimiento de protocolos internacionales entre Colombia y Cuba.

Así lo advirtió el líder social Leyner Palacios Asprilla, secretario general de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), quien considera que “no podemos seguir creyendo que estamos en un Estado biodiverso y multicultural, los negros necesitamos derechos en la praxis, no en el papel”.

Diferentes voces de la región se suman a denunciar la situación de violencia directa, económica, cultural, simbólica e incluso de género que sufren en la costa pacífica colombiana, donde el abandono institucional histórico se recrudece por la condición de confinamiento.

En los últimos meses, los asesinatos y desplazamientos no han cesado, tampoco se han podido atender adecuadamente los casos de COVID-19 y el Gobierno ha aprovechado el momento para realizar fumigaciones en la zona afectando los ríos que proveen de agua a las comunidades.

“Buenaventura es la puerta del país hacia el Asia Pacífico, pero el 36 % de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas”, comentó Lizeth Sinisterra, gerente de Pacífico Task Force, durante el conversatorio “Violencias, luchas y resistencias en el norte del Pacífico colombiano: Chocó y Buenaventura”.

El encuentro virtual, organizado por Red Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), con la moderación de la profesora Martha Bello, reunió perspectivas que están en los territorios y experimentan la desfavorable situación de DD. HH. en la región y cómo se ha visto afectada por el contexto de la pandemia.

Elizabeth Moreno, presidenta del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), manifiesta que “pareciera que al Gobierno nacional no le interesa el Pacífico y se lo deja a la cooperación internacional, pues esas organizaciones son las que hacen el acompañamiento y nos ayudan a visibilizar a las víctimas”.

A través de estas organizaciones, algunos perjudicados por el conflicto pudieron participar y aportar 11 puntos de exigencia en la levantada mesa con el ELN. La líder social Moreno intervino en representación de las mujeres negras, indígenas, madres que pierden a sus hijos en la guerra sin importar el bando.

“Vivimos el flagelo de la pandemia, pero para nosotros esta tiene otra cara y otro nombre; aun así se ha permitido destapar situaciones de la región que no se conocen”, agrega la lideresa.

A pesar de lo negativo que pueda parecer el panorama, en el territorio existen movimientos que se han levantado por sus reivindicaciones; por ejemplo, el paro pacífico de 2017 que los líderes reconocen, atrajo la atención de las autoridades nacionales en la región, por el puerto y la afectación económica, por encima de otras razones.

“Fue un movimiento de niños jóvenes, artistas y mujeres que aunque materialmente no concretó nada, sí creó una conciencia colectiva; en el territorio se identifica como un antes y un después”, afirma Adriel Ruiz Galván, director de Comerpaz Buenaventura y asesor de la CIVP.

Agrega que “parece una contradicción que en un territorio tan afectado por la violencia hayan surgido movimientos de resistencia y re-existencia; sin embargo, históricamente minorías de la población han reivindicado sus derechos porque se han levantado en pro de ellos”.

Doblemente víctimas

Según las lideresas de la región –quienes hacen eco de las necesidades de las demás–, el cuerpo de las mujeres negras ha sido usado y detentado como una forma de apropiarse del territorio, y bajo esta lógica se marca, se convierte en un botín.

“Dentro del territorio las mujeres permiten mantener y sostener el tejido social, pero al violentarlas este se rompe”, manifiesta la lideresa Sinisterra y destaca que “ella queda inmersa en una guerra donde hay muchos intereses, son silenciadas, solo las mujeres que viven allí saben lo que está pasando”.

Para la líder Moreno, “somos carne de cañón y hemos sido doblemente victimizadas, no parimos hijos para la guerra, los necesitamos capacitados y con las mismas oportunidades que el resto de los colombianos”.

Las lideresas hicieron una invitación a la reflexión y a entender que los feminicidios y las violencias contra las mujeres deben superar el enfoque privado, que es una estrategia de terror que busca convertir los cuerpos en una herramienta para la guerra.