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María del Pilar de la Torre, Directora de Protección al Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera. / www.mercadodedinero.com.co

Según Cifuentes, abogado de la UN de Colombia, en diálogo con el programa UN Análisis de UN Radio, “la norma debe ser revisada por la Corte Constitucional y pasará a sanción presidencial. Los principios rectores se han ido formando por diversos pronunciamientos de la Corte, la cual establece los diferentes lineamientos para proteger el derecho a la verdad. Ahora son tan delicados los datos financieros de las personas como la información sobre su orientación sexual, en temas políticos y religiosos, los cuales no deberían ser manipulados ni publicados sin autorización previa”.  

Según el artículo 12 de la nueva norma, el responsable del tratamiento, al momento de solicitar al titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente: cuál va a ser su uso, cuáles son los derechos que le asisten como titular y se podrá verificar la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del tratamiento.

“Antes del reporte negativo se debe informar al titular para que pueda refutar si considera que no refleja la realidad. Entonces la central de riesgos tendrá que hacer la anotación que existe un reclamo en trámite”,  aseguró el abogado.

Por su parte, María del Pilar de la Torre, directora de Protección al Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera, explicó que “tenemos el deber de velar por tres objetivos: la estabilidad del sector financiero, la transparencia de los mercados y la protección del usuario, por medio de áreas como esta dirección, que es un sector estratégico de apoyo al despacho del superintendente y a todas las delegaturas en temas de protección de manera general, seguros, mercados y créditos”.

Según la funcionaria, “el ambiente normativo es más de protección y ahora hay elementos de información y sus mecanismos son más nítidos para corregir la información negativa”.

“La relación de desigualdad entre las entidades reguladas y los usuarios existe, y si recordamos la reforma financiera de 2009 hay un título que hace énfasis en la protección del usuario financiero que apunta a modificar esa desigualdad. La nueva norma tiene mayor claridad en cuanto a los derechos, deberes y cómo se debe proteger y defender. El punto es que haya una información suficiente para usarlos adecuadamente”, enfatizó.

Sin embargo, entre agosto de 2009 y mayo de 2010 se registraron 954 quejas, de las cuales 387 fueron a investigación. Eso supone que durante diez meses cada dos funcionarios reciben más de 90 quejas por día. Según el director del Observatorio de Protección de Datos Personales, Nelson Remolina, la situación es muy preocupante, porque la superintendencia no va a lograr el control si no invierte en recursos para contratar más gente.