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Derechos de los manifestantes se debe regular con ley estatutaria

Es urgente expedir una ley estatutaria que regule los derechos de los manifestantes y la actividad de la fuerza pública para controlar situaciones que son sumamente complejas.

Bogotá D. C., 22 de julio de 2021Agencia de Noticias UN-

La CIDH continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales en el país. Foto: Brandon Pinto – Unimedios.

“Colombia tiene que aprender a tratar la protesta social como un atributo de la democracia”, profesor Marco Romero Silva. Foto: archivo Unimedios.

“Cuando la acción militar en las protestas termina en masacre es una acción autoritaria”: profesor Álvaro Tirado Mejía. Foto: archivo Unimedios.

Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, en el marco de las protestas se han realizado más de 7.020 detenciones. Foto: Brandon Pinto – Unimedios.

Después del informe de la CIDH han seguido ocurriendo actos violentos que involucran a la Policía Nacional. Foto: Brandon Pinto – Unimedios.

Así lo considera el historiador Álvaro Tirado Mejía, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien refiriéndose al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de Colombia, lo calificó de “acertado, serio y muy ajustado a la realidad que se vive en el país, como la distribución inequitativa de la riqueza y la falta de posibilidades”.

“Hay un problema social que no solo viene desde el gobierno del presidente Iván Duque, y mostrarlo no es negativo ni agresivo, simplemente es una realidad en la cual se trabaja y se han desarrollado varios debates”, indicó el docente Tirado, en el programa radial Análisis UNAL.

Al retomar el informe de la CIDH precisó que este apoya los derechos humanos y de esa forma hace un llamado de urgencia al Estado colombiano para que implemente un mecanismo legal que prohíba el uso de la fuerza local como recurso en las protestas.

“En Colombia la juventud seguirá con las manifestaciones sociales porque hay conflictos e inconformidades por resolver. Es un país con corrupción, en el que se violan los derechos de las mujeres, hombres y los grupos étnicos”.

Así lo afirmó por su parte Marco Romero Silva, director de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), profesor del Departamento de Ciencia Política de la UNAL, magíster en Ideas Políticas y la Comprensión del Mundo Contemporáneo, de la Université de Marne.

Mecanismos de seguimiento 

Por otra parte, la CIDH continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales, desde mecanismos de seguimientos sobre las recomendaciones propuestas y además un reporte por las entidades del Estado y la comunidad civil con las nuevas manifestaciones.

El docente Romero expresa que “Colombia estuvo en el capítulo cuatro (es donde aparecen los Estados que tenían el peor récord de derechos humanos de todas las Américas) de los informes anuales de la CIDH por varios años”.

Hasta 2012, el expresidente Juan Manuel Santos logró que la Comisión sacara a Colombia por la ley de víctimas y por los procesos que se estaban avanzando en busca de caminos de paz.

El docente agrega que “los niveles de violación de derechos humanos en el contexto de la protesta social son muy altos y graves y esto mismo lo dijo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

“Lo importante, es que en el contexto de la paz y de la profundización de la democracia en Colombia, se tiene que reformar esa matriz histórica por un escenario en el cual las instituciones tienen que proteger la movilización social y no oponerse a ella dejando de estigmatizar todos los hechos vandálicos que incluso tratan de acabar los actos democráticos”.

Los docentes concluyen que “se debe buscar el espíritu de una manifestación no violenta, sino democrática, que sea la convivencia y los derechos humanos lo que prevalezca en las protestas por parte de la fuerza pública y la comunidad civil”.

Además se recomienda fortalecer esos espacios de democracia para que sirva como un camino en la solución de las problemáticas sociales, como está establecido en la Constitución Política de 1991.

(Por: fin/PRC/MLA/LOF
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