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Jesús Rodríguez Zepeda, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México. Fotos: IEU-UNAL.

La discriminación es un fenómeno que se materializa en el territorio.

Del despliegue de la población en el territorio depende el respeto o no al derecho a la no discriminación.

Las políticas públicas deben estar orientadas a la no discriminación.

Colombia y México no han consolidado sus políticas públicas con enfoque antidiscriminación.

Así lo considera el profesor Jesús Rodríguez Zepeda, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, doctor en Filosofía Moral y Política, para quien “la discriminación es una batalla cultural que se tiene que ganar, nos tiene que llevar a anular prejuicios y a construir valoraciones distintas y alternativas sobre los grupos a los cuales pertenecemos o con los que convivimos”.

El experto, invitado al programa Observatorio de Gobierno Urbano, de UN Radio (98.5 FM), ha investigado sobre la discriminación como fenómeno territorial, lo que le ha permitido determinar que la posibilidad de garantizar el derecho a la no discriminación está supeditado a la manera en que las personas pueblan el territorio, configuran grupos dentro de la experiencia urbana y son capaces o no de ejercer sus propios derechos.

En el ejercicio que desarrolla esta hipótesis se identificaron varios grupos urbanos que se encuentran en situación particular de vulnerabilidad o riesgo frente a prácticas de discriminación que violan sus derechos, reducen su calidad de vida, los hacen más proclives a ser violentados y, por lo tanto, requieren atención especial de las autoridades públicas.

Políticas de protección

Según el académico, el derecho a la no discriminación contempla una serie de políticas que los Estados democráticos tienen más o menos establecidas: “no hay que inventar demasiado para ver cuáles son las políticas que protegen el derecho a la no discriminación”, manifestó.

En este sentido, enumeró tres terrenos en la lucha contra la discriminación: en primer lugar, los Estados deben tener la posibilidad de recibir quejas, atenderlas, resarcir a las víctimas y, si se puede, sancionar a los victimarios.

En segunda instancia están las políticas públicas, en particular del desarrollo urbano, dado que no solo se parte de la idea de que las poblaciones deben ser protegidas contra actos o procesos de discriminación, sino que el Estado debe actuar de manera proactiva desplegando políticas orientadas a la situación de grupos específicos que históricamente han sido discriminados, como las mujeres, las minorías raciales, los jóvenes, las personas con discapacidad y las minorías sexuales, que requieren atención especial mediante intervenciones del Estado.

El tercer terreno de la lucha contra la discriminación es el educativo y cultural, si se tiene en cuenta que los procesos de dicho fenómeno provienen de las representaciones culturales que compartimos, como la enseñanza formal e informal y los valores.

No obstante, el profesor Rodríguez aseguró que ni en Colombia ni en México están consolidadas las políticas públicas, dado que la agenda de no discriminación, salvo en la experiencia norteamericana, aparece en el siglo XXI.

“El racismo, el sexismo, la homofobia, la situación precaria de niños y adolescentes y personas con discapacidad nos han acompañado a lo largo de la historia, mientras que la exigencia de la no discriminación es de nuestra generación, lo que va a implicar que estemos apenas perfilando cuáles pueden ser las mejores políticas en esta materia”, reiteró.

En resumen, el experto mexicano señaló que el problema con la experiencia urbana es que el despliegue de las personas en el territorio les da posibilidad o no de ejercer sus derechos, es decir que la condición material de las ciudades en sí misma es un detonante de la discriminación o un recurso para luchar contra este fenómeno.

En el marco de los estudios urbanos, uno de los valores más frecuentes es la idea del derecho a la ciudad que el profesor define –más allá del principio jurídico– como la “visión de una vida urbana, un ideal a construir colectivamente por medios democráticos”.

“El contenido más claro para la noción del derecho a la ciudad es el derecho a vivir sin discriminación en el territorio, es decir, el derecho a no ser excluido, anulado, invisibilizado, a no desaparecer como sujeto de la vida urbana y, por supuesto, a ejercer todos nuestros derechos en el marco de esa experiencia”, aclaró.