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Kit higiénico entregado por el proyecto “Cambie” para PID.

Cartel en contra del consumo de la marihuana que evidencia la tendencia abstencionista y prohibicionista.

El proyecto Camad tuvo varias críticas por su costosa financiación.

Zona de influencia del proyecto “Cambie” en el centro de Bogotá.

Lista con algunos de los indicadores de gestión de riesgo que se suelen tomar en Bogotá.

Así lo concluye la investigadora Diana Paola Franco, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien documentó el desarrollo que ha tenido la política de gestión de riesgo y daño en el consumo de drogas en Bogotá entre 2012 y 2017.

El estudio analizó tres proyectos puntuales: “Échele cabeza cuando se dé en la cabeza”, “Cambie” y los Centros de Atención Médica a Drogadictos (Camad), estos últimos propuestos e implementados durante la administración de Gustavo Petro.

La investigadora Franco estudia los tres casos como un punto de partida para la apertura de una política de gestión de riesgo en la que no existe una articulación ni una lectura estatal de la información que se recopila allí.

“Échele cabeza cuando se dé en la cabeza” analiza sustancias psicoactivas y determina si en verdad lo que el consumidor compró es lo que el vendedor le prometió; el proyecto “Cambie” entrega materiales higiénicos para PID (personas que se inyectan drogas) y comienza como un voz a voz en el centro de Bogotá, donde asisten especialmente consumidores de heroína, y se determina la frecuencia de asistencia y la cantidad de veces que un consumidor se inyecta al día, sin que esa información sea homogénea; y los Camad, que tienen una estrategia similar a “Cambie”, pero enfocados a la población vulnerable y habitante de calle, fue un programa destacado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el tratamiento de la adicción.

Uno de los problemas de los que han sido blanco estos programas es que “la sociedad tiende a ver como positivo el abstencionismo, pero en realidad el objetivo de la mitigación es reducir el consumo desde una óptica sanitaria”, afirma la magíster Franco, quien además resalta que en ese eje de mitigación existe una zona gris, porque nadie sabe cómo medir de manera oportuna y correcta la información que se puede obtener para diseñar nuevas políticas de gestión.

Es decir, aunque los tres proyectos funcionen de manera óptima, no hay una lectura estatal que quiera articularlos para generar una política integral de gestión de riesgo.

La investigación también hace un recuento histórico sobre el fracaso del prohibicionismo y de que no exista un punto intermedio entre prohibir y rehabilitar cuando esta última fase no es necesaria para todos los casos de consumidores, máxime cuando no existe el dinero ni el número de espacios para atender a la población consumidora.

De ahí la importancia de implementar una política de gestión del riesgo, ya que el consumo de drogas existe en ámbitos no solo recreativos o problemáticos, sino también en religiosos y medicinales. Hace falta una política de reducción de riesgo de consumo que les brinde a los usuarios de drogas caminos para un consumo en el que se reduzca el impacto negativo en la salud.

“Con los Camad, estas personas empezaron a medir los indicadores sobre la marcha y todo tiene una línea base, unas metas, pero en este proyecto no, porque, ¿uno qué espera? Por ejemplo, el bazuco es exclusivo de Colombia, no hay experiencias en el mundo para evaluar o copiar esa experiencia y no se puede impedir, no nos pueden pedir que el abstencionismo sea un eje de política, el enfoque social ni político debe ser ese”, menciona la investigadora.

El tema de políticas de drogas en Colombia es extenso y complejo, solo su análisis y su influencia en la seguridad del país son dos vertientes bastante estudiadas, por lo que obtener información nueva puede resultar un proceso lento.

¿Por qué es importante hablar de estos proyectos? Para la investigadora el único antecedente de estrategias similares fue en 1995, cuando el Gobierno alemán implementó en Bogotá una estrategia de gestión de riesgo que era permitida por el Ministerio de Salud, pero con un enfoque más psicológico.