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Política & Sociedad

Construir un nuevo sistema de salud implica un cambio profundo

“Colombia tiene que revisar el modelo de desarrollo, de lo contrario nunca podrá garantizar los derechos sociales de los ciudadanos, incluido el de la salud”.

Bogotá D. C., 11 de junio de 2021Agencia de Noticias UN-

Participantes de la quinta sesión Diálogos Convergentes “Derechos fundamentales a la salud y sistema de salud”. Foto: Captura del evento

La distribución de las vacunas contra COVID-19 ha creado un apartheid entre países ricos y países pobres. Foto: Brandon Pinto - Unimedios

Los Diálogos Convergentes se han adelantado virtualmente. Foto: Captura del evento

En América Latina solo el 8 % de la población ha recibido las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Foto: Brandon Pinto - Unimedios

La Ley 100 de 1993 creó el modelo de salud que rige en el país. Foto: Brandon Pinto - Unimedios

Así lo afirmó el profesor Román Vega, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, durante la quinta sesión de los Diálogos Convergentes “Derechos fundamentales a la salud y sistema de salud”, organizados por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

En este espacio, el experto señaló que “aunque la Constitución Política de 1991 reconoce derechos sociales, también tiene contradicciones: una, y quizá la principal, es que abrió las puertas a un modelo de desarrollo neoliberal que ha profundizado las desigualdades y cuyo resultado son las movilizaciones de hoy: el pueblo clama por un cambio, y este debe ser profundo”.

En ese sentido, recordó que la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015) no tiene los “dientes” suficientes para producir un cambio drástico en el derecho a la salud, pues “para hacerlo tendría que derogarse la Ley 100 de 1993 por medio de la cual se creó el nefasto modelo de salud que rige en el país”.

Para el docente, no se trata de un problema técnico sino de un verdadero reto político de la sociedad colombiana. “Hay que cambiarlo, pero no es fácil hacerlo solo con recetas técnicas”, subrayó.

Vale recordar que la Ley Estatutaria de Salud resultó de una intensa deliberación en la que participaron muchos actores sociales, a partir de la exigencia de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, que aunque declaró el derecho a la salud como un derecho fundamental y autónomo, le ordenó al Congreso de la República elaborar una ley estatutaria que definiera su “núcleo esencial”: la Ley 1751 de 2015.

¡A movilizar la palabra!

Al respecto, la profesora Claudia Naranjo, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, señaló que para avanzar hacia una ruta de convergencia por el derecho fundamental a la salud es imperativo contar con las ciudadanías.

“La construcción de políticas públicas exige la participación ciudadana, pues desde hace varios años el debate dejó de estar restringido exclusivamente al sector de la salud, y la ciudadanía se ha apropiado del tema y lidera acciones para incidir tanto en el plano administrativo como en el político”.

Una de esas acciones es ¡A movilizar la palabra!, iniciativa que surgió de la mano de varias organizaciones locales, distritales, regionales y nacionales, como una alternativa de diálogo en el paro nacional que inició hace más de un mes y al que el Gobierno nacional no ha querido dar respuestas satisfactorias. Es promovida por jóvenes, estudiantes, obreros, indígenas, afrodescendientes, mujeres, campesinos, población LGBTI y firmantes de paz, entre otros.

Superar el apartheid de las vacunas

Durante la quinta sesión de los Diálogos Convergentes se abordó un tema prioritario en la coyuntura de la pandemia por COVID-19: la liberación de las patentes. El evento fue moderado por la profesora Claudia Vacca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la UNAL.

La profesora Carolina Gómez –del mismo Centro de Pensamiento– y los expertos argentinos Juan Correa y Gastón Palopoli abordaron la actual situación por la que pasan los países en vías de desarrollo y que hace que en América Latina apenas el 8 % de la población haya recibido las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“El Gobierno ha tenido una actitud cuestionable, no tiene un plan ni presupuesto para producir localmente vacunas y tampoco está apoyando en el campo internacional las medidas globales para aumentar la capacidad de producción de vacunas en el mundo”, afirmó la profesora Gómez.

Los académicos mencionaron que el sistema de patentes ha limitado drásticamente la distribución de las vacunas contra COVID-19 y ha creado un apartheid entre países ricos y países pobres.

“La relación entre propiedad intelectual y salud pública ha creado una barrera de acceso que se debe contrarrestar con una sólida gobernanza global”, manifestó Juan Ignacio Correa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) capítulo Argentina.

El experto Palopoli, vicepresidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos del Gobierno argentino, recordó que la política de cobertura universal de salud surgió en la OMS y se replica en diferentes documentos e iniciativas, como el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, que hace referencia a proteger la salud y el bienestar de todas las personas.

En opinión de los expertos, los tratados de libre comercio han fortalecido a las multinacionales, incluidas las del sector de la salud, lo cual impide que se desarrollen políticas locales de medicamentos eficientes.

Al respecto, el profesor Vega mencionó que precisamente otro factor de inequidad del actual sistema de salud colombiano, originado en el modelo económico, se centra en los 17 tratados de libre comercio vigentes, “con los cuales se han creado oligopolios nacionales e internacionales que han terminado por imponer las reglas al Estado”.

Los invitados coincidieron en que, en suma, el país necesita con urgencia diseñar reglas de juego progresivas.

(Por: fin/DMH/MLA/LOF
)
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