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La minería es una de las principales actividades económicas de Antioquia. Fotos: Unimedios.

Hace cuatro años el Grupo de Investigación Ígnea trabaja en la propuesta.

Algunos pasivos ambientales mineros tienen que ver con deforestación y desplazamiento de la fauna.

Óscar Manco López, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Organización de la Facultad de Minas de la U.N. Sede Medellín.

Jorge León Pérez, profesor pensionado de la U.N. Sede Medellín.

La sexta sesión de la Cátedra Sesquicentenario se realizó en el Auditorio Gerardo Molina de la U.N. Sede Medellín.

El modelo construido por el Grupo de Investigación Ígnea de la Facultad de Minas permite calcular de una manera más aproximada la tasa de rentabilidad que el Estado debería reclamar por pasivos ambientales.

La alternativa se expuso en la sesión sobre Economía Compartida de la Cátedra Sesquicentenario que se realizó este martes en la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Medellín.

Según el profesor Óscar Manco López, de la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Minas de la U.N. Sede Medellín, “en Colombia se maneja una tasa de regalías que sale porque sí, no porque haya un estudio técnico detrás que permita establecer el valor adecuado de dicho recaudo”.

De aplicarse el modelo habría una salida a las necesidades fiscales que tiene el Gobierno, puesto que no se trata de hacer solo reformas tributarias cada dos o tres años, sino de realizar análisis estructurales que permitan que gastos e ingresos se relacionen de una manera más adecuada.

Los pasivos ambientales representan áreas que requieren restauración debido a la explotación de recursos naturales, en este caso relacionados con la minería. Un ejemplo es el agua, la cual puede tener varios usos, entre ellos los riegos.

La situación conlleva inconvenientes con los recursos porque no se están generando los que inicialmente se prevén: “el dinero que ingresa o lo que el inversionista le deja al Estado colombiano es una pequeña parte de lo que en realidad recibe”.

En eso tienen que ver las deducciones permitidas por el Estado y que representan el 38 % de las realizadas en Colombia. Además, generalmente las compañías mineras no toman medidas correctivas para los problemas ambientales producto de la explotación de los recursos y la Nación tampoco hace lo propio para que se revierta la situación.

En ese sentido, la propuesta plantea que las empresas deben contribuir a un cálculo que permita ejercicios de planeación financiera.

La situación colombiana contrasta con economías como la chilena, la estadounidense y la canadiense que sí tienen en cuenta los recursos naturales.

Para Jorge León Pérez, profesor pensionado de la Sede Medellín y quien también forma parte del Grupo de Investigación Ígnea, es importante conocer sobre ese aspecto y los gastos que tienen que ver con ellos.

Para el académico, cada colombiano debe ser responsable de su participación, porque el país tiene que saber con qué recursos cuenta y qué se gasta o se desperdicia. Cuando se atacan los recursos naturales “se actúa como el joven rico que le gasta al papá y este le dice: no, tranquilo que acá hay más”.

Por otro lado, la economía del territorio se debe hacer con base en emprendimientos individuales y colectivos que den valor agregado a los productos teniendo en cuenta la competitividad, productividad e innovación.

“Tenemos que saber que somos comparables (en Colombia) con el resto del mundo por nuestros recursos naturales, pero somos agotadores de ellos sin que entren en la economía”.

Para lograrlo se debe dar un proceso cultural, estudios de mercado y un cambio en los sistemas de producción, advierte el experto, para quien “ya existe una cultura de ciudad, pero ahora se necesita una de campo”.