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Código de Policía y Convivencia no ha superado la tramitomanía

Después de un año de funcionamiento, el Código Nacional de Policía y Convivencia muestra que concentrar la regulacion y el cumplimiento de la norma en instituciones especializadas solo crea un cuello de botella que incrementa los trámites y la congestión para resolver diferentes casos.

Bogotá D. C., 12 de diciembre de 2018Agencia de Noticias UN-

Aspecto general del foro “Evaluación del primer año de vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia”. Fotos: Santiago Rodríguez - Unimedios.

El profesor Hernando Torres Corredor, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N., destacó la importancia de la convivencia para las sociedades modernas.

El profesor Leonel Olivar Bonilla recibió un homenaje por parte de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.

El abogado José Martín Cadena Garzón destacó que las normas expedidas hasta la fecha han privilegiado la convivencia.

El abogado René Gutiérrez llamó la atención sobre el papel que tienen instituciones como los consejos de Justicia.

El nuevo Código debería propender por prevenir posibles contravenciones, antes que sancionarlas.

Gran parte del problema radica en que hoy se aplican tres procedimientos, a cargo de autoridades distintas: uniformados, civiles y administrativos, de manera que el avance y la solución a las contravenciones en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, planeación, vivienda y espacio público tienen su propia competencia en la segunda instancia.

“El Código está diseñado y estructurado para que la mayoría de conductas y asuntos se queden en conocimiento de autoridades e inspectores de Policía, pero muy pocos llegan a la segunda instancia”.

Así lo advirtió el abogado y psicólogo social René Gutiérrez, especialista en Derecho de Policía, de la Escuela de Posgrados de la Policía, y  magíster en Derecho con profundización en Sociología y Política Criminal de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

El jurista participó en el foro “Evaluación del primer año de vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia” que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.

En el evento también se escucharon voces a favor del Código, como la del abogado José Martín Cadena Garzón, para quien el nuevo Código ha continuado con un legado que data de la década de los años ochenta, en el sentido de privilegiar la convivencia y la actividad que realizaban los inspectores de Policía.

El jurista, egresado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N. y especialista en Derecho de Policía de la Escuela Miguel Lleras Pizarro - Dirección General de Escuelas de la Policía Nacional, destacó que aunque la norma ha sido cuestionada por su carácter punitivo, se trata de un documento que reúne en un solo texto múltiples disposiciones que antes complicaban los trámites judiciales, por lo que ahora se privilegia la prevención sobre la sanción, además de agilizar las gestiones encaminadas a mejorar aspectos como el uso del suelo, y evitar conflictos entre vecinos.

“Hoy contamos con una norma clara y expedita para resolver los conflictos”, destaca el abogado, para quien los procesos que se adelantan con base en el nuevo Código suelen hacerse en audiencias orales, y además se tiene la posibilidad de segundas instancias a cargo de especialistas, para evitar arbitrariedades.

Límites razonables

Para el abogado René Gutiérrez, quien forma parte del Consejo de Justicia de Bogotá, aunque las contravenciones a la norma han cambiado, sentencias recientes determinaron que esta tenga mayores garantías.

Según el jurista, pese a que normas posteriores buscaban reducir la criminalidad y por tal razón desde 2007 los nuevos estatutos se concentraron en un carácter sancionatorio, la Corte Constitucional limitó los alcances de las nuevas disposiciones, entre ellas que las autoridades puedan ingresar a cualquier domicilio sin contar con una autorización judicial.

Aunque para el caso de ciudades como Bogotá instituciones como los consejos de Justica garantizan los principios de contradicción y defensa, además de unificar los criterios jurídicos, se anticipa que casos especiales sean asumidos por distintas entidades, por lo cual el jurista anticipó que se producirá una cascada de demandas contra la administración distrital.

Otro de los inconvenientes de la norma se relaciona con la figura del “comparendo”, puesto que para el ciudadano de a pie todavía resulta confuso identificar si la imposición de estas sanciones debe estar a cargo de los agentes uniformados o de los inspectores de Policía.

Espacio público, otra piedra en el zapato

El uso del espacio público para realizar actividades económicas privadas es quizá uno de los aspectos que más polémica causan en el nuevo Código, puesto que muchas veces el espíritu preventivo se ha visto doblegado ante la necesidad de imponer sanciones.

Aunque para el abogado Cadena se debe buscar una conciliación en procura de mitigar las tensiones, el uso de elementos como pipetas de gas y la regulación sobre disposición de alimentos ameritan atención especial por parte de las autoridades.

Sin embargo, según el abogado Gutiérrez la norma se quedó corta, en la medida en que carece de correctivos en el caso de actividades transitorias, y solo considera las sanciones económicas cuando se trata de infracciones permanentes.

Actividades como cerramientos de parques y áreas comunes, junto con la extensión de actividades comerciales en el espacio público están a la orden del día, por lo que se debería hacer énfasis en actividades pedagógicas que busquen prevenir estas contravenciones.

(Por: Fin/JCMG/MLA/LOF
)
N.° 699

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