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Política & Sociedad

Cesar, en medio de los conflictos por la tenencia y uso de la tierra

En este departamento existe un monopolio que controla todas las actividades económicas y que funciona a través de tres dinámicas: administración del miedo, posibilidad de erigirse y brindar oportunidades laborales lícitas o ilícitas, y redes clientelistas y de corrupción, que permean elementos institucionales y sociales hegemónicos.

Bogotá D. C., 03 de julio de 2020Agencia de Noticias UN-

Minería a cielo abierto, agroindustria, ganadería extensiva, pesca artesanal y agricultura caracterizan esta región. Fotos: Unimedios.

Hechos de violencia deliberada buscan lesionar a la población ya frágil y fragmentada.

Expresiones visibles de violencia llaman la atención de la sociedad, pero al mismo tiempo se mantienen por debajo de los índices de alerta.

“Cuando supuestamente no pasa nada es porque detrás hay una estructura que ejerce algún control”, afirma el funcionario Gamboa.

La región aún no supera la guerra del siglo pasado y, por el contrario, surgen nuevos conflictos en el territorio.

Este es el panorama expuesto por el defensor de derechos humanos Juan Carlos Gamboa, quien identifica tres modelos que permiten entender otros rasgos de la región: en primer lugar, un modelo agrario industrial; segundo, una agricultura comercial, de la mano de la bonanza marimbera, el cultivo de palma, algodón y cultivos de uso ilícito, y por último un modelo de extractivismo minero, primero artesanal y luego a gran escala.

En la zona, poco explorada por la academia –que más allá de la biología y el análisis de ecológico no ha hecho un acercamiento desde las ciencias sociales– se identifican tres regiones enmarcadas por el valle del río Cesar y los ríos Magdalena y Zapatosa, los cuales tienen gran influencia en la autodeterminación.

Desde hace décadas, en este territorio se desarrollan actividades económicas que han determinado las dinámicas sociales y que también han influido en la violencia vivida en la región.

“El Cesar ha tenido la desgracia de no definir una vía de desarrollo autónoma de sostenibilidad económica ni ambiental que permita la coexistencia vital entre seres humanos, naturaleza y gobernabilidad”, afirma por su parte Antonio Calvo, coordinador regional de Pax Holanda en el Cesar.

Desde su punto de vista, el departamento ha vivido y se ha desarrollado bajo la figura de la hacienda como unidad productiva, la cual tiene la visión y pretensión de que el dueño de la tierra es dueño de todo lo que allí se erige. En ese sentido, tanto la ganadería como el algodón o la minería, en constante búsqueda de expansión, han causado despojo de tierras y la confrontación con la población.

Por su parte, para la investigadora Luz Amparo González “no se pueden establecer políticas determinadas únicamente por la geografía, sino tener en cuenta realidades, características demográficas y económicas que consideren las necesidades de los habitantes. Las políticas de Estado recrudecen y profundizan los conflictos por el ordenamiento, la tenencia y el uso de la tierra”.

Estudios realizados por grupos interesados en la región, como el de la investigadora González, muestra que de las 30.000 hectáreas que conforman la región, el 100 % han sido intervenidas por figuras de ordenamiento que desde 1974 se han configurado por parte del Estado para "proteger” poblaciones indígenas y campesinas. Sin embargo, estos procesos no han sido correctamente finalizados.

Desenlace esperado

La diversidad de actividades económicas –lícitas e ilícitas– de la región, además de la falta de gobernanza sobre el territorio, ha propiciado la entrada de actores del conflicto armado en busca de su beneficio y como respuesta a otros actores.

“Existe gran riesgo en la labor de liderazgo social, el conflicto armado ha sido cruel, hubo violencia asociada con los marimberos; luego, detrás del auge del algodón y la minería llegan las FARC y ELN distribuidos en el territorio, y paramilitares repartidos en todo el departamento” enunció Guillermo Antonio Pérez, presidente de la Mesa Departamental de Derechos Humanos del Cesar.

El líder afirma que la Unidad de Reparación de las Víctimas registra 440.034 personas en condición de desplazamiento, postulando a Valledupar como el municipio con mayor población en esa condición; por otro lado, hasta 2007 se estiman 70.000 hectáreas de tierra abandonadas por despojo, según Pastoral de Tierras.

En la Serranía de Perijá, por ejemplo, hay 11 figuras de ordenamiento territorial que incluyen reserva forestal, páramos, parques naturales, resguardos indígenas y restitución a pueblos, entre otros.

“A pesar de que en el pasado hay sentencias de Estado que ya estaban estipuladas, hoy el Gobierno nacional las está reevaluando, pues no estaban 100 % implementadas, hay títulos de minería que se han entregado en las mismas zonas de reserva, ¿qué pasará cuando se activen?”, se pregunta la investigadora González.

Estas discusiones en torno al territorio del Cesar y sus colindantes tuvieron lugar en el conversatorio “Política de la vida, conflictos por la tierra y minería en el centro del Cesar”, coordinado por la Red Paz, dirigido por la profesora Martha Bello y moderado por la profesora Lucía Eufemia Meneses Lucumí, antropóloga y Ph. D. en Antropología, profesora asistente de la UNAL Sede de La Paz.

(Por: fin/LMCJ/MLA/LOF
)
N.° 648

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