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Política & Sociedad

Catatumbo necesita al Estado para desescalar el conflicto

Al omitir sus deberes constitucionales y legales, el Estado promueve escenarios de confrontación entre las comunidades de esta zona del país, por lo que un acompañamiento adecuado que permita desescalar el conflicto entre las partes sería un aliado en la búsqueda de alternativas para la convivencia en el territorio.

Bogotá D. C., 16 de septiembre de 2020Agencia de Noticias UN-

El conflicto armado ha afectado las relaciones interpersonales de los líderes del Catatumbo. Fotos: Unimedios.

Las Zonas de Reserva Campesina son una figura que protege el territorio y a sus habitantes ante foráneos.

La riqueza natural y la posición geográfica del Catatumbo ha jugado en contra de las comunidades.

En las sesiones de diálogo fueron más los puntos de convergencia que de disputa entre los líderes.

A pesar de la pandemia, el GIDCA sigue haciendo acompañamiento virtual al proceso.

Así lo advierte Gregorio Mesa Cuadros, doctor en Derecho, director del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA) y profesor de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá.

En la región del Catatumbo, peticiones no resueltas de comunidades indígenas y campesinas –que llevan más de diez años en las entidades del sector rural– mantienen los conflictos e impiden el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

La incredulidad entre las partes –el pueblo Barí y la comunidad campesina– y los graves problemas en el territorio por el accionar de grupos armados ilegales generan confrontaciones.

Además, problemáticas identificadas como altos índices de insatisfacción de necesidades básicas, falta de acceso a salud, educación y servicios básicos y carencia de un enfoque diferencial étnico son base de la intervención del grupo de investigación en la zona.

En este sentido, desde el GIDCA se centraron en disminuir el conflicto entre los delegados de las comunidades recurriendo a la mediación e identificando aspectos que ambas comunidades compartían tanto en los Planes de Vida del Pueblo Barí, como en el Plan de Desarrollo Alternativo de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, representada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), durante las sesiones iniciales de la Mesa Consultiva ordenada por la Sentencia T-052 de 2017.

“Aquí fue amplia la coincidencia en relación con lo que ambas comunidades consideran como condiciones de vida digna, siendo ese el punto de partida”, agrega el profesor Mesa, quien explica que en segundo lugar se coordinaron –con todas las voces– las sesiones de la mesa, ejercicio que generó confianza y dinamizó el proceso.

Por último, con la metodología de investigación-acción participativa, el GIDCA apoyó a las comunidades en la consolidación y socialización de los ejes temáticos a partir de los cuales –con acompañamiento técnico y jurídico– lograron los preacuerdos sobre las medidas alternativas al desarrollo, entregadas al Tribunal y a las entidades gubernamentales responsables, para que sean acogidas e implementadas.

Zona en constante disputa

En el Catatumbo, la mayoría de los grupos armados ilegales que han existido en el país (guerrillas y paramilitares) han mantenido una lucha por el control territorial, y a su vez se han producido enfrentamientos armados entre estos y las Fuerzas Armadas colombianas.

Según el reporte “La guerra en el Catatumbo: abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, de la ONG Human Rights Watch, antes de la desmovilización de las FARC, los tres grupos más presentes en la zona (FARC, ELN y EPL) convivían de manera relativamente pacífica.

No obstante, tras los Acuerdos de Paz de La Habana, se generó un vacío que ha llevado a intensificar las tensiones por el control del territorio y las rutas del narcotráfico hacia Venezuela.

“La región del Catatumbo ha sufrido por lustros graves episodios de violencia, por lo que cualquier acción en favor de armonizar la vida en comunidad fortalece el tejido social y permite que las comunidades trabajen de manera mancomunada en lograr una vida digna”, menciona el profesor Mesa.

En múltiples territorios los campesinos esperan que, en aplicación de la Ley 160 de 1994, se les adjudiquen terrenos baldíos o que se constituyan las Zonas de Reserva Campesina definidas por la norma, territorios que además pueden ser reclamados a su vez por comunidades indígenas o afro, e incluso por víctimas en procesos de restitución contra segundos ocupantes de buena fe.

Así, en estos escenarios es posible aplicar el modelo trabajado en el marco del proyecto –apoyado en este caso por el GIDCA– en el cual “iniciamos el acompañamiento a través de una intervención ante la Corte Constitucional en calidad de amicus curiae, o amigo de la Corte”, agrega el profesor Mesa.

Aunque en 2020 solo han podido acompañar a las comunidades a una sesión, el GIDCA ha estado atento a las audiencias de seguimiento del Tribunal Administrativo de Cúcuta.

Actualmente las comunidades están a la espera de que las entidades responsables presenten el plan de acción para implementar las medidas para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del territorio y que de manera paralela se realice el proceso de socialización de los preacuerdos con las comunidades para que transiten hacia acuerdos definitivos.

(Por: fin/LMCJ/MLA/LOF
)
N.° 956

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