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Asesinato y persecución de líderes sociales es deliberado

“El Estado está en la obligación de confrontar la actual situación de impunidad con los ataques del pasado", afirmó hoy Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Bogotá D. C., 31 de julio de 2018Agencia de Noticias UN-

El conversatorio “Defensoras y defensores de derechos humanos en procesos de construcción de paz” contó con la participación de representantes del Gobierno y de la Organización de Naciones Unidas. Fotos: Santiago Rodríguez – Unimedios

Para el profesor Ricardo Peñaranda, director encargado del Iepri, la fortaleza de los derechos humanos dependerá en buena medida del respaldo a sus defensores.

Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, parte de la tragedia de Colombia es que el “museo de cadáveres ya no sensibiliza al país”.

Según el jefe del Ministerio Público, el Estado debería dirigir sus acciones a garantizar la prevención de nuevos ataques a defensores de derechos humanos.

Los asesinatos de líderes sociales entre 2016 y 2018 ascienden a 331, reveló el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Durante el conversatorio “Defensoras y defensores de derechos humanos en procesos de construcción de paz”, organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), el experto señaló que el Estado colombiano deberá esclarecer la cadena de responsabilidades de las personas implicadas en los asesinatos de líderes sociales –331, según las cifras oficiales–, incluyendo a aquellos que ordenan y determinan este tipo de hechos.

“La función del Estado no puede ni debe limitarse a ofrecer algunas medidas de seguridad, puesto que aunque son necesarias no resultan suficientes”.

Así mismo hizo un particular llamado de atención con respecto al estigma que pesa sobre todas aquellas personas que defienden los derechos humanos en el país, y que de una u otra manera se ha convertido en una especie de justificación de los ataques.

Este tipo de violencia es deliberada, “obedece  a acciones planificadas y coordinadas”, afirmó a su turno Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y manifestó: “incluso en algunos casos se han registrado alianzas entre los propios Gobiernos y grandes compañías interesadas en desarrollar importantes proyectos extractivos que involucran recursos minero-energéticos”.

Según Forst, parte del problema radica en que la corrupción se ha terminado enquistando en buena parte del sistema gubernamental.

“Dicha situación tiende a empeorar en la medida en que la aplicación de las leyes es ineficaz, y en muchos casos estas son inoperantes, además del hecho de que varios de los representantes del estamento político suelen estigmatizar a las víctimas utilizando a los medios de comunicación como cajas de resonancia”, señaló el representante, quien se encuentra en una visita académica y no puede hacer comentarios sobre la condición de Colombia.

Falta política pública

Otro invitado al evento fue el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien durante su intervención reconoció que parte de las razones de la tragedia que afrontan los líderes sociales se debe a la ausencia de una política pública. Por eso el actual escenario se ha convertido en un auténtico “diálogo de sordos” entre las diferentes instituciones que representan al Estado.

Desde su percepción, a pesar de la dramática situación que se registra en varias regiones del país, la sociedad colombiana parece ajena a esta problemática, por lo que se requieren tomar acciones encaminadas a que se conozca dónde se presentan los asesinatos.

“Colombia necesita un modelo de prevención colectivo que contenga un carácter diferencial e incluya las condiciones de género”.

De igual manera mencionó que el Estado adolece de herramientas fundamentales como un registro único consolidado y actualizado sobre la población objeto de estos ataques.

Para el jefe del Ministerio Público, la situación es todavía más grave si se tiene en cuenta que “alcaldes y gobernadores se consideran completamente desentendidos de su compromiso en la protección de líderes sociales, pese a que estas obligaciones están contempladas en la Ley de Víctimas”.

A su turno el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, ofreció un diagnóstico concluyente: “si el Estado no llega donde estaban las FARC no va a haber paz”. A las regiones apartadas del país no deben llegar solo la Policía y el Ejército, sino también otras instituciones como el ICBF, el SENA o Invías.

Problema global

Para Francisco Gutiérrez Sanín, docente del Iepri y director del Observatorio sobre Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, aunque ha habido un cambio de narrativa respecto al reconocimiento de la gravedad de la persecución a los líderes sociales para el caso de Colombia, la sociedad colombiana debe tomar mayor conciencia.

“En nuestras investigaciones hemos observado que este es un tema relacionado no solo con agentes ilegales, sino que también cuenta con la participación de las estructuras de poder presentes en los distintos territorios, los cuales a su vez poseen multiplicidad de contactos con diversas agencias del Estado”, señaló.

A pesar de las múltiples dificultades, según explicó el profesor Ricardo Peñaranda, está por verse qué tanta sintonía tendrá el nuevo Gobierno con la situación actual de las cosas y las explicaciones que se han ofrecido desde distintas perspectivas.

(Por: fin/JCMG/dmh/LOF
)
N.° 982

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