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Bogotá tiene más de mil operadores de justicia local.

Los conciliadores acompañan los procesos y ayudan a tramitar los conflictos.

Un total de 260 conciliadores formados en la Escuela dinamizan el trabajo en las comisarías de familia.

En Teusaquillo, 10 conciliadores están articulados con los operadores de justicia.

Problemáticas asociadas al incumplimiento de pagos de arriendo están reflejando conflictos graves en materia de convivencia.

Estos casos están generando repercusiones considerables en materia de convivencia, pues la negación del pago de este tipo de alquileres deriva también en desavenencias en las relaciones entre las partes, con lo cual la problemática se vuelve de doble vía.

A este panorama se suma el hecho de que los jueces civiles municipales, primera autoridad en esta materia, “no están participando de manera muy activa con el sistema local de justicia”.

Además de las discrepancias sobre los contratos, otros temas como conflictos intrafamiliares y conflictos entre vecinos son los asuntos que más llegan a manos de los conciliadores en equidad dentro de los sistemas locales de justicia.

Así lo revela el director de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, Édgar Ardila, al hacer un balance sobre los conciliadores formados en ella.

Repartidos en nueve localidades de Bogotá, el número de jurisdicciones que abarca por ahora el proyecto, la Escuela, en conjunto con la Secretaría de Gobierno Distrital cuenta con 260 conciliadores.

Las personas que están participando en el sistema local de justicia hacen parte de las administraciones de los edificios, organizaciones de género, comunales y de jóvenes.

Las comisarías de familia concentran la mayor actividad de los conciliadores, quienes deben atender casos de malas relaciones intrafamiliares, dificultades entre parejas, conflictos entre padres e hijos, quejas por inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar. Sin embargo, dado que no tienen la competencia para definir judicialmente este último aspecto, han sido formados en detectar potenciales casos para ayudar a prevenirlos.

En estos escenarios existen acuerdos de trabajo de los comisarios con los conciliadores que han permitido dinamizar los procesos, porque se le ha dado tiempo al diálogo. Los conciliadores en equidad, por ejemplo, ya tienen una capacidad de respuesta en cuanto a brindarles orientación a las personas y, a través de unos flujogramas, hacer llegar los casos a los funcionarios sin perder su competencia.

“Es factible levantar actas de conciliación en equidad, que tienen eficacia de cosa juzgada, igual que una sentencia judicial que puede ser ejecutada si es el caso, de tal manera que se favorece al sistema”, explica el director de la Escuela.

Sin embargo, el papel de la Escuela no se ha ceñido exclusivamente a la formación de conciliadores. También a llegar a los operadores de justicia locales, no tanto para analizar los aspectos técnicos de su labor, sino para interiorizar prácticas que le permitan al ciudadano percibir que el aparato de justicia está resolviendo sus problemas.

En tal sentido, la coordinación con los operadores de justicia locales en los juzgados de descongestión, o los jueces de pequeñas causas ha permitido, desde septiembre pasado, realizar 246 rutas de trabajo. Esto es casi 250 respuestas óptimas recibidas por los ciudadanos que acudieron a estas instancias -no del funcionario- sino del sistema.

Asimismo, se han formado los equipos para que en esos escenarios de trabajo puedan asumir un problema, desarrollarlo, identificar qué es lo que la gente necesita y encontrar la ruta para obtener una solución integral de lo que buscan.

Entre las nueve localidades que abarca la labor de la escuela, los mayores requerimientos son en Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Bosa y Suba.